El Gobierno pone precio a los ríos

“Empresa multinacional del sector medio ambiente busca incorporar a un/a responsable de mercado de comunidad de regantes. Su misión consistirá en impulsar y desarrollar el mercado de regadío”. Se venden ríos, se vende agua y hacen falta intermediarios. Ofertas de empleo como ésta modifican el futuro curso y caudal de los ríos de la península. Los planes del Gobierno, articulados en los nuevos planes de cuenca como el del Ebro, esbozan un nuevo mapa hídrico.

“Este mismo año, una vez terminada la ordenación de todos los ríos, comenzaremos a negociar para alcanzar ese gran Pacto Nacional del Agua”, germen a su vez de un futuro Plan Hidrológico Nacional, adelantan desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Está sobre la mesa la construcción de una red de infraestructuras que facilite la comercialización del agua, una postura que abrirá la gestión de los ríos a los mercados y a los intereses privados.

“Si la tierra da poder, el agua mucho más”, asegura el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia Fransesc La Roca. Y los aguatenientes están moviendo ficha. Las concesiones de agua de los regantes se pondrán en venta, creando un nuevo comercio que moverá el oro azul mediante trasvases privados. Los mercados de agua, nacidos en 1999 como una medida excepcional para solventar momentos de sequía, se consolidarían como un mecanismo de gestión habitual, según los expertos consultados. En el diseño de este nuevo entramado, todavía en formación, los ríos

se convertirían como simples contenedores de agua.

La idea no es nueva. Los especialistas consideran que la acción del ministerio se retrotrae al Plan Hidrológico Nacional de 2001, que preveía, entre otras actuaciones, varias presas y embalses, así como el Trasvase del Ebro, proyecto que vuelve a sonar. No admiten abiertamente su intención “porque siguen gobernando en Aragón”, apunta el economista Pedro Arrojo, quien con sus cálculos económicos ayudó a desmantelar este polémico proyecto hace unos años; “pero lo tienen en la cabeza”, completa el responsable de agua en Ecologistas en Acción Santiago Martín-Barajas.

“Lo que Cañete ha dicho una y otra vez es que los objetivos son los mismos que hace 15 años, pero ahora el contexto es diferente porque no están los fondos europeos que teníamos entonces. Está habiendo una profundización en una tendencia que ya empezó el anterior Gobierno del PP: la neoliberalización del agua, es decir, dar un espacio al papel del sector privado cada vez más importante dentro de la gestión, creando una nueva oportunidad de negocio”, afirma la investigadora en política y gestión de aguas Nuria Hernández-Mora. “La hipótesis de partida del Gobierno es que hay mucha gente que tiene derechos de agua y no los ejerce, por lo que puede venderlos y beneficiarse del agua de todos. La Ley de Aguas indica que si pasan tres años sin usar una concesión ésta debe volver al Estado, algo que nunca se ha hecho”, concreta Alberto Fernández, del Programa de Agua y Agricultura de WWF.

Los nuevos planes de cuenca teorizan “la idea de los caudales excedentarios, disfrazando con una perversión sin límites esas grandes infraestructuras de futuros trasvases, para permitir mercados de agua”, explica Arrojo, profesor emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y premio Goldman de 2003 (conocido como el Nobel del Medio Ambiente), quien denuncia la “privatización de un patrimonio público”.

Red de autopistas azules y la polémica del Ebro

Para vender agua lo primero que hay que hacer es moverla, pues “no se produce a voluntad, no es una mercancía”, matiza La Roca. Embalses, acueductos, túneles y canales se encargarán de unir la oferta y la demanda, reorientando el vital líquido a través de la creación de una urdimbre que pretende seguir los ejemplos de Red Eléctrica Española o Adif, cimentando una red de autopistas azules que trasladarán las aguas lejos de los ríos por los que circulan de forma natural. “El modelo es la interconexión de cuencas. En el Trasvase Tajo-Segura ya se han realizado intercambios entre regantes y ahora se quiere extender a todo el Estado”, explica el también socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Un ejemplo de estos cimientos es el embalse del Mularroya sobre el río Jalón, cuyas obras, incluidas en los planes del anterior Gobierno del PP, han sido dictaminadas ilegales por el Tribunal Supremo en la primavera de 2013, y en las que ahora se insiste. El nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, que acaba de ser publicado en el BOE, plantea la construcción de más de 30 grandes embalses. Según la documentación de Ecologistas en Acción, muchos de los que habían sido considerados de dudosa viabilidad económica y medioambiental dejan de serlo, añadiéndose incluso propuestas de las que nada se conoce. También se contempla la creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadío, que se añadirían a las 965.000 actuales.

