Cataluña y Madrid no se aclaran sobre si los menores extranjeros han de pagar la sanidad pública

El bebé de Louela Aparece Bautista, una mujer filipina con residencia legal en España, tenía poco más de un mes cuando pasó por quirófano de urgencia, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el pasado marzo. El intestino del pequeño Philip John corría peligro debido a una hernia, con riesgo de perforación. Antes de que atendiesen al bebé, la familia tuvo que firmar un compromiso de pago en el hospital, una demanda ilegal en la atención en urgencias. Además, el caso cuenta con un agravante: los menores de 18 años tienen reconocida por ley la asistencia normalizada por el servicio de salud pública.

“Nos dijeron que como el bebé no tenía tarjeta sanitaria, teníamos que pagar la atención”, cuenta Louela Aparece Bautista en una conversación telefónica. Para obtener la tarjeta sanitaria han tenido que esperar hasta conseguir el pasaporte del pequeño, que ha tardado varios meses en tramitarse. Durante ese tiempo, Philip John no ha tenido pediatra asignado de referencia. El médico que lo ha atendido durante este tiempo, en un centro de salud céntrico de Barcelona, lo ha hecho de manera informal.

Según cuenta la madre, en el Hospital Sant Joan de Déu les dijeron que, una vez con la tarjeta, podían intentar revocar la deuda. Es el próximo paso que dará la familia, al igual que con otro compromiso de pago que se vieron obligados a firmar en el Hospital del Mar. Cuando Philip John cumplió dos días de vida, su piel tomó un color amarillo que alertó a sus padres. Acudieron a urgencias y el coste de esa atención asciende a “50,83 euros”, lee la madre en el recibo.

“Lo peor es que se está vinculando el derecho a la atencion a menores y el derecho a la atención urgente a tener la tarjeta sanitaria”, denuncia Iko, activista de la Pasucat, una plataforma catalana en defensa de la sanidad universal. La atención urgente y la suministrada a menores de edad y a embarazadas son las tres excepciones que incluyó el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, entre las que abundan los inmigrantes sin permiso de residencia. Para los niños, la norma recoge lo siguiente: “En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

Por su parte, “el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) se ha comprometido a aclarar las instrucciones dirigidas a sus centros sanitarios”, indica Iko, satisfecho con las consecuencias de la presión del colectivo. Tras una reunión con la Pasucat, los responsables de Sanidad redactaron una circular que ha podido ver eldiario.es, que recuerda las tres excepciones y exige la asistencia a estos grupos aunque no tengan tarjeta sanitaria. No obstante, una mención del texto a “la situación de vulnerabilidad” de niños y embarazadas inquieta a la plataforma, desde donde creen que puede contribuir a alargar la confusión.

En respuesta a este medio sobre las irregulridades, fuentes del CatSalut se limitan a afirmar que la cobertura pública a “los menores inmigrantes está garantizada y, por lo tanto, no hay un protocolo específico de atención”. Sin embargo, más casos alertan de que esta información no está tan clara en la atención directa a los pacientes.

También en Barcelona, Sara Swamson, de nacionalidad sueca, vive en España desde hace 12 años y dirige un negocio junto a su pareja, Soledad, en la ciudad catalana. Su hijo Love nació el 27 de enero y a día de hoy sigue sin tarjeta sanitaria y sin pediatra asignado. “Nos pedían el pasaporte y no lo hemos conseguido hasta pasados seis meses”, cuenta a este diario. El 27 de julio, las madres llevaron a Love a las urgencias del Hospital del Mar, con más de 39 grados de fiebre, donde se repitió la advertencia de facturación. “Nos dijeron que nos enviarán la factura a casa”, continúa Sara.

Irregularidades tras dos años de decreto

Aun sin tarjeta sanitaria, estos tres supuestos deberán recibir una asistencia gratuita, algo que “no se cumple en muchos casos”, denuncia Iko. En la Pasucat han registrado toda clase de irregularidades, a través de un buzón de incidencias: desde la falta de asignación de un médico por no tener cierta documentación hasta la facturación en urgencias.

Sus quejas remitidas al Sindic de Greuges (el defensor del pueblo de Cataluña) dieron lugar a una actuación de oficio de la institución. “Estamos investigando si los hospitales y centros de salud están cumpliendo lo que recoge el real decreto sanitario”, responde un portavoz del Sindic. Además, hay otra investigación abierta a propósito de la atención a embarazadas, afirma un portavoz del Síndic.

“Queremos que se informe de manera clara de que todos los menores tienen derecho a ser atendidos sin condición alguna”, reitera el miembro de la Pasucat. Iko recuerda lo contradictorio de la desatención a niños en Cataluña, una región que ha regulado para ampliar la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia. Aquellos sin recursos suficientes que lleven más de tres meses empadronados en algún municipio de la comunidad podrán acceder a la red pública. “Lo paradójico es que se estén incumpliendo los mínimos de una ley más restrictiva”, critica el activista.

Pero la desatención no es exclusiva de Cataluña. En Madrid, la asocicación Yo Sí, Sanidad Universal es una de las encargadas de recopilar los casos de exclusión. Así, el pasado abril una pareja de nacionalidad boliviana en situación irregular llevó a su hija con 19 días de vida a las urgencias del Hospital Doce de Octubre. La doctora que atendió al bebé relata a eldiario.es que “llegó con un 25% de deshidratación y desnutrición. La leche de la madre no era suficiente para la niña”. La pequeña ingresó en la UCI del centro. “Los padres fueron a pedir cita para la revisión de los 7 días, en el centro de salud de Paseo Imperial, pero no la atendieron por no tener tarjeta sanitaria”, prosigue.

Fuentes de la Consejería de Sanidad afirman que “están revisando el caso” y que están trabajando “para aclarar las posibles dudas que pueda plantear el real decreto 16/2012”. En cualquier caso, la portavoz apunta que “el protocolo de la Comunidad de Madrid es atender a todos los menores de 18 años como si tuviesen tarjeta”.

La médica que asistió a la niña recuerda el riesgo de la desatención en estas edades: “En el estado en el que ingresó la bebé puede haber secuelas en el aprendizaje, en el lenguaje y en las destrezas manuales finas, por ejemplo”, explica. Sara Swamson, como madre, insiste emocionada la necesidad de frenar esta situación: “Yo he tenido suerte de tener un hijo sano, pero ¿qué pasaría si no fuese así? No tenemos ni un especialista responsable de nuestro bebé”.