El Gobierno sigue el camino de Zapatero y no obliga a los medios a eliminar los anuncios de prostitución
“Ojalá desaparecieran”. Eso manifestó el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, respecto a los anuncios de prostitución que publica la prensa cuando presentó el Plan contra la Trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas para el periodo 2015-2018 el 23 de septiembre. A pesar del interés que mostró en que este tipo de publicaciones sean eliminadas, el Gobierno se ha limitado a “promocionar la suscripción de códigos de autorregulación” por parte de las publicaciones.
Con ello, ha renunciado a prohibirlos expresamente, como ya hizo en su día el Gobierno de Zapatero, y lo ha dejado en manos de los propios medios, a pesar de lo que reivindican algunos de los colectivos que trabajan con mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. De hecho, el Consejo de Estado emitió un informe en marzo de 2011 en el que se instaba al Estado a aprobar una ley específica que posibilitara la prohibición o “limitación severa”, ya que la autorregulación “se ha demostrado insuficiente y baldía”, concluía el documento.
Varias organizaciones defienden la eficacia de esta medida porque sostienen que detrás de los anuncios de prostitución, “se esconden, en la mayoría de los casos, mujeres que son forzadas y coaccionadas para ejercerla”, asegura Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Partiendo de esta premisa, este tipo de publicaciones alentan, a ojos de Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, “una práctica que es delictiva”. Pero lo cierto es que no existen datos fiables al respecto y la opinión está dividida.
Otras voces, como el colectivo Hetaira, consideran que “la gran parte de mujeres que se anuncian en esas páginas ejercen la prostitución de forma voluntaria”, sostiene Cristina Garaizabal, una de sus fundadoras. Hace hincapié, además, en la “necesidad de separar prostitución voluntaria y trata con fines de explotación sexual”. Una realidad que vulnera los derechos humanos de alrededor de 4,5 millones de personas cada año, la mayoría mujeres y niñas, según calcula la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Una medida vacía”
En la presentación del plan contra la trata, que el Gobierno ha tardado tres años en actualizar (hasta ahora usaba el de Zapatero, que finalizaba en 2012), Alfonso Alonso aseguró que el Ministerio negociará “con los medios” y “no contra” ellos. “Se ha considerado que es la medida más sensata para conseguir la erradicación de este tipo de anuncios, debemos sentarnos con ellos y negociar fórmulas”, cuentan a eldiario.es fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Esas medidas ya fueron propuestas por el Consejo de Estado, a petición del Gobierno del PSOE, hace más de cuatro años. En su informe recomendaba que la prohibición no se llevara a cabo mediante el Código Penal, sino con “una norma legal distinta de la Ley General de Publicidad y que tuviera como objeto exclusivo la prohibición de la publicidad de prostitución”. Un negocio con el que en 2007 (últimos datos disponibles), los medios ganaban 40 millones de euros al año, y al que renunciaron algunos como Público, La Razón o 20 Minutos.
El Consejo de Estado argumentaba para ello que los anuncios “contribuyen a que perviva la idea de la mujer como un mero objeto”, pueden vulnerar los derechos de los menores porque los medios “cuentan con una presencia relativamente amplia y un acceso fácil sin restricciones de edad” y “pueden encubrir fenómenos vinculados a la trata de seres humanos”.
A pesar de ello, el Gobierno no ha dado el paso y ha renunciado a su prohibición. En este sentido, tanto APRAMP como la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres coinciden en que la propuesta por el Gobierno “es una medida vacía de contenido” y lo que pretende el Partido Popular con ella “es eludir el tema”, denuncia Sara Vicente, abogada y responsable del programa de prostitución de la comisión.
Los socialistas tampoco lo hicieron
“Es algo muy grave porque es frecuente que en estos anuncios el mismo teléfono se repita en varios diferentes”, denuncia Vicente, “lo que evidencia que tras estas mujeres que aparentemente se publicitan a título individual hay una mafia”. Sin embargo, los colectivos coinciden en que el Ejecutivo no ha querido prohibirlos porque “no quiere tener en contra a los medios de comunicación, que obtienen jugosos ingresos”, de hecho, “el Gobierno socialista no lo hizo por la misma razón”, explica la abogada.
En 2011, Bibiana Aído, entonces secretaria de Estado de Igualdad y antes ministra, impulsó una propuesta con el objetivo de acabar con estos anuncios para “proteger a las personas de la explotación sexual”, pero finalmente acabó quedándose en nada. “El PSOE articuló el sistema contra la trata y no pudo poner en marcha todas las medidas, le tocaba avanzar al PP y no lo ha hecho”, afirma la diputada Ángeles Álvarez, que apuesta por la prohibición, “en primer lugar, porque normalizan el acceso al cuerpo de otra persona por medio de dinero”.
El debate está abierto. Para Garaizabal, el veto de los anuncios “corta el derecho de las mujeres a captar clientes, convierte en clandestino su trabajo e impone la doble moral imperante: que la prostitución no se vea, no se lea, pero sigue existiendo”. Ya en 2011, el colectivo Hetaira mostró su disconformidad con la medida: “La trata es ilegal, ¿cuándo hemos visto que algo ilegal se anuncie?”, se pregunta Garaizabal.
