Cuando la Iglesia registra a su nombre los edificios que han levantado los vecinos

Los consistorios reunidos en la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro vuelven a hacer un llamamiento a las entidades locales para reclamar al Arzobispado de Pamplona los bienes que este lleva inscribiendo a su nombre desde el año 1998, en lo que miembros de la plataforma consideran un “auténtico expolio” de patrimonio público.

En el origen de este conflicto que enfrenta al Arzobispado con algunos ayuntamientos y que se repite en todo el estado, está la percepción sobre la propiedad de muchos bienes sin inmatricular (primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad) que, hasta su registro por parte de la Iglesia, los pueblos consideraban como comunes.

Uno de los ayuntamientos que conforman la comisión integrada en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro es el del Valle de Baztan, regido por Garbiñe Elizegi. Considera que desde siempre, “el dinero que se ha invertido en la construcción y arreglo de las casas parroquiales o las iglesias del valle ha sido de los pueblos, bien a través de las aportaciones de los vecinos o del trabajo en auzolan”.

Este auzolan, como se conoce en Navarra al trabajo comunitario llevado a cabo por los vecinos y vecinas, es el que está detrás de la limpieza de bosques municipales o la recogida de leña, pero también de la restauración de las casas de las hacedoras, el mantenimiento de cementerios o la construcción de muchas ermitas navarras. Eso, sumado a las aportaciones públicas a través de subvenciones, como por ejemplo, los 321.345 euros concedidos por el Gobierno de Navarra para la rehabilitación de la ermita de San Martín en Izagaondoa, o a la documentación histórica sobre la titularidad de los bienes, lleva a muchos consistorios y poblaciones a considerar parte de estos propiedad municipal.

Y eso aunque nunca los hubiesen inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que los lugares de culto como ermitas o iglesias no podían ser registrados por nadie hasta 1998, cuando se reformó la Ley Hipotecaria. Por otro lado, en el caso de fincas, bosques o viviendas porque, según Pascual Larumbe, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “hubo una cierta desidia o inercia sociocultural. La casa del cura era como la casa del maestro, que seguro que en muchos sitios sigue sin inmatricular. Todo el mundo sabe que es una casa mantenida por el pueblo”.

Sin embargo, fue el Arzobispado de Pamplona quién registró todos ellos a partir de 1998, gracias a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria que rige que la Iglesia Católica, a la que atribuye la misma potestad que a las administraciones públicas, “cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan”. Para ello, y de forma unilateral, solo tiene que emitir ella misma, a través de los diocesanos, a los que equipara así a funcionarios públicos, un certificado de propiedad para registrarlos, a pesar de carecer de otros documentos que prueben su titularidad. El coste de este procedimiento ha sido hasta ahora de entre 25 y 30 euros. Los términos de esta reforma de la Ley Hipotecaria vinieron precedidos, según Larumbe, de un “evidente pre acuerdo del Gobierno de Aznar y la Conferencia Episcopal”.

Según esto, y contrariamente a la opinión del ayuntamiento, la Iglesia se considera propietaria, solo en el valle del Baztan de doce parroquias, ocho ermitas, una basílica, dos fincas y un arbolado que registró a su nombre hasta 2007. En toda Navarra se han producido más de mil registros o inmatriculaciones de bienes de este tipo, Unas inmatriculaciones con las que según Elizegi, la Iglesia “se está apropiando indebidamente de patrimonio público”, cosa que, además, ha hecho “a escondidas”.

“Que lo decida un juez”

Ante esto, los ayuntamientos se han dirigido tanto al Gobierno de Navarra como al propio Arzobispado para reclamar la anulación de estas inmatriculaciones y el registro de los bienes a nombre de los municipios. Eso hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Otsagabia al que el Arzobispado recibió con un “que lo decida un juez”.

Sin embargo, una reclamación por vía judicial puede suponer para un pequeño consistorio más de 5.000 euros, como los que ha tenido que afrontar el pueblo de Garisoain, de apenas una treintena de vecinos, para recuperar la ermita del Pilar. La Audiencia Provincial de Navarra acaba de fallar en contra de la primera sentencia que atribuía la propiedad al Concejo, pero van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante lo que consideran “un litigio entre la cúpula de la Iglesia y sus feligreses”, según Javier Ilzarbe, hasta ahora presidente del Concejo.

El próximo 9 de abril, todos estos consistorios estarán presentes en la asamblea que, a instancia de la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, se ha organizado con el objetivo de acordar “una estrategia común”. Una asamblea en la que quede claro, una vez más, según Larumbe, que “lo importante es el corporativismo municipal, que haya una voz unánime sobre que no estamos atacando a nadie sino tratando de recuperar lo que nos han robado. Y eso es competencia directa de los ayuntamientos”.

“Muskilda es nuestra”

También en Navarra, el Patronato de Muskilda y la Villa de Otsagabia están a punto de presentar la demanda judicial por la que reclaman la propiedad municipal de esta ermita que el Arzobispado de Pamplona inscribió a su nombre. Este caso no está dentro de aquellos reclamados por la plataforma, por su especial idiosincrasia, pero también se inscribe en la política de inmatriculaciones que el Arzobispado lleva desde 1998.

Sin embargo, la alcaldesa de Otsagabia es rotunda, “Muskilda es nuestra”, afirma Marisa Sáez. Considera que este caso es diferente al de la mayor parte de las inmatriculaciones reclamadas por la plataforma, porque “la ermita se rige por un patronato desde hace 600 años. La Iglesia se ha querido meter en Muskilda desde hace tiempo, pero hay sentencias hasta de 1600 que dicen que la ermita es del pueblo que la construyó y la mantuvo en auzolan”. La ermita se levanta en terreno municipal y las llaves las tiene la hacedora o ermitaña. El consistorio paga anualmente a un párroco por el culto.

Ante el litigio se muestra optimista, porque considera que tienen “muchas pruebas” de la propiedad municipal de Muskilda. Pruebas que ocupan más de mil folios y que espera que sean las necesarias para que los tribunales les den la razón frente al Arzobispado en un caso “que es muy sangrante y que le duele en el alma a todo el pueblo”.