Mato admite que su departamento no está interviniendo en la reforma de la ley del aborto
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha confirmado con sus palabras lo que parecía ser un secreto a voces a la vista de quien realizaba las declaraciones: sólo el Ministerio de Justicia, con su titular, Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, es el único departamento que está elaborando la nueva ley del aborto. Durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, Mato ha reconocido que su departamento no tiene más que decir que lo “planteado” por Gallardón, “con el que coincido”, y “cuando esté elaborado el texto este ministerio colaborará con él”.
La ministra no se ha salido ni una coma de todo lo ya dicho por el titular de Justicia acerca de la reforma de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “La futura ley cumplirá la convención de Naciones Unidas sobre el derecho a las personas con discapacidad”, ha explicado, como en repetidas ocasiones ha hecho Gallardón para justificar la eliminación del supuesto por malformación fetal. “Seguirá los criterios fijados por el Tribunal Constitucional” y “modificará la situación de las menores que ahora deben enfrentarse a una situación tan difícil sin el apoyo de su padres”, ha continuado. Los datos demuestran, sin embargo, que la mayoría de chicas de 16 y 17 años que deciden abortar lo hacen acompañadas de sus progenitores. Según un estudio elaborado en 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), apenas un 13% (sobre una muestra de 1.186 jóvenes) alegó razones como riesgo de sufrir malos tratos, padres abiertamente contrarios al aborto provocado o que vivían en otros países. Así se lo ha recordado la diputada del BNG y portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Igualdad, Olaia Sánchez Dávila, quien recordó a la ministra que precisamente la ley de plazos modificó la autorización del permiso paterno para dar cobertura a la chicas “que no tienen ese apoyo familiar”.
Al igual que Gallardón, Mato también ha apelado a la mayoría de los ciudadanos que votaron el programa electoral del PP para emprender la reforma, algo que le han criticado tanto PSOE, como Izquierda Plural y Grupo Mixto. “Una cosa es que tengan la mayoría parlamentaria y otra que tengan el voto de todos los ciudadanos”, le ha respondido Sánchez Dávila, quien también ha recordado que la actual ley de plazos fue aprobada por la mayoría de diputados con el voto en contra del PP. Así también se lo ha subrayado el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, cuyo grupo votó a favor de la ley de plazos, y quien ha acusado al Gobierno “de estar jugando a dos cartas”, por no esperar al fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso a la actual ley que presentó el propio PP. El diputado vasco ha criticado que sea solo el departamento de Justicia quien esté elaborando el nuevo texto: “Esto quiere decir que judicializarán la nueva ley”. En este sentido, la portavoz socialista, Carmen Montón, ha criticado que la futura reforma “no contemple medidas de salud y educación sexual como sí hace la actual”. Cuando en septiembre de 2008, el entonces Ministerio de Igualdad anunció la elaboración de una nueva ley del aborto, el comité de expertos que elaboró el texto, estaba formado, además de por juristas y médicos, por miembros de los tres ministerios implicados: Sanidad, Justicia e Igualdad.
A pesar de que la mayoría de las peticiones de comparecencia de la ministra planteadas por la oposición trataban de la nueva ley del aborto que elabora el Gobierno, todos hicieron mención a las cuatro mujeres muertas por violencia machista en la última semana y reclamaron al Gobierno más esfuerzos en este sentido. Mato puso sobre la mesa la Estrategia Nacional de Erradicación de Violencia de Género, avanzada por su departamento el fin de semana pasado, que según señaló cuenta con una dotación de 1.539 millones de euros. La diputada socialista acusó a la ministra de “improvisar una Estrategia al estilo que acostumbran, sin consenso de nadie, con las organizaciones de mujeres, ni con los grupos políticos”.
Durante su comparecencia, Mato ha planteado además a los grupos parlamentarios elevar la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales de 13 a 16 años. Esta medida, según ha recordado, forma parte del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, y cuyo uno de sus objetivos es luchar contra los abusos a menores.
