Gallardón concede a notarios y registradores el negocio de las bodas
El Gobierno ha decidido ampliar el negocio de notarios y registradores de la propiedad para que se ocupen de asuntos que hasta ahora tramitaban los jueces y secretarios judiciales. El Consejo de Ministros ha estudiado la propuesta para que algunos asuntos de familia y de derecho civil y mercantil pasen a manos de estos funcionarios. Según el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la única intención es “descargar a la Justicia de trámites que quitan tiempo a los jueces” y no abrir una puerta al beneficio económico de ningún colectivo.
Casarse ante notario costará 95 euros, pero todavía no está claro cuánto costará un divorcio, aunque tendrá que ser siempre de mutuo acuerdo y cuando la pareja no tenga hijos menores.
El ministro de Justicia ha defendido que los notarios “también son funcionarios” y que, con estos cambios, “todo queda dentro de lo público”, por lo que no se puede hablar de la privatización del servicio. Quien quiera casarse gratis en el Registro Civil podrá seguir haciéndolo. En el caso de los ayuntamientos, cada uno establece un precio y algunos lo hacen de forma gratuita. El coste de 95 euros para los matrimonios es “asumible”, según Gallardón, quien precisó que no es “un negocio jurídico que se practique mucho a lo largo de la vida”. Los notarios podrán desplazarse fuera de sus oficinas para celebrar las bodas donde lo requieran los contrayentes.
El hecho de que la discusión afecte a la profesión de Mariano Rajoy, con plaza como registrador de la propiedad, no ha provocado que el presidente se haya abstenido en el Consejo de Ministros. Para justificarlo, Gallardón ha afirmado que él no podría seguir siendo ministro de Justicia si tuviera que abstenerse en muchas ocasiones “por ser fiscal de carrera”. La plaza de registrador de Rajoy no comporta, según el ministro, que el presidente pueda obtener “ningún beneficio personal” con esta decisión.
Los beneficiarios de la justicia gratuita también pagarán en caso de necesitar a un notario o un registrador, aunque tendrán un descuento del 80% del coste.
El informe previo contempla que los registradores de la propiedad se hagan cargo de trámites de expedientes registrales que hasta ahora recaían en el ámbito del derecho civil y mercantil. El anteproyecto pretende que a partir de esta reforma puedan ocuparse de convocar juntas generales de sociedades o nombrar auditores para el examen de las cuentas anuales, entre otras atribuciones.
El precio de un divorcio ante notario no está fijado de momento, aunque fuentes de Justicia dan por hecho que saldrá mucho más barato que hacerlo por el juzgado, ya que los cónyuges se ahorrarán el pago de abogados y procuradores.
Además de esta propuesta, Justicia también cambiará el Código Civil para elevar la edad mínima para contraer matrimonio. Hasta ahora, el límite de edad es de 14 años, pero el Gobierno quiere que sea los 16 años.
