El Gobierno abandona la ley de compraventa de perros y permitirá exhibir animales en escaparates
El Gobierno no se ha atrevido finalmente a levantar ninguna traba al multimillonario negocio de la compraventa de cachorros de perros en España. El Ejecutivo ha dado marcha atrás y ha pasado de proponer una ley que prohibía la exhibición pública y comercialización de animales en tiendas a fiarlo todo a la redacción de guías voluntarias de buenas prácticas, según ha reconocido el Ministerio de Agricultura.
El objetivo de la ley era frenar la demanda masiva e irreflexiva de ejemplares de raza que se traduce en una producción descontrolada de cachorros para satisfacer el negocio: criadores ilegales, condiciones de vida deleznables de los animales y economía sumergida. El proyecto que ha desaparecido iba a impedir que los animales estuvieran expuestos en escaparates y que las tiendas de mascotas tuvieran perros –o gatos– en venta en sus instalaciones. También se introducía una regulación a la hora de criar estos ejemplares: condiciones obligatorias para el bienestar de los animales o un registro oficial de criadores.
Cada año, decenas de miles de perros de raza nacen y entran en el circuito comercial. Solo en 2014, la Real Sociedad Canina (RSCE) registró 61.333. En cinco años se han sumado 349.792 nuevos perros con pedigrí. “Las camadas de ejemplares de raza se registran para tener un certificado con el que luego vender más caros esos cachorros”, expresan las fuentes del sector canino. De hecho, registrar los perros en la Sociedad Canina no implica que provengan de un criador establecido legalmente. La RSCE, que no ha contestado a las preguntas de eldiario.es, no ejerce un control, sino que establece un canon económico por certificar cada cachorro.
La asociación continental Eurogroup for Animals calcula que “hasta dos tercios de los perros de raza en Europa vienen de criadores irregulares”. Esto situaría el volumen de ejemplares en unos 40.000 cada año. A un promedio, conservador, de 1.000 euros por cachorro de raza, este negocio fuera de control se sitúa en los 40 millones de euros al año. Sin contar “la cantidad de particulares que crían cachorros y venden sin pasar por un certificado de su genealogía”, repiten las mismas fuentes.
Eurogroup –reconocida por la Unión Europea como miembro de sus consejos consultivos sobre bienestar animal– acaba de conseguir que la Comisión Europea introduzca en su nueva Ley de Salud Animal que, para 2020, todo criador y comerciante europeo deba contar con un número de registro oficial. “Traerá algo de transparencia a un negocio muy oscuro”, analiza el director de la ONG Reineke Hameleers, quien piensa que esto “permitirá una legislación adecuada a nivel nacional”. No, de momento, en España.
El propio anteproyecto de ley del Ministerio de Agricultura admitía que se ha producido “un importante incremento de la cría y comercio”. Tanto, que se hacía “necesario regular un grupo de actividades relacionadas tanto directa como indirectamente con el comercio de los mismos, tales como los requisitos para su cría y cuidados y su posterior comercialización”. A esto es a lo que renuncia ahora el Gobierno.
Esos requisitos son fácilmente vulnerados en un criadero ilegal. “No hay forma de controlar si cumplen los mínimos exigibles de condiciones para las madres y los cachorros. Tampoco se puede controlar la población ni el origen de los ejemplares. O si se fuerza a una hembra a criar sin parar”, detalla Margarita Puerta, educadora canina desde hace un lustro. “Sin esto, se perpetúan problemas y enfermedades genéticas porque se cruzan hermanos con hermanas, por ejemplo”, remata.
“Multiplicaría la venta ilegal”
La Asociación del Sector del Animal de Compañía (ASAC) entendía que el proyecto de ley que se ha enterrado “iba a multiplicar la venta ilegal de ejemplares”, y ponía el foco en el comercio entre particulares como origen del problema: “La inmensa mayoría de los abandonos de animales provienen de fuentes totalmente distintas a los más de 5.000 establecimientos del sector”.
