El Gobierno silencia el problema de las torturas y malos tratos policiales en España

Hace pocos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por no investigar suficientemente las denuncias de torturas interpuestas por Xabier Beortegui Martínez, detenido por la Guardia Civil en 2011. Se trata de la sexta condena a España de este tipo desde 2010 y la octava desde que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta sistemática de los sucesivos gobiernos desde la llegada de la democracia es que en España no se tortura, según denuncian las organizaciones de derechos humanos.

De hecho, el pasado mes de abril el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada admitió que en nuestro país “la tortura se ha producido de manera clara”. La respuesta institucional a esta declaración vino de la mano del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que calificó las declaraciones de “infames” y pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adoptara “algún tipo de medida” por sus palabras. “Hay una evidente falta de voluntad política de enfrentar el tema, primero hay que reconocer que existe y después querer terminar con ello”, dice el portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Jorge del Cura.

Este colectivo ha recogido de 2004 a 2014 7.500 casos de personas que han denunciado ser objeto de torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Cifras que llevan a las organizaciones que trabajan el tema a concluir que el maltrato policial es una realidad silenciada, aunque no sistemática, en España. Una realidad de la que el Gobierno no habla y a la que ignora incumpliendo las recomendaciones que desde los años 90 llevan emitiendo varios organismos internacionales. Aún así, insisten en que la actitud de España no es una excepción y es común a todos los Estados.

El indulto a cuatro mossos condenados por tortura

Ante esta falta de respuesta institucional es la sociedad civil la que suele alertar de casos de maltrato policial. Así lo hizo la organización Women's Link, que llevó hasta Estrasburgo el caso de Beauty Solomon. En esta ocasión el tribunal también condenó a España por no investigar “con seriedad y efectividad” los hechos denunciados por esta mujer nigeriana, que fue agredida e insultada por dos policías nacionales en 2005 en Palma de Mallorca. 

También el documental Ciutat Morta puso sobre la mesa la realidad de los excesos policiales con personas detenidas. El film rompió el silencio mediático que había rodeado al caso 4F, que acabó con varias personas condenadas por agredir a un policía a pesar de las pruebas que desmentían la versión oficial. Pero además abrió una grieta en el sistema porque cuenta cómo varios de los detenidos interpusieron denuncias de tortura durante el interrogatorio en comisaría contra algunos de los policías, que fueron archivadas por la jueza.

Años más tarde, dos de esos mismos agentes fueron condenados por otro caso de torturas. En esta ocasión, la víctima era Yuri Jarine, un ciudadano de Trinidad y Tobago al que, según el juez, los policías vejaron, golpearon, humillaron, le apagaron un cigarrillo en el hombro, le restregaron una fregona por la cara y le amenazaron con una pistola. Esta vez el Gobierno sí rechazó el indulto que solicitaron.

Sin embargo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha avisado al Ejectutivo de que el indulto de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en casos de tortura o malos tratos entra “en plena contradicción” con la Convención contra la Tortura ratificada por España en 1987. Se refería en concreto a los cuatro mossos d'Esquadra que fueron doblemente indultados por el Ejecutivo en 2012 tras haber sido condenados por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones contra Lucian Paduraru, un hombre inocente detenido por error. 

Falta de voluntad política

Amnistía Internacional ha lamentado “que la falta de investigaciones adecuadas fomenta un clima de impunidad” y lleva años mostrando su preocupación por “casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Valentín Aguilar, abogado de la Subcomisión de derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía, sostiene que en España esta realidad “está absolutamente oculta y es negada por el Gobierno” frente a los organismos internacionales que le examinan. 

Tanto el comité de la ONU como el europeo encargados de la prevención de la tortura en los Estados miembro ha recomendado a España –la última vez en 2015– la implementación de ciertas medidas que el Ejecutivo ha ignorado. Aguilar enumera la instalación de cámaras de vigilancia o la abolición del régimen de incomunicación. Algo que, en opinión de la abogada y directora adjunta de Rights International Spain, Patricia Goicoechea, “podría haber hecho el Gobierno en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. 

