Las asociaciones de Memoria Histórica cargan contra el Ayuntamiento de Madrid
El Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid escuece en los colectivos memorialistas. Y el malestar es doble: no haber contado para discutir su composición y que la nómina final de expertos no represente a las víctimas del franquismo. El Gobierno de la ciudad, tras los nombramientos y para buscar cauces de entendimiento, convocó a 30 asociaciones a una primera reunión en la que propuso crear un “órgano de participación” directa de estas entidades.
La elección de comisionados ha sido “fruto de reflexiones de los cuatro grupos que conforman el consistorio”, en palabras de la alcaldesa Manuela Carmena. Consenso, pero entre partidos políticos, critican los colectivos sociales. Una “experiencia común” de Partido Popular, Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos de la que salen nombres controvertidos como el escritor Andrés Trapiello o el cura Santos Urías, la primera vez que un religioso participa en una comisión para la reparación de las víctimas del franquismo. Las entidades pro derechos humanos temen que el pacto conduzca a una “peligrosa equidistancia”.
El Ayuntamiento de Madrid ha recuperado con el Comisionado el pulso de la Memoria. Una vez superados los errores en la retirada de simbología franquista, la renuncia a asesorar de la Cátedra memorialista de la Complutense e incluso la singular propuesta de Carmena para renombrar el Valle de los Caídos como 'Valle de la Paz', el siguiente paso era formar el órgano que debe aplicar la Ley de Memoria Histórica en las calles de la capital.
Las asociaciones reconocen el cambio de rumbo. Y más después de alcaldías cerradas en banda, caso de los gobiernos del PP de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón. Pero han pedido al Consistorio que rectifique. El encuentro ha servido, según las organizaciones consultadas, para certificar que el Ayuntamiento no valora retocar la nómina de la comisión y que sí propone, en cambio, abrir la colaboración del movimiento asociativo con un organismo que establezca un canal de comunicación permanente. No tendría capacidad ejecutiva, solo podría realizar propuestas. Por este motivo, las entidades memorialistas presentes en la reunión han pospuesto la respuesta definitiva a la oferta.
La “inaceptable” falta de participación de las víctimas
La mayoría de iniciativas memorialistas ha partido históricamente de las entidades que encarnan la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Son, por norma general, el acicate contra la desmemoria en el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados, tras Camboya. Las instituciones públicas siempre fueron a remolque del tirón social y por esto, entienden las asociaciones, su presencia activa es inexcusable.
El Ayuntamiento dice que así será. Que el Comisionado arranca su “primera fase de trabajo” con la reunión a la que estaban convocadas “más de 30 asociaciones”. Casi todas estuvieron en el cónclave con el que la presidenta, Francisca Sauquillo, pretendía estimular a “diferentes actores y representantes de la sociedad civil relacionados con la Memoria Histórica”, según fuentes de la Alcaldía de Madrid.
El objetivo era “presentar el plan de trabajo y recoger comentarios y sugerencias”. En ningún caso, adelantaba la misma fuente, “se tomarán decisiones ni se cerrarán acuerdos”. Como así fue. En teoría, se abre la mano del órgano municipal pero las entidades consultadas por eldiario.es no confían “ni en la composición ni en que –el Comisionado– tenga un carácter consultivo” y la ejecución de las políticas de Memoria dependa, al final, del Gobierno madrileño.
¿Representan los comisionados a la Memoria?
“Ninguno de los componentes del Comisionado puede considerarse representativo de la Memoria Histórica”, señala el presidente de la ARMH, Emilio Silva. “En la comisión no hay nadie del movimiento de recuperación de la memoria”, asevera su homólogo en la Federación de Foros por la Memoria, Arturo Peinado. “Son miembros elegidos sin tener en cuenta su experiencia en el campo de la memoria”, confirma el de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (Amesde), Jaime Ruiz.
La discrepancia de raíz, “las personas nombradas”, significa un “tropiezo injustificado” a los ojos de Ruiz. La lista destila “una peligrosa equidistancia impensable en otros países”, según Silva. Y una selección salida del consenso político al que alude el Ayuntamiento que es “una estafa y una trampa”, según Peinado, por contar con sectores “reaccionarios” que las asociaciones identifican, sobre todo, en las figuras de “un negacionista como Trapiello” o un “representante de la Iglesia católica, que tuvo un papel tan determinante en el golpe de Estado militar y el franquismo”.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) denunció días atrás la “inaceptable falta de participación real de las víctimas” en el proceso. “Manifestamos nuestro más profundo desacuerdo”, subrayaban en un comunicado y solicitaban al Gobierno de Carmena “una rectificación en la definición de los fines y objetivos del Comisionado, así como en su composición”.
El órgano asesor tiene como como función básica proponer medidas que garanticen el cumplimiento en Madrid de la Ley 52/2007, conocida como de la Memoria Histórica. Está presidido por Francisca Sauquillo, abogada, senadora y eurodiputada socialista. “Trabajar con sentimientos es difícil porque cada uno tiene los suyos”, declaró tras su nombramiento. El escritor e historiador José Álvarez Junco, vicepresidente, participó en el desarrollo de la ley de Memoria.
Un sacerdote, un poeta y el negacionismo
Dos de los nombres más cuestionados desde el mundo memorialista son los de Trapiello y Urías. El primero, escritor y poeta, tiene entre sus obras destacadas Las armas y las letras. Literatura y guerra civil. El segundo, licenciado en Derecho y Ética, es sacerdote diocesano desde hace 20 años y “trabaja en temas sociales”, según las biografías facilitadas por el Ayuntamiento de Madrid.
Amelia Valcárcel es vocal y catedrática de Ética y Filosofía Política de la UNED, con una “notable trayectoria feminista”. Teresa Arenillas es arquitecta, especializada en urbanismo y restauración de monumentos. Octavio Ruiz-Manjón es profesor emérito de la Complutense, ha publicado obras sobre la Guerra Civil y tiene “muy avanzada una investigación biográfica sobre diputados de la Segunda República”, apunta la reseña.
“La manera de abordar el tema” es lo que más escuece, en palabras del representante de Amesde. “A los que vivimos la Comisión que se formó para redactar la Ley de Memoria y cómo llegó a reunirse con Falange en Moncloa, nos asusta un poco”, recuerda Emilio Silva. “En la reunión vamos a pedir un cambio de dirección y una remodelación completa”, asevera Arturo Peinado.
Todos piden al Gobierno de Carmena “algún tipo de garantía” sobre la participación y utilidad de las asociaciones en la labor del Comisionado. “Si se ha creado ha sido por el trabajo de muchos años de las asociaciones de Memoria Histórica, no entendemos por qué no hay nadie con conocimiento y experiencia en la defensa de las víctimas del franquismo”, dicen desde el Foro por la Memoria.
