El Gobierno aprueba una presa en terrenos protegidos tras librarle de las exigencias ambientales

La presa tenía que construirse a toda costa. El Gobierno del Partido Popular no ha reparado en firmar órdenes y acuerdos en el último año con el fin de sortear cualquier obstáculo legal que frene el proyecto del embalse de Mularroya en Zaragoza, proyectado y a medio hacer sobre terrenos protegidos medioambientalmente. La aprobación del proyecto se conoció el 26 de octubre. La obra se había detenido después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tomaran decisiones en su contra.

Los tribunales habían levantado diversos diques legales de protección de la naturaleza. El Ejecutivo ha ido dando empujones para sacar adelante el embalse: lo ha declarado de interés público de primer orden y, luego, le ha perdonado la obligación de realizar una batería de medidas previas que compensen los daños que esta infraestructura va a producir en la Red Natura 2000 de espacios protegidos.

El promotor del proyecto es la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. La evaluación ambiental la realiza la secretaria de Estado del mismo Ministerio y el Consejo de Ministros es quien ha aprobado sendos acuerdos para eliminar las trabas a la presa.

Todo ese esfuerzo cristalizó el 26 de octubre cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la aprobación del proyecto por parte de la Dirección General del Agua. El Consejo de Ministros ya le había despejado el camino a un proyecto presupuestado en 160 millones de euros y al que le quedan 11 años de trabajos en los desfiladeros del río Jalón, según la resolución del 12 de agosto.

El contrato estaba adjudicado a una unión empresarial de Acciona y Sacyr. Tras todos estos trámites, esas dos mismas empresas podrán retomar el trabajo –y el presupuesto–, según el Ministerio ya que “no es necesario sacar de nuevo el concurso a adjudicación”.

Freno de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo

La presa de Mularroya se remonta a 2003, siendo ministra de Medio Ambiente con Aznar Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero la redacción del proyecto se saltó por alto la protección medioambiental del entorno. Tanto, que la Audiencia Nacional anuló en una sentencia de 2009 el Estudio y la Declaración de Impacto Ambiental redactadas por el Gobierno en 2003, así como la aprobación del proyecto técnico en 2007 (ya era titular del departamento la socialista Cristina Narbona). Básicamente se elaboró un plan que admitía que hacer la presa tenía impactos relevantes y negativos que precisaban medidas compensatorias pero no se especificaba qué se iba a hacer.

Para cuando llegó esa sentencia judicial, la maquinaria llevaba un año trabajando en ese paraje: desde el 7 de marzo de 2008. Y allí siguieron adelante durante otros cinco años ya que la Abogacía del Estado presentó un recurso al Tribunal Supremo.

El TS corroboró la sentencia contra la presa el 5 de febrero de 2013. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) –que depende del Ministerio- suspendió al fin las obras el 5 de agosto de ese año. Los trabajos habían alcanzado “un 33% de su ejecución total”, dijo la CHE. Se habían gastado 51 millones de euros. La presa llegaba ya “a los 38 metros de altura”. Este dato es crucial ya que luego se ha esgrimido para sustentar la peligrosidad de no culminar la infraestructura.

Mularroya tiene previsto inundar unas 463 hectáreas y contener el agua con un muro de 82 metros de alto. La mayoría del proyecto pisa la Zona de Especial Protección para Aves Desfiladeros del Río Jalón. Además, afecta a otros siete parajes contenidos en la Red Natura 2000.

El vuelo del águila perdicera

Uno de sus habitantes más emblemáticos es el águila perdicera. Un ave en alto riesgo y cuya conservación justifica que esa zona pertenezca a la Red Natura. De hecho, el Instituto de la Naturaleza de Aragón comunicó al Ministerio de Medio Ambiente durante la evaluación ambiental que esa zona es “crítica” para el águila y que la presa le afectaría por la “realización de las obras, por la alteración del río, por la ocupación del espacio y por el desarrollo de nuevos usos”.

Juan Carlos Atienza, de la Sociedad Española de Ornitología, entiende que la inundación del valle “por supuesto afectará mucho al águila” pero subraya que “se trata de una nueva gran presa justificada en ofrecer agua a unos regantes que luego no van a poder pagar esa agua y va a estropear el río”.

Pero la marcha no se detuvo. Los planes para reiniciar la obra tuvieron un punto clave en diciembre de 2014. Un día después de Navidad, el Consejo de Ministros declaró que la construcción de la presa era “de interés público de primer orden”. Aducían razones “de índole social y económico”.

Este trámite, que apareció en el BOE casi tres meses después, era clave para superar la Declaración de Impacto Ambiental. Al deteriorar directamente la Red Natura 2000 de espacios naturales recogidos por la Comisión Europea, obtener esta declaración positiva obligaba a la Dirección del Agua del Ministerio de Medio Ambiente a tres requisitos: demostrar que no había alternativa posible para la presa, que el proyecto sea de interés público de primer orden y la adopción de medidas compensatorias que protejan esa Red Natura.

La Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la secretaria de Estado de Medio Ambiente permitía que se siguiera construyendo a cambio de una batería de trabajos previos diseñados para preservar la naturaleza en la medida de lo posible. El documento se publicó el 1 de junio de 2015 pero ni siquiera ha hecho falta hacerlo efectivo.

Riesgo de desbordamiento

El 13 de junio, otro acuerdo del Ejecutivo de Mariano Rajoy declaró exento al proyecto de cumplir con esas condiciones medioambientales. Se alegaron “razones de seguridad de la infraestructura, personas y bienes que concurren en este proyecto”. La resolución concluye que cumplir con la ley medioambiental llevaría “unos cinco años” de labores antes de seguir construyendo la presa.

El texto dice que hay más de un 30% de probabilidades de que, en el estado actual de la obra, haya una avenida por encima de la altura alcanzada ya por la presa y “el agua rebosase por coronación, se produciría la rotura de la misma con las consecuencias de daños importantes (…), riesgo de vidas de personas, importantes daños materiales y de infraestructuras estratégicas de transporte”.

Con todo el material de órdenes gubernamentales en el bolsillo, el nuevo proyecto obtuvo la autorización en agosto y el BOE lo hizo público en octubre. La SEO y la organización Jalón Vivo creen que hay campo legal para intentar revocar la construcción aunque, de momento, la maquinaria tiene luz verde.