En España existe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo. Pero en el análisis que los expertos han hecho del mismo concluyen que “no funciona adecuadamente”, dice Del Cura. En un principio, sostiene, fue ideado para que fuese independiente políticamente y contara con las organizaciones de la sociedad  civil “pero no ha sido así”. Del Cura lamenta también que el Gobierno mantenga en un cajón el Segundo Plan de Derechos Humanos y reconoce la necesidad de que “los funcionarios sean formados adecuadamente en el tema”.

Por otro lado, Goicoechea apunta a la falta de implementación real del Protocolo de Estambul, un conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias adoptado por la ONU en el año 2000. Además, llama la atención sobre el hecho de que “policías que han agredido en manifestaciones no puedan ser identificados porque no llevan el número visible”. De hecho, el Consejo de Europa ha expresado su preocupación porque “es el principal motivo por el que se desestiman las denuncias presentadas contra agentes de las fuerzas del orden y se archivan las investigaciones”.

Por este motivo el pasado 27 de mayo la Audiencia de Barcelona absolvió a los mossos acusados de reventar un ojo a Ester Quintana con una bala de goma. Aguilar también reclama a la Administración que se responsabilice de las investigaciones, “llevando a cabo los procedimientos disciplinarios adecuados”. Y pone de ejemplo el caso Benítez, en el que varios mossos han aceptado que mataron Juan Andrés Benítez tras golpearle y agredirle. Sin embargo, la Generalitat les mantendrá en el cuerpo. 

Terrorismo, manifestaciones, inmigración

Los contextos que engloba las estadísticas que elaboran las organizaciones de derechos humanos son variados y van desde personas agredidas en el curso de movilizaciones sociales hasta en la cárcel o en dependencias policiales y migrantes en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) o en la frontera. “Hay una tendencia a creer que maltrato institucional solo se ha producido en contextos de terrorismo, pero se da en todas las circunstancias”, matiza.

Una situación que colisiona con la falta de datos oficiales al respecto. Eso a pesar de que la sociedad civil y la ONU han pedido al Gobierno en varias ocasiones transparencia e información. “Se podría crear un portal o plataforma con cifras sobre denuncias, casos en investigación, condenas...”, opina Del Cura. Sin embargo, para encontrar datos ofrecidos por el Ministerio del Interior hay que irse a uno de los informes enviados al Comité contra la Tortura donde, a petición del mismo, reconoce que entre 2009 y 2012 se iniciaron procedimientos penales contra 4.200 funcionarios, de los cuales solo 29 acabaron condenados.

“Los jueces suelen decretar que los agentes utilizan la fuerza mínima imprescindible para la detención, algo que ocurre incluso con partes de lesiones que acreditan rotura de costillas”, sostiene Goicoechea. Diversas heridas en la nariz y en la cabeza fue el rastro que le dejó a una ciudadana cordobesa la detención por parte de agentes de la Policía Nacional.

El caso llegó el pasado mes de marzo a la ONU, donde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado ante el Comité contra la Tortura el calvario por el que pasó la mujer que, según la organización, fue abofeteada, golpeada en la cabeza y nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción continuos golpes en la cara por los frenazos violentos mientras los agentes de la Policía Nacional se reían. 

Estas son algunas de las situaciones que acaban siendo visibles porque, según afirma Del Cura, “los colectivos más vulnerables no lo suelen poner en conocimiento de nadie”. Es el caso de las personas sin hogar o las personas migrantes. Según denuncia la ONG Sos Racismo, “en los últimos años nos encontramos con muchas denuncias de abusos en el momento de ser deportados”, afirman fuentes del colectivo. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que también documenta estas situaciones, registró en 2013 veinte denuncias de internos en los CIES de Valencia, Madrid o Barcelona.