Estos son los argumentos de los exdiputados del PP y los ultracatólicos contra la ley LGTBI de Cifuentes
Afirman que vulnera derechos fundamentales, que es inconstitucional y que quiebra principios rectores de la política social y económica. Más de 20 asociaciones han pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad e impulsada por el gobierno popular de Cifuentes.
Detrás de los colectivos se encuentran exdiputados y exsenadores del PP, entre ellos Mayor Oreja, Eugenio Nassarre, Lourdes Méndez, Javier Puente o Ángel Pintado, entre otros. Las organizaciones han elaborado un escrito que enumera uno a uno los derechos que supuestamente vulneran artículos de la norma sobre la obligación de educar en diversidad o la prohibición de las terapias de reconversión sexual.
Dicen, “evidentemente”, compartir el objetivo de luchar contra la discriminación por orientación sexual, pero aseguran que es una “excusa aparente” de la norma “para imponer la ideología de género como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad”. Estos son algunos de los ataques que hacen estos miembros del PP contra la ley aprobada por integrantes de su propio partido:
“Ni privilegios para heterosexuales ni para LGTBI”
Afirman que infringe el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad ante la ley porque consideran discriminatorio que haya medidas dirigidas a la población LGTBI no previstas para los heterosexuales. Por ejemplo, medidas de discriminación positiva o el apoyo y la visibilización de asociaciones LGTBI. “Desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI”, concluyen.
Contrarios a que se prohíban las terapias de conversión
Estas terapias han sido desacreditadas por la comunidad científica e intentan cambiar mediante técnicas psicológicas la orientación sexual o la identidad de género. Se ha demostrado que pueden provocar “depresión, ansiedad o tendencias suicidas”.
Las organizaciones consideran que prohibirlas atenta contra la protección de la salud y la autonomía del paciente porque la norma sanciona la realización de terapias independientemente del consentimiento de la persona sometida. “No prohibimos que alguien pueda decidir, prohibimos terapias fraudulentas”, afirma Diego Rey, vocal jurídico de Arcópoli que participó en la elaboración de la ley.
Vulnera la libertad de expresión
Para los colectivos firmantes, entre los que figuran los ultracatólicos HazteOir, la Asociación Familia y Dignidad Humana o el Centro Jurídico Tomás Moro, la obligatoriedad de educar en diversidad afectivo sexual y formar al profesorado es contraria a la libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas, opiniones o a la libertad de cátedra.
“Sobre la sexualidad se puede y se debe opinar en libertad; y, por tanto, también sobre la homosexualidad como sobre la heterosexualidad”, dicen. Lo que enfada a los colectivos es que sean directrices obligatorias, pues para ellas la ley debería simplemente garantizar que “todos puedan recibir o solicitar” estas pedagogías.
“Comportamientos sexuales más dignos o menos”
En el momento de criticar las sanciones que contempla la ley para determinadas infracciones, sentencian que “si se interpretan conforme a los postulados de género, llevarían a sancionar la mera discrepancia del lobby LGTBI o la emisión de opiniones sobre sexualidad diferentes a las propias del entorno ideológico de género”, que es como llaman los grupos más conservadores a las teorías feministas.
En concreto se oponen al punto de la ley que sanciona la utilización o difusión de libros o materiales didácticos que presenten a las personas como “superiores o inferiores en dignidad humana” en función de su identidad o expresión de género y su orientación sexual.
Acto seguido se refieren a que afirmar que “hay comportamientos sexuales más dignos o menos y más valiosos antropológica y éticamente o menos” no atenta contra la dignidad humana. Considerarlo así, sostienen, “supondría un atentado a la libertad de pensamiento y educación en materia de sexualidad”.
“Queda excluida una moral natural”
Apuntan a que la competencia del Estado en educación se debe “armonizar con el principio de neutralidad ideológica” y defienden que los padres son “titulares del derecho a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Parten de esas premisas para concretar que la ley supone “un adoctrinamiento ideológico y moral”.
Y deslizan que introduce “una ética civil común distinta a la personal [...] que no solo se inmiscuye en la conciencia personal de los menores, sino además va más allá de los valores constitucionales, tomando como referente único los derechos reconocidos por la ley positiva [derivada de los instrumentos jurídicos], con lo que queda excluida implícitamente la fundamentación de una moral natural”.
Comportamiento sexual “digno de ser visto o no”
El último punto del escrito asegura que el derecho a la libertad ideológica y religiosa y a la objeción de conciencia se ve vulnerado por la ley. Defienden que en una sociedad libre “cada uno puede hacer lo que quiera en materia sexual”, pero aseguran que los demás “tienen la misma libertad para considerar eso como bueno o malo, admirable o no, digno de ser visto o no, aceptable o no”.
“Explicar que la realidad es diversa y que merece respeto no es adoctrinar”, afirma Rey. Aunque hay apartados de la ley polémicos, como la inversión de la carga de la prueba (excluyendo procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores) y que también critica el escrito, fue una ley celebrada por los colectivos LGTBI.
Sin embargo, “ellos lo dejan todo a la libre elección, pero en realidad lo que subyace es un planteamiento homófobo, que no quieren nombrar como tal ni directamente. Cuando no quieres que se explique una realidad es que no estás a favor de esa realidad”, concluye.
