El Gobierno pone la multa mínima a los Aznar-Oriol por construirse una mansión en el Parque Nacional de Cabañeros
Máxima infracción, mínimo castigo. Las obras con las que la familia Aznar-Oriol convirtió una casa en su mansión en el Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real, suponen una “falta muy grave”, según el Ministerio de Medio Ambiente. Pero la propuesta del instructor del expediente es que la multa sea la mínima que contempla la ley: 201.000 euros, según el documento de Parques Nacionales que ha podido examinar eldiario.es. La ley permite pedir hasta dos millones de euros.
Alejandro Aznar, que preside el grupo naviero Ibaizabal y las bodegas Marqués de Riscal además de estar casado con la ex presidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol, es dueño de una finca en el corazón del parque. Allí existía anteriormente una casa. En 2010, la sociedad a cuyo nombre está registrada, Inmobiliaria del Bullaque, pidió permiso para mejorar los aislamientos, la calefacción y los saneamientos de la vivienda. Obtuvo el visto bueno. Pero aprovechó las obras para construir al lado un aparcamiento y una explanada para eviscerar reses. Ambas infraestructuras superan los 1.000 m cada una. La ley de creación de este espacio protegido prohíbe “la construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley”.
Una vez concedida aquella licencia de obras hace cinco años, los Aznar-Oriol se sintieron libres para hacer y deshacer en el terreno con máxima protección medioambiental. A pesar de que los trabajos requerían la entrada de maquinaria, grúas, materiales de construcción y el trasiego de los operarios, no hubo control alguno sobre cómo marchaban las obras por parte de los responsables medioambientales que gestionan Cabañeros.
Un tardío expediente sancionador
Así que hasta que la cuestión de la mansión no saltó a luz pública, el Ministerio de Medio Ambiente fue, al menos oficialmente, ignorante de lo que se fraguaba un territorio de su competencia. La inspección se personó en la casa el 14 de noviembre de 2014, según los hechos que relata la propuesta de resolución. Cinco días después se inició el expediente sancionador.
Inmobiliaria del Bullaque, la titular de la propiedad, es una sociedad que se dedica a “la caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas”. Su administrador único es un abogado que ejerció ese mismo cargo –hasta 2010– en la Naviera Urbasa, una sociedad subsumida en el grupo Ibaizabal que preside Aznar. Para la inmobiliaria, construir un párking para 16 coches y una campa donde vaciar venados abatidos en las monterías que todavía se permiten en Cabañeros ni “incumple” las leyes medioambientales; ni deteriora el paisaje; ni causa daño, según alegaron en el expediente.
A pesar de todo eso, la empresa trató de convertir en legales las obras a posteriori. La inmobiliaria presentó una solicitud para llevar a cabo ambas construcciones tras la visita de la inspección y cuando ya las tenía más que avanzadas. La petición entró en el registro del Parque Nacionales el 5 de diciembre de 2014. En sólo cinco días hubo un informe técnico por parte de Cabañeros que ha venido a considerar las dos infraestructuras “mejoras ambientales”. ¿Por qué? Porque un aparcamiento evitará, dicen, el deterioro causado por el movimiento de vehículos y la explanada recogerá mejor los restos de las cacerías.
Estrategia de hechos consumados
Está práctica de hechos consumados es habitual por parte de los Aznar-Oriol a la hora de administrar sus fincas en suelos protegidos. En diciembre de 2014 presentaron, mediante otra empresa, Ibaizabal de Cartera, un estudio de impacto ambiental para legalizar la construcción de una cancha de polo en el corazón del Parque Regional del Río Guadarrama en Madrid. La han hecho pasar por una explotación ganadera con paseos a caballo. En realidad, crearon una pista donde se celebró, seis meses antes de que se presentara el estudio, uno de los trofeos “más importantes” de la “temporada internacional del Madrid”, según la federación de polo: el Abierto Aznar.
Pero el procedimiento de legalizar retroactivamente les da réditos. El instructor de la sanción del ministerio hace constar la solicitud de autorización para que, a pesar de no eximir de responsabilidad, se modere el castigo. La opinión de la dirección del parque sobre los daños de las obras le sirve a Medio Ambiente para terminar por solicitar la multa mínima.
Además del expediente del ministerio, el caso de las construcciones sin licencia en esta finca está pendiente de una investigación penal. Tres organizaciones ambientales (Seo-birdlife, Ecologistas en Acción, WWF Adena) denunciaron ante la fiscalía las obras. Según su escrito es “inaudito que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañeros y que todo el proceso de autorización esté plagado de sombras cuando no de evidentes irregularidades”.
