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Méndez de Vigo corrige a Wert: el ministro de Educación suaviza los conflictos de su antecesor

Íñigo Méndez de Vigo y José Ignacio Wert, el día de la toma posesión de la cartera de Educación, Cultura y Deporte. / Ministerio de Educación

Sofía Pérez Mendoza

Íñigo Méndez de Vigo aterrizó en el Ministerio de Educación a finales de junio del año pasado. Su antecesor, José Ignacio Wert, le entregó posiblemente la cartera más envenenada del Gobierno de Rajoy: el ministro estaba enzarzado con los estudiantes, los docentes, las familias, los sindicatos y la oposición política tras tres años de gestión. Podría decirse que su salida generó más consenso que cualquiera de sus reformas.

El papel reservado al ministro entrante, con ninguna experiencia en educación pero –a cambio– de perfil diplomático, no era sencillo. Debía intentar reconciliarse en tiempo récord, en un plazo de seis meses hasta las elecciones generales, con la comunidad educativa deshaciendo el ovillo que Wert tejió en sus años al frente del Ministerio, con recortes incluidos.

Al menos tenía que evitar que la confrontación estallara por completo en un escenario mucho más desfavorable al que dejó su antecesor. Desde mayo, el PP ya no cuenta con la complicidad de una aplastante mayoría de regiones que comulgan con todos los desarrollos de la LOMCE sin el mínimo atisbo de resistencia. La última Conferencia Sectorial, celebrada el viernes, lo puso de manifiesto.

Ahora son mayoría las comunidades críticas con la LOMCE, una ley que el nuevo ministro se encontró atada y bien atada, con plazos de implantación rígidos y normativas desarrolladas. Dentro del margen restante, Íñigo Méndez de Vigo ha rectificado algunas decisiones controvertidas del que vino antes que él.

Las reválidas, el punto más caliente

Las pruebas de final de nivel se concibieron como la medida estrella de la ley educativa de Wert. La semana pasada se realizaron por primera vez –solo las regiones gobernadas por el PP– los exámenes sin efecto académico que la LOMCE prevé para sexto de Primaria y se han repetido las pruebas de tercero que se inauguraron el curso pasado.

El ministro saliente dejó ordenados todos los plazos de aplicación progresiva de la LOMCE, aunque de Méndez de Vigo dependía la aprobación de los decretos de desarrollo. En la orden reguladora de la prueba en Ceuta y Melilla –territorios que dependen de la administración central–, el ministro tuvo que restringir expresamente la publicación de clasificaciones de colegios a partir de los resultados de los exámenes ante las críticas de la comunidad educativa y los sindicatos.

Los exámenes de ESO y Bachillerato, rechazados por la mayoría de comunidades autónomas, no seguirán el modelo que había dejado marcado el ministro saliente. Se modifica la estructura, pero se mantiene lo más controvertido: aprobar las reválidas seguirá siendo condición sine qua non para pasar de curso. La prueba que sustituirá a la Selectividad se había concebido como un tipo test en contra del criterio de los rectores, pero el reciente acuerdo de Méndez de Vigo con la CRUE establece un examen bastante parecido al actual cuyas preguntas no serán las mismas en toda España, como había anotado Wert antes de marcharse a París.

Algo similar ha ocurrido con la prueba prevista para poner el broche a la Educación Secundaria Obligatoria. Según los borradores del proyecto de real decreto y de la orden ministerial que regulan ambas reválidas –publicados por los diarios El País y El Mundo –, la normativa que ultima Méndez de Vigo se desmarca también de que el examen sea tipo test y de que se lleve a cabo a la vez en toda España. Las comunidades quedarán encargadas de redactar las preguntas, establecer las fechas de convocatoria y ejecutar la revisión de las calificaciones.

Los decretos que desarrollen las reválidas dependerán, en todo caso, del futuro gobierno y de su decisión de derogar o mantener la LOMCE, cuyo núcleo ideológico no ha tocado Méndez de Vigo. Por ejemplo, que la asignatura de Religión sea una materia evaluable y puntuable para el expediente, que haga media y que, por tanto, sea tenida en cuenta para la obtención de becas y ayudas a los estudiantes.

El fin de los Erasmus de excelencia

Wert quería premiar a los estudiantes excelentes y en 2014 creó para ellos unas becas Erasmus especiales, con un plus de 100 euros mensuales y fondos del Gobierno. Para poder optar a las ayudas había que acreditar un rendimiento académico alto y un nivel de idiomas igualmente elevado.

El ministro obligó a la administración con su reforma a gestionar dos programas distintos de becas, algo que no gustó a los rectores. La carga de trabajo extra ha sido uno de los motivos que ha convencido a Méndez de Vigo para unificar los dos programas de nuevo en uno solo.

Vuelven las ayudas para libros

Desde la llegada de Rajoy y su equipo a la Moncloa y hasta 2013-2014, el gasto total del Gobierno en becas y ayudas a todas las enseñanzas cayó en 322 millones de euros (18,3%). Especialmente controvertida fue la eliminación de la partida destinada a la compra de libros de texto, materiales que hay que cambiar con las modificaciones de programación que impone la LOMCE.

Méndez de Vigo se comprometió a recuperar las ayudas y los presupuestos de 2016 incluyeron 24 millones de euros a transferir a las comunidades autónomas y otros 24 para 2017. Esas becas se fueron evaporando en los años de gestión de Wert con la justificación de que las ayudas ya estaban incluidas en otras. Por este y otros tijeretazos, nueve de cada diez estudiantes habían perdido su beca en 2014 si lo comparamos con los que se beneficiaban de alguna en 2011.

Cubrir todas las jubilaciones de maestros

En 2012, solo se reponían una de cada diez jubilaciones de docentes. Esto significa que cuando un funcionario de carrera se jubilaba, su plaza vacante era ocupada por un interino o bien por nadie. La consecuencia más visible de esa tasa de reposición del 10% era que no se convocaban oposiciones a maestro.

El porcentaje escaló al 50% en 2015 y, con la llegada de Méndez de Vigo y la publicación de los siguientes presupuestos, se anunció que para este año alcanzaría el 100%. Los sindicatos recuerdan, pese a la buena acogida de la noticia, que la medida no recupera por el momento los entre 30.000 y 25.000 puestos de trabajo perdidos en educación según sus propios cálculos.

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