A pesar de que #MadridDaAsco, Ana Botella continúa recortando en limpieza
Fiel a una hoja de ruta marcada por sus maltrechas finanzas, Madrid está a punto de adjudicar sus servicios de recogida de basuras para toda la periferia de la ciudad con el ahorro económico como principal criterio para elegir empresa.
El concurso se preocupa sobre todo por cuánto podrán a ahorrarle las contratistas a las arcas municipales. Es la misma dinámica que presidió la contratación de la limpieza de calles y que convirtió a Madrid en un vertedero durante una semana de noviembre de 2013 mientras la alcaldesa Ana Botella hablaba de un simple “conflicto laboral”.
En la convocatoria para que las contratistas pujen, el Ayuntamiento dirigido por el Partido Popular concede la máxima importancia a la empresa que más baje su oferta “sobre el precio unitario de la licitación”. El 65% de la puntuación viene dado por la rebaja en el presupuesto diseñado por los técnicos municipales.
Sólo el 20% corresponde a la disposición de medios “en situaciones excepcionales”, un 10% si se incrementan “los puntos limpios móviles” y un 5% si las contratistas recogen “contenedores y sacos no autorizados” de la calle en menos tiempo del estipulado.
Este concurso tiene un precio de partida de 83 millones de euros. Abarca los denominados “distritos periféricos” y dura 13 meses. Justo hasta que caduque la gestión de residuos en los barrios del centro y pueda re-concursarse con toda la capital en el plato. En diciembre de 2013, un informe del Tribunal de Cuentas afirmó que la limpieza viaria privatizada, en general, era “un 71% más cara que la gestionada públicamente”. E incluso aseveraba que cuánto mayor es la ciudad, mayor es el ahorro.
Con todo, para este periodo se han presentado la unión de Valoriza y Sacyr, FCC y la unión CESPA Urbaser. Las dos primeras han ofertado unos abaratamientos de 0,3% y 0,7% respectivamente. Valoriza-Sacyr se ha lanzado a una rebaja del 10,7% lo que supone renunciar a 9 millones de euros. “El Ayuntamiento tendrá que validar ese proyecto técnico”, reflexiona Karim Riabi del sindicato CCOO, “porque al final ese recorte acaba repercutiendo en la plantilla y el servicio”. Los trabajadores incluidos en el contrato ascienden a 1.100. “Esperamos que tampoco afecte a los derechos laborales”, comenta.
Sobre el servicio, a lo largo de agosto, la etiqueta #MadridDaAsco ha estado dando cuenta de la acumulación de residuos (en lenguaje oficial); basura expresado de manera más llana. Los sindicatos calculan que durante la temporada estival está trabajando “un 33% menos de la plantilla”.
Esta semana, previsiblemente, se conocerá el ganador del concurso porque el servicio debe comenzar el 1 de octubre. Riabi aclara que “se ha utilizado el precio por tonelada de basura de 2013 y las cantidades de residuos recogidas el año pasado, pero es que fue un periodo de baja actividad con lo que no creemos que se refleje la realidad”. Cada tonelada de desechos se paga a 107,25 euros. También cree que no pueden establecerse comparaciones claras con otras versiones de contratas “porque se han incluido cosas diferentes”.
Este es el último de los contratos integrados con los que Ana Botella trata de cuadrar las cuentas de Madrid a base de juntar servicios en grandes concursos. Se crean licitaciones con muchos millones para repartir al que deben acudir grandes corporaciones o, incluso, uniones de empresas para poder satisfacer las condiciones de los pliegos.
La estrella de este modelo fue la contratacion de la limpieza y mantenimiento de calles –no las basuras– en 2013 que se presupuestó en 2.300 millones y al que el Consistorio aplicó una rebaja directa de 256. Luego las empresas debieron pujar a la baja como está ocurriendo en este caso. Tras las adjudicaciones, tres de las empresas (CESPA, Sacyr y OHl) pretendieron llevar a cabo un ERE de 1.144 trabajadores porque recibían “un 40% menos de dinero”.
Los trabajadores fueron a la huelga y mientras la suciedad se acumulaba en los adoquines, Ana Botella hablaba de conflicto laboral entre la empresa y sus operarios. Al final se contrató a la empresa pública TRAGSA por supuesta alerta sanitaria horas antes de que se solventara el problema.
Los árboles caen sobre las calles
La aplicación de este tipo de privatización de los servicios públicos municipales lleva marcando la actividad de la ciudad desde que se pusieran en marcha. Estos últimos meses, se cumplió un año desde que se contratara el mantenimiento de zonas verdes, otra pata de los contratos integrados. En junio y julio saltó la alarma ante la caída de grandes ramas (una mató a un hombre en el parque de El Retiro) y árboles enteros en las calles.
Ana Botella anunció la creación de una comisión de expertos para estudiar el fenómeno. Las ramas han seguido cayendo durante el verano de 2014. Un experto en botánica del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Rafael Ceballos, contó a eldiario.es que “la reducción de plantilla para inspeccionar” los ejemplares dañados podía estar detrás de estos desplomes.
Por su parte, CCOO asegura que hay un mal estado en estas zonas verdes derivado “del cambio en las exigencias incluidas en el Contrato, desde el establecimiento de unos requisitos mínimos de plantilla a la obligación del respeto de los denominados Indicadores de Calidad”.
