La gratuidad de los libros de texto prevista por la Lomce todavía está lejos de hacerse realidad

La gratuidad de la educación en España ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones. Aunque en su última comparecencia en el Congreso, el ministro Iñigo Méndez de Vigo aseguró que su departamento pretende aumentar la dotación de becas para evitar que “cualquier alumno que quiera estudiar no deje de hacerlo por motivos económicos”, tanto ONG como grupos de la oposición critican que esa no ha sido la postura defendida con la política presupuestaria emprendida por el Gobierno de Rajoy en los últimos años.

La caída de la financiación pública ha sido asumida por los monederos familiares. Entre 2007 y 2015 el gasto familiar en educación pasó de 8.753 a 11.863 millones de euros anuales, un aumento del 35,5%. En la redacción de la Lomce, el Ministerio se comprometió a promover “el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación”.

Aunque esta normativa lleva un par de cursos en vigor, esta disposición todavía no es una realidad en todo el Estado y desde el gabinete de Méndez de Vigo no han explicado a esta redacción cómo están desarrollando esta promesa.

Tras las crisis económica la financiación estatal y regional destinada al material escolar también se ha reducido. Si en el curso 2009-2010 la cantidad total era de 288 millones de euros, en el último del que hay datos, 2014-2015, esa cifra disminuyó a 102 millones de euros. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores del informe La sombra de la inversión educativa en España, promovido por Educo y Ayuda en Acción. Estos expertos diferencias estos programa en dos modelos: programas de gratuidad y becas.

Compromiso presupuestario de 50 millones

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, apunta que sobre este tema la postura del Ministerio de Educación no ha sido proactiva. “Desde el Congreso hemos peleado paralelamente este tema junto a las comunidades autónomas”, apunta Martín. A su vez recuerda que su partido requirió en las negociaciones presupuestarias al departamento de Méndez de Vigo un compromiso económico de 50 millones de euros para desarrollar la gratuidad de libros de texto a través de programas de cooperación interterritorial con los Ejecutivos autonómicos. Actualmente este partido está estudiando qué porcentaje de esa partida se ha ejecutado.

Dependiendo de la fuente a la que se acuda, varía el número de comunidades autónomas que ofrecen esa gratuidad universal a la que se compromete el Ministerio. En este informe aseguran que Aragón, Murcia y Cantabria no contaban con programas de gratuidad universal en el curso 2015-2014, tal y como extrajeron de los datos del departamento de Méndez de Vigo. Aunque sus promotores no han estudiado si en las regiones en las que se desarrolla esta iniciativa se benefician todos los alumnos o solo un determinado porcentaje.

Por su parte, según la recopilación realizada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) a comienzos de este curso, solo hay cuatro comunidades que ofrecen modelos de préstamos que garanticen la gratuidad para todo el alumnado en enseñanza obligatoria: Andalucía, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana.

En el resto de territorios la gestión de estas ayudas varía. En algunos se financia dependiendo de la renta de cada familia, por ejemplo en Castilla-La Mancha y Castilla y León; y en otras solo cubren una parte del presupuesto familiar destinado a pagar el material, así sucede en Aragón y Baleares.

El último gobierno que se ha sumado a una ley de gratuidad es el de la Comunidad de Madrid. Este mes la Asamblea regional aprobó por segunda vez la ley de gratuidad de libros de textos. Con esta nueva votación, PP y Ciudadanos eliminaron el carácter general que tenía esta normativa. Hasta entonces, el sistema iba a garantizarse a todos los estudiantes, a partir de ahora se beneficiarán de él solo aquellos que lo soliciten dentro de los plazos que se determinen en el reglamento.

Martín, diputada del partido naranja en el Congreso, explica que su grupo apuesta por un préstamo universal pero no obligatorio. “Hay que tener en cuenta a aquellas familias que no quieran estar incluidas en estos bancos”, responde. El proyecto madrileño entrará en vigor el curso que viene y consiste en un sistema de préstamos, no en ayudas económicas directas.

