“Lucía es una niña con pene, si no cuestiono a mis otros hijos, ¿por qué lo voy a hacer con ella?”
Abigail Labayen es la madre de la que se ha convertido en la menor transexual más pequeña en conseguir rectificar su nombre en el Registro Civil. Lucía acaba de cumplir cinco años, pero el día que sus padres recibieron la resolución judicial que enterraba el nombre de Luken, con el que la bautizaron, solo tenía cuatro. Su madre recuerda cómo al poco tiempo de empezar a hablar “comenzó a utilizar el castellano para referirse a sí misma en femenino, porque en euskera los adjetivos son neutros”, explica.
Fue entonces cuando esta familia de Asteasu (Gipuzkoa) decidió buscar información y dio con Chrysallis, una asociación que agrupa a familias de menores transexuales. “Estar en contacto con otras personas que ya están por delante de ti ayuda mucho; saber que no estás solo en el mundo es fundamental”, afirma Abi. Desde el colectivo, afirma, les dijeron “quizás tengáis una niña con pene”. Una frase que tanto a ella como a Agustín, su marido, no les resultaba extraña. “Lucía nos preguntaba mucho si podía ser una niña con pene y le dijimos que sí”.
Ambos observaban “desde siempre” que Lucía mostraba preferencias “por todo aquello que socialmente se considera de mujer: los juguetes, la ropa...”. El tránsito social, afirma, comenzó en diciembre de 2014, cuando decidieron hablar con el colegio para pedir que la trataran como lo que es, una niña. “No hubo ningún problema”, comenta, “la profesora les dijo a los alumnos 'ahora vamos a cambiar todos el nombre en los percheros'”. Abi agradece que “en toda la escuela están tratando el tema, informando, pero no hay recursos”, lamenta. Esta es, de hecho, una de las principales quejas del movimiento LGTB, que demanda la educación en diversidad como una pieza clave de las aulas.
Derechos sujetos a la arbitrariedad
Para Lucía el colegio constituye un espacio seguro. Pero no lo es para otros niños y niñas trans a los que no se les garantiza el libre desarrollo de su personalidad en el entorno escolar. Algo que pasa por ser tratados por su nombre o posibilitarles utilizar las instalaciones de acuerdo a su “sexo sentido”. “En Andalucía, Extremadura, Canarias y Euskadi existe legislación que obliga a ello”, enumera Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis.
“No quiere decir que en otras comunidades no lo hagan, pero depende más de la voluntad del colegio o los profesores”, critica. Lo cierto es que así ocurre con la mayoría de derechos de las y los menores trans. La maraña de leyes autonómicas y la ausencia de una estatal provoca que estén sujetos a la arbitrariedad de médicos, jueces y centros educativos. Ocurre con el acceso a tratamientos hormonales que bloquean el desarrollo de la pubertad, por ejemplo, e incluso con la rectificación del nombre.
“A nosotros el fiscal nos dijo que no, pero cuando la jueza consideró que era necesario para que Lucía pudiera vivir plenamente no recurrió”, explica Abi. Confiesa que es un paso en el que en un principio no pensaban, pero poco a poco fueron dándose cuenta de que podría generar situaciones violentas. “Un día fuimos al médico, y al usar Luken en las recetas, el hermano de Lucía le corrigió. El profesional dijo que hasta que no se cambiara en el ordenador no podía ponerlo. Al salir, la niña me pregunto: 'Ama, ¿y cuándo va a cambiar el nombre en todas partes?'”.
“¿Y si mi hija no quiere hormonarse?”
Abi es consciente de que la decisión puede dar lugar a juicios sobre si es demasiado temprano. “Es una pregunta que yo misma me hacía”, asiente. Pero “cuando te empiezas a informar aprendes que la identidad de género se determina entre los dos y los cinco años y que no depende de los genitales, si no que hay niñas con pene y niños con vagina”. Algo que Lucía tiene claro a pesar de su corta edad: “Cuando nací me mirasteis y pensasteis que era un niño”, les dice a sus padres.
La información condujo a Abi y Agustín, que son padres de otros tres niños, a un punto de inflexión. “Cuando mis otros hijos, con tres años, me dijeron que eran chicos yo no les cuestioné, ¿por qué lo voy a hacer con Lucía?”. Abi lanza la pregunta junto a una reflexión: “Como sus genitales no corresponden a lo que socialmente nos han dicho qué es ser una mujer, lo ponemos en duda”, sentencia.
Sobre los siguientes pasos, la madre de Lucía se muestra indignada por que el Registro Civil restringe el cambio de sexo a los menores de edad. El DNI de la niña seguirá mostrando la letra 'M'. La legislación actual se lo permite a los mayores de 18 años que, además, deberán contar con un informe médico que pruebe que han sido “diagnosticados con disforia de género” (“disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida”, según la ley). También deberán llevar al menos dos años bajo tratamiento para “acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”.
Unos requisitos que las asociaciones en defensa de los derechos trans consideran “patologizantes”. “¿Y si mi hija no quiere pasar por un proceso hormonal? ¿Es menos mujer por ello?”, pregunta Abi. “Se sigue dando por sentado que las personas cisexuales (aquellas cuya identidad sexual y género asignado al nacer concuerdan) son las cuerdas y las personas trans deben demostrar su cordura”, opina Aventín. La presidenta de Chrysallis pone un ejemplo: “La cirugía plástica es muy demandada por mujeres cis a nivel mundial, pero nadie les obliga a pasar por test psicológicos ni les tratan como a enfermas mentales”.
