“El Estado sigue sin ser católico ni completamente laico”

El llavero de la Iglesia católica tintinea con fuerza estos días. En una misma argolla se guardan las llaves de las almas, las llaves de las arcas y las llaves de las aulas. Esta triple metáfora la recoge Ángel Luis López Villaverde, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, en su libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Libros de la Catarata, 2013).

Tanto poder en una sola anilla se explica, según el profesor, porque al disputar las almas, en España, poca competencia ha tenido la Iglesia. A las arcas ha accedido al serle otorgado un estamento privilegiado al menos hasta la Revolución Liberal y, posteriormente, gracias a los concordatos de 1851, 1953 y los acuerdos parciales de 1979. Sobre las aulas, no hace falta mucha explicación, basta revisar todas las leyes educativas, incluyendo la LOMCE, para intuir que ese lugar privilegiado que abre tal llavín es el espacio clave para “perpetuar su influencia social y moral”, según escribe el autor.

Durante la Transición se pretendió convertir el Estado español de católico a aconfesional. Si se trataba de cerrarle los picaportes al ama de llaves, la Iglesia no tenía intención de ponerlo fácil, por eso la relación Estado-Iglesia es un pulso diario entre el poder civil y el eclesiástico. En esta refriega, el “arma decisiva” de la Conferencia Episