Madrid incumple su compromiso y sigue pidiendo a las menores la autorización de ambos progenitores para abortar

La Comunidad de Madrid exige a las chicas de 16 y 17 años una autorización de ambos progenitores para interrumpir voluntariamente su embarazo. Eso a pesar de que muchas veces no es posible o genera situaciones difíciles para las propias familias. Es el caso de menores que fueron abandonadas por uno de sus progenitores y no tienen ningún tipo de relación con él, jóvenes que viven con sus madres víctimas de violencia machista cuyos agresores tienen órdenes de alejamiento, menores que residen con uno de ellos mientras el otro trabaja en el extranjero o chicas migrantes cuyo padre o madre siguen viviendo en su país de origen.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) asegura que es la única comunidad en la que se hace. “Son hogares especialmente dañados a los que la Administracion está revictimizando”, sostiene José Antonio Bosch, abogado de la asociación. Después de que se denunciara la situación, la Consejería de Sanidad se comprometió a “dar instrucciones para que en casos excepcionales las menores puedan abortar sin el permiso de ambos”, según informó Cadena Ser el pasado día 18.

Además el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, aseguró que las interrupciones del embarazo de las menores “se tratan de forma personalizada”. Y puso el siguiente ejemplo: “evidentemente” si el padre de una menor “está en Argentina”, el “sentido común es el que debe imperar” y realizar la interrupción sólo con uno de los progenitores.

Sin embargo, solo unos días después ACAI ha documentado otros dos casos. Uno de ellos, el de una mujer y su hija, inmigrantes ecuatorianas y embarazada la menor de siete semanas. La madre está divorciada y no tiene relación con el padre, al que no ven ni hablan con él desde hace años. Aún así el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) les ha exigido que deben presentar su autorización, a pesar de que no saben dónde está.

Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que “se darán las instrucciones pertinentes, pero es algo que requiere sus tiempos y una serie de procedimientos”.

Cuando uno de los progenitores se encuentra en paradero desconocido y no es posible encontrarle para que firme la autorización se resuelve con una declaración jurada del otro. En ella se ponen por escrito los datos personales y familiares de la menor, algo que según ACAI vulnera la ley del aborto de 2010, que exige la codificación de los datos y la confidencialidad en materia de aborto, “sin que este documento respete ninguno de ambos requisitos”, afirma.

La patria potestad en el Código Civil

El otro caso registrado este martes es el de una mujer y su hija que no querían comentarle al padre que la menor iba a abortar. Según sostienen fuentes de ACAI, el Sermas se lo ha impedido, a pesar de que la madre ha intentado reivindicar su derecho afirmando que la ley le ampara. La reforma del aborto del PP que impide a las menores abortar sin consentimiento especifica que deben darlo sus representantes legales, entendiendo con ello, “padre y/o madre, personas que ostenten la patria potestad o tutores”. Según Bosch, “esto se refiere a cualquiera de sus posibles representantes legales, siendo suficiente uno de ellos”.

Pero además el abogado recuerda que el artículo 156 del Código Civil establece excepciones al hecho de que la patria potestad la ejerzan ambos progenitores. Especifica que puede ejercerla uno de ellos en “circunstancias o situaciones de urgente necesidad” y “por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres”. Además, afirma que si los padres viven separados “la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva”.

Podemos ha presentado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley pidiendo a la Comunidad de Madrid que dé instrucciones al Servicio Madrileño de Salud para que solo requieran el consentimiento de uno de los progenitores. La formación lo considera “una excepcionalidad jurídica frente a lo que sucede en el resto de comunidades, que condena a la indefensión a miles de menores”. Sin embargo, este lunes, la Mesa de la Asamblea rechazó la PNL con el apoyo del PSOE, PP y Ciudadanos. Fuentes socialistas aseguran que la PNL “tiene un defecto de forma y lo que debería hacer Podemos es rehacerla, pero no lo ha hecho”.

“Niegan la realidad de miles de menores”

Son todos estos argumentos y preceptos legales los que han servido a ACAI para denunciar “una interpretación restrictiva de la norma [del aborto]” que conduce “a pensar que obedece a posiciones políticas e ideológicas”. La asociación asegura que es una forma de “dificultar a las jóvenes de 16 y 17 años el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”. Lo que hace la Comunidad, afirma Bosch, es “negar la realidad de miles de menores que no viven con su padre y su madre que a veces ni han formalizado su situación”.

ACAI denuncia además que la autorización que les pide la Comunidad a estas menores como alternativa a que ambos progenitores acompañen a la menor “es un acto de cinismo y no es legal, porque una autorización no es un consentimiento informado, que es lo que pide la ley”. Esto supone que un facultativo informe del procedimiento sanitario, sus alternativas y sus consecuencias. “En ningún caso un médico le ha contado al padre o a la madre que no está cuál es el procedimiento”, explica.

La asociación ha documentado casos como el de una menor de 16 años que vive con su padre y ha conocido a su madre en la sala de espera del Servicio Madrileño de Salud. O el de una mujer en tratamiento psicológico por violencia de género con cuyo agresor ni ella ni su hija tienen relación. También el de una joven de la que su padre se desentendió cuando ella tenía dos años. Saben que vive en la Comunidad Valenciana, pero nada más. La madre aporta un auto del juez en el que consta que él ni siquiera se presentó al juicio para resolver la custodia y manutención de su hija.

Por otro lado, ACAI denuncia lo que varios colectivos han estado anunciando desde que el PP modificara la ley. Son situaciones de menores de 18 años que no viven ni con su padre ni su madre y están emancipadas. Por ejemplo, la de una menor que vive con su pareja y los dos hijos que tienen en común. A pesar de no vivir con sus padres, tuvo que acudir con ellos al Servicio de Salud Madrileño.