Se practica la primera exhumación en Madrid de víctimas de la Guerra Civil a la sombra de una factura
Hay un toldo azul instalado durante tres días en el Cementerio Viejo de Arganda, colocado entre las tumbas y sujetas sus patas con algunas piedras, para que no se lo lleve el viento. Su presencia allí es extraordinaria y sin duda es el protagonista de esta historia. Entre otros motivos, lo que está sucediendo en Arganda del Rey entre el 8 y el 10 de abril es extraordinario porque es la primera exhumación técnica y protocolaria de una fosa de la Guerra Civil que se realiza en la Comunidad de Madrid.
Bajo el toldo, trabaja el equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Unos escarban dentro del hoyo y otros criban la tierra a un costado. A unos metros, bajo el sol, los familiares de dos de los tres muertos que están siendo desenterrados observan los acontecimientos. Mamés, hermano de Guillermo Palmero, cuyo cuerpo será el último en salir, está sentado en una silla plegable. Su hijo Carmelo, asomado al agujero de tierra, lo llama para que se acerque a ver, mientras toma unas fotos con el móvil. Mamés mira los huesos. Es un esqueleto de un joven de 17 años que asoma de entre la tierra, tendido boca arriba, con la calavera mirando a un lado.
Es necesario confirmar con una prueba de ADN que esos restos cadavéricos pertenecen a Guillermo, así como que los que fueron enterrados en segundo lugar en esa misma fosa de soldados de la Batalla del Jarama son los de Alfonso Fernández-Cabrera y, los de más arriba, pertenecen a Francisco Villar. Aunque así lo indica el libro del cementerio. Con un “¡que sean ellos!” se despedían los familiares de Alfonso, llegados desde Orgaz (Toledo). Hasta que no estén las identificaciones hechas, Gabino Abánades, asesor de Funespaña, declara a pie de tumba que la empresa para la que trabaja no quiere hacer declaraciones.
El 15 de marzo de 2013 la familia Palmero recibió una carta de Funespaña en la que adjuntaba un presupuesto de 727,62 euros en concepto de “tasas que debían abonar para poder llevar a cabo la exhumación”. De ese total, 107,10 euros más IVA corresponden a “apertura de expediente”, 204 más IVA a la exhumación y 255 a “reducción restos sepultura”. Funespaña, empresa privada concesionaria de la gestión del cementerio, ha presupuestado de nuevo la exhumación rebajando 200 euros.
Por ahora, las familias no han pagado nada pero Abánades, al ser preguntado por este diario si estaban obligados a hacerlo, contestó “por supuesto que tienen que pagar, como cualquier humano, porque esta es una exhumación administrativa, no judicial. El juzgado se ha inhibido y por tanto tienen que pagar unas tasas, que son mínimas”. La ARMH considera que ningún familiar de víctimas de la Guerra Civil debe pagar por ello.
En la mañana del 10 de abril Antonia Santacruz, al día siguiente de la exhumación de su tío abuelo, recibe un fax de Funespaña con una factura por 523 euros. El alcalde de Orgaz, Tomás Villarubia (PSOE) la respalda y ha enviado un escrito de respuesta pidiendo que no se le aplique la tasa. Carmelo Palmero también ha recibido esa factura. En principio, no se muestran predispuestas a pagar y la ARMH les ha recomendado que no lo hagan.
Aplicar o no la ley
La inhibición a la que se refiere Abánades ocurrió con un auto de diligencias previas del Juzgado de Primera Instancia de Arganda del Rey del 3 de marzo, en el que la jueza sobreseyó la petición de Mamés Palmero para que fuera el juzgado quien autorizase la exhumación. El auto indica que, según la Ley de Memoria Histórica, es la administración pública competente -el Ayuntamiento de Arganda- quien debe dar la autorización. Aunque no hace ninguna mención a si puede o no imponer una tasa, inscribe esta exhumación como afectada por dicha ley lo cual la ARMH valora como un detalle muy importante.
Aunque hay que analizarlos en el laboratorio, fuentes de la Asociación confirman que han encontrado junto a los cuerpos lo que parece ser restos de metralla, primer indicio de muerte violenta y, por tanto, de víctima. Para las familias, hasta hace tres años Guillermo Palmero y Alfonso Fernández-Cabrera eran desaparecidos. Aunque el Ayuntamiento de Arganda los tuviera apuntados en sus libros del cementerio, las familias nunca habían sido informadas de dónde habían muerto y dónde se habían enterrado. Por todos estos motivos, los expertos en memoria histórica consultados por eldiario.es no tienen ninguna duda de que se trata de víctimas de la Guerra Civil amparada por la Ley de Memoria Histórica. Cobrar a las familias por devolverles a sus desaparecidos es, también, extraordinario.
Bajo el toldo azul, el equipo de voluntarios de la ARMH que dirige el arqueólogo René Pachecho y el médico forense José Luis Prieto, intenta convertir lo extraordinario en parte de la vida. Las dificultades para que ese tránsito tuviera lugar se manifestaron en el primer día de excavación, por parte de una empleada de Funespaña que provocó una jornada de “mucha tensión”, según los profesionales presentes en el cementerio. Por otro lado, las diferentes instituciones implicadas en esta exhumación histórica, intentaron mantener a la prensa alejada de esa noticia por, según palabras del asesor de Funespaña, “respeto a las familias”.