Las consecuencias de la desigualdad territorial fueron denunciadas por las asociaciones Ayuda en Acción y Educo. “La educación necesita más y mejor inversión para cumplir su función de compensadora de las desigualdades de origen”, apuntan sus autores a eldiario.es. Como apuntan estos profesionales, la mayor parte de las ayudas al préstamo de libros están gestionadas por administraciones regionales y locales.

Desigualdades territoriales

“Dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas tienes unos beneficios u otros. Si vives en Madrid no tienes ningún tipo de ayuda, en cambio si resides en Andalucía los libros son gratuitos al 100%. Tendría que canalizarse a través del Ministerio y con todas las regiones por igual”, apunta Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa.

“El ejercicio del derecho a una educación equitativa está limitado y condicionado por tres factores: la desinversión o inversión deficiente del Estado en becas y ayudas, la descoordinación entre las administraciones central, autonómica y local, y el funcionamiento deficitario de los protocolos de acceso a estas becas”, reseñaron los investigadores de estas dos organizaciones.

Tres modelos de ayudas de libros

Ceapa divide las ayudas en tres modelos: gratuidad universal, préstamo de libros sin una cobertura total y becas directas para la compra de libros de texto. En el primer grupo destacan el modelo andaluz, que existe desde el 2005 y consiste en un banco de libros que tienen que devolver al centro los alumnos una vez terminado el curso.

Desde Educo y Ayuda en Acción abogan por un modelo como el andaluz para eliminar la burocracia y los trámites que excluyen a las familias más vulnerables que se pueden perder en el papeleo que requieren los departamentos educativos.

El Gobierno valenciano puso en marcha en el curso 2015-2016 también un programa de préstamo. El año pasado a las familias se les devolvió hasta 200 euros, a partir de este curso el Ejecutivo regional pretende “garantizar la gratuidad universal de libros para todo el alumnado valenciano”, explican desde la Consellería de Educación de la Generalitat y también aclaran que el Ministerio no ha aportado ninguna cantidad económica a este programa ni se ha implicado en esta iniciativa.

Préstamos dependiendo de la renta

Aunque Ceapa incluye en la clasificación de gratuidad universal al sistema gallego, desde la Xunta aclaran que realizan el reparto de ayudas del fondo solidario de manuales en función de la renta per cápita de la unidad familiar, cubriendo así las demandas de siete de cada diez alumnos de enseñanzas obligatorias. Además cuentan con unas ayudas económicas para estudiantes del primer ciclo de Primaria y Educación Especial que también relacionan con la situación socioeconómica.

En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura las becas también depende de las rentas familiares. La Confederación de padres agrupa a estas comunidades en un modelo de préstamo y reutilización por parte de los centros, en el que la “cobertura no es total, pues no alcanza a la inmensa mayoría del alumnado”, aclaran. El departamento de Méndez de Vigo financia parte del programa del Gobierno extremeño, recibiendo 1,7 millones de euros de los siete que destinan anualmente a esta iniciativa.

El tercer ejemplo aportado por Ceapa es un modelo que consiste en ayudas directas para la compra de libros de texto. En este caso no existe una dinamización para que los manuales sean devueltos a los centros para su reutilización posterior. Aragón, Baleares, Murcia y La Rioja son las regiones que incluyen en este tipo de gestión.

En Aragón, aunque a nivel institucional no se hayan desarrollado sistemas de préstamos de libros, algunas AMPAS sí que han promovido estos bancos en sus colegios. Por su parte, los alumnos murcianos pueden optar a ayudas al estudio, si cursan Primaria podrán recibir hasta 110 euros y si asisten a clases de Secundaria podrán obtener como máximo 40 euros más. Sobre Baleares, destacan que la tendencia actual desarrollada por el Ejecutivo regional se está centrando en la “inversión en dispositivos y licencias digitales, conceden ayudas de 50 euros por alumno”.

La confederación de AMPAS de la escuela pública abogan por un modelo de materiales educativos que se vaya alejando de las editoriales y recuerdan que hay libros que anualmente se tienen que cambiar, como sucede en el primer ciclo de Educación Primaria porque son manuales fungibles, en el que los estudiantes dibujan y escriben. “Hay que empezar a trabajar por proyectos y valorar a docentes que los desarrollan, eso es lo que la administración tendría que impulsar”, finaliza Cardenal.