El Gobierno pretende retrasar las exigencias ambientales a los coches y que sus datos de emisiones sean secretos
España presiona para debilitar las nuevas exigencias medioambientales a la industria automovilística que prepara la Unión Europea. El Gobierno español quiere que se retrase la entrada en vigor de las nuevas obligaciones para reducir la contaminación de los motores y que los resultados de las pruebas a los modelos no sean públicos, según cuentan fuentes de la negociación entre países que se desarrolla en Bruselas.
Este martes 20 de diciembre, la Comisión se reúne con los estados miembros en el Comité Técnico de Vehículos a Motor. Allí se decide sobre las requerimientos que deberán cumplir lar marcas respecto a sus modelos de gasolina. La normativa pretende extender los controles de contaminación a las partículas microscópicas que salen de los tubos de escape. El calendario para las pruebas obligatorias arranca en septiembre de 2017 para los nuevos modelos y en 2018 para todo el parque. En este sentido, España se ha quejado en el comité sobre la implantación que considera “prematura”.
El Ministerio de Economía e Industria contesta de manera oficial que “entendemos que se deben introducir medidas de ámbito medioambiental” para luego añadir que “es necesario destacar que, al final, como muy pronto se aprobará definitivamente [la normativa] en marzo o en abril. Es muy prematuro que sea de aplicación para nuevos modelos el 1 de septiembre, teniendo en cuenta que el periodo de diseño y desarrollo de un modelo no lleva menos de 18 meses”.
Esta salvedad calca la objeción expresada en Bruselas por los representantes de Ford y Opel en las instituciones europeas. La lobista de la marca americana, Renata Hernando-Surowiec, ha argumentado que “la proposición actual introduce sin la debida justificación nuevas medidas para aplicar también desde septiembre de 2017”.
Ford también considera que “la normativa final será publicada en abril o mayo y solo entonces los fabricantes sabrán qué deben cumplir”. Y resumen, de forma parecida al Ministerio de Industria: “La Comisión propone una legislación significativa, dándonos solo cuatro o cinco meses para cumplirla”.
Un filtro para evitar las partículas
Esta “legislación significativa” hace hincapié en cómo impedir que las micropartículas se liberen al aire. La cuestión se resuelve técnicamente con un filtro de unos 25 euros de coste. Sin embargo, el director de Asuntos con la Unión Europea del Grupo Opel, Jean Wibaut, ha expresado de igual manera que la puesta en marcha “no da suficiente tiempo para su implementación adecuada” ya que, dice, el filtro impone “un rediseño del motor y el chasis”. Así que proponen que las exigencias no sean efectivas hasta “no antes de septiembre de 2019”.
La encargada de Vehículos Limpios y Calidad del Aire de la organización europea radicada en Bruselas Transport & Enviroment, Julia Poliscanova, explica que la falta de tiempo es una “excusa muy débil ya que la decisión de aplicar pruebas de conducción real a las micropartículas se tomó en 2007 y fue confirmada en 2011”. Esta ONG insiste en que algunas marcas como Volkswagen o Daimler “sí han adaptado su producción”.
Otra de las líneas infranqueables para la patronal automovilística europea Acea es la publicidad de los resultados de los tests que se hagan a los modelos de sus socios. Una objeción que cuenta con el respaldo de España, según fuentes comunitarias. Acea ve imposible que se aplique transparencia a cómo se comportan los coches en las pruebas reales de emisión: ni para el público ni para autoridades municipales o regionales que pretendan legislar en virtud de las características ambientales de los coches que circulan por sus calles. Industria no ha contestado a las preguntas sobre este extremo.
Posición clave
La posición de España en el comité es crucial. De su voto depende en buena parte si la postura de la Unión se vence hacia el grupo de los países que blindan sus industrias nacionales como la República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Italia y Polonia. O si se alinea con Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
El pasado 8 de diciembre, la CE expedientó a España (junto a otros seis estados) por proteger a Volkswagen y no sancionar al constructor alemán tras descubrirse que falseaban los datos de las pruebas de emisión de sus automóviles diésel. La trayectoria del Ministerio de Industria de apoyo a los fabricantes a la hora de legislar sobre imposiciones ambientales a los coches se refuerza con la presión del Ejecutivo para permitir que los motores de gas-oil puedan emitir más contaminación cuando comiencen a ser testados en pruebas reales y no de laboratorio.
“España no tiene fijada definitivamente la posición, ya que estamos esperando a la presentación de la Comisión de los próximos días”, aclara un portavoz del Ministerio. Lo cierto es que la proposición pública del Ejecutivo europeo –a la que han contestado los fabricantes– se conoció hace meses. Y la votación técnica final es inminente: está prevista para este martes.