Sin embargo, Conny Duarte, abogada especializada en esta materia, considera que “muchísima parte del negocio está en criaderos que no cumplen la normativa”. Duarte asegura que “hay una falta de voluntad política” para atajar el comercio ilegal. “No existen unos criterios objetivos para que las administraciones actúen”. Y reitera que “un criador que cuente con un afijo [una especie de marca comercial para sus camadas] concedido por la RSCE no implica que sea legal, ni que pague sus impuestos, ni que esté dado de alta en Actividades Económicas ni que tenga la licencia de núcleo zoológico”.
La letrada entiende que “el negocio es tan grande que a un pirata le sale rentable pagar una multa administrativa si le pillan y continuar”. Como ejemplo, en 2006 “la operación de la Guardia Civil Dálmata II incautó 317 perros en un comercio que vendía 20 o 30 ejemplares al mes a una media de 900 euros”, relata Duarte. “Pagó una multa y sigue criando”, asegura la abogada.
Muchas de las prácticas que definen a los criadores irregulares estaban incluidas en el anteproyecto de ley: se obligaba a tener instalaciones exclusivamente dedicadas a la cría, no se podía hacer parir más de dos veces a las hembras cada año, contar con personal adecuado e, incluso, la creación de un registro oficial de criadores (ya fueran habituales u ocasionales). El ministerio ha rebajado sus exigencias al transformar el articulado de una ley en “otras medidas de carácter no legislativo que conlleven al mismo objetivo”. Las guías voluntarias.
Pocas incautaciones
Las actuaciones policiales apenas arañan la superficie y son lentas. “Pasan meses o años desde que documentamos una denuncia hasta que se autorizan incautaciones”, comenta Duarte. La Guardia Civil realiza estas operaciones mediante su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) aunque, en muchas ocasiones, es a instancias de asociaciones animalistas y tras una investigación de sus voluntarios. Marina es una de estas voluntarias en la Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA). “Se hacen hasta grabaciones con cámara oculta en los criaderos sospechosos”, asegura.
El Seprona no ha facilitado a eldiario.es sus estadísticas de actuaciones. A principios de año se desmanteló un circuito ilegal en Málaga que incluía un criador y veterinarios que falsificaban las cartillas de los animales. Se incautaron 162 cachorros. En junio de 2014, en Burgos, una acción similar rescató 41 perros. En marzo de ese año, el Seprona informó de un golpe a la importación ilegal de ejemplares en el marco de la operación Cato: 180 cachorros que venían de Eslovaquia.
Entre todas no suman ni 500 incautaciones de perros con origen fraudulento. Después de las operaciones de los agentes, “nos encontramos a perros con las almohadillas deformadas, los huesos deformados...”, describe Marina. “Al estar en jaulas no pisan nunca un suelo uniforme. Cuando llegan a una casa de acogida no saben ni lo que es una alfombra”.
eldiario.es se ha puesto en contacto con un criadero que no reúne todos los permisos. A cambio del anonimato, confirma que “muchísimos criadores no se dan de alta en el epígrafe correspondiente en Hacienda”. Y luego se excusa en que “es muy difícil que el Gobierno autonómico conceda el registro como núcleo zoológico, así que es una situación que perjudica hasta la propia conservación de razas”. Alberto Díez, presidente de la Asociación Nacional de Defensa de los Animales, matiza: “En núcleos urbanos sí que es complicado que se dé el permiso pero en zonas rurales es hasta demasiado sencillo y poco estricto”.
Díez ve positiva una regulación “para dar ciertas garantías”, aunque recuerda que “la primera opción debería ser adoptar un cachorro. La segunda, adoptar y la tercera, adoptar”. Pero mientras, la economía de los animales de compañía no para de crecer y, de momento, no parece que nadie le ponga el cascabel al gato. Ni al perro.