El Ministerio no comparte “esa visión negativa que acompaña a cualquier propuesta relacionada con el mantenimiento o la creación de nuevas infraestructuras hidráulicas, siempre que esa propuesta sea viable medioambientalmente”. El miembro del Consejo del Agua Santiago Martín-Barajas considera que “el del Ebro es el peor de todos los planes con diferencia. No se puede hacer, no hay dinero ni en España ni en Europa para ejecutarlo. Se crean expectativas que luego no se cumplen”.

Todo ello, a pesar de que la Directiva Marco de Aguas de la UE arrincona las infraestructuras hídricas y aboga por el buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales, donde el agua es parte de un todo. Los bocetos gubernamentales pintan sin embargo los ríos como simples contenedores de agua; un esquema similar al que equipara los bosques con fábricas de madera, ejemplifican con frecuencia los expertos, que auguran la llegada de sanciones.

Oportunidad para la construcción

Todos estos proyectos de reorientar, frenar, encoger, saltar y rebosar ríos beneficiarían al sector de la construcción. El profesor de la Universidad de Zaragoza considera que se justifican nuevos proyectos para, cuando haya dinero, volver al negocio de las constructoras, las eléctricas y los trasvases. Por ahora, el ministro Miguel Arias Cañete ha anunciado la inversión de más de 1.420 millones de euros, este año, “en el programa de gestión de infraestructuras del agua, para obras destinadas a garantizar el suministro del recurso en toda España”.

El eco de las declaraciones ministeriales fue inmediato y llegó del presidente de Acciona, José María Entrecanales: “El agua presenta la mayor carencia de infraestructuras de todos los sectores de obras públicas en España”. Ambas declaraciones tuvieron como altavoz un foro organizado por el diario Expansión, que dio la exclusiva de que la consultora PwC está llevando a cabo un estudio para el ministerio sobre la viabilidad y el diseño de una macroempresa pública del agua que luego se privatizará total o parcialmente.

PwC también ha publicado una investigación para Acciona en la que afirma que la reforma del modelo de gestión del agua en España supondría un aumento de las inversiones por valor de 15.700 millones de euros hasta 2021, de las que la construcción sería uno de los sectores más beneficiados. Todo ello se traduciría en la creación de 23.700 nuevos empleos, el 60% de los actuales en el sector (38.000). Cifras de infarto que sin embargo no mencionan a los regadíos, el sector que consume alrededor del 80% del agua en el mundo; también en la península.

“Me parece una vergüenza que estemos pagando decenas de miles de euros a consultoras encargadas de hacer pretendidos estudios económicos que son fraudulentos, con errores económicos que no son involuntarios, pues buscan justificar lo injustificable”, enfatiza Pedro Arrojo. Muy crítico también con esta tendencia es La Roca: “Hay un objetivo claro de mantener el negocio de la obra pública, haciendo unos cálculos que obvian los costes ambientales”.

Tampoco tienen en cuenta la recuperación de costes, un principio que establece la Directiva Marco del Agua, normativa europea que apuesta por un cambio de ética en la gestión del agua. “Los proyectos que se están poniendo sobre la mesa hacen el teatro de calcular costes y de generar una literatura que tiende a justificar que va a haber recuperación. Es un fraude sistemático, para justificar costes muy por debajo y generar expectativas de recuperación”, apunta Arrojo, poniendo el caso de la obra de Biscarrués.

Más de 150 millones de euros costará este embalse cuyo porcentaje de recuperación de costes esperado es del 0,88%, según un análisis de Arrojo. “En todos los proyectos que he estudiado hay una manifiesta prevaricación técnica. Se infravalora la previsión de costes y se sobreestiman los beneficios esperados. Con ello se logra seguir con el negocio privado irracional: grandes obras que acaban en manos de constructoras y que van a beneficiar a los grandes lobbies de presión de toda la vida”, afirma el investigador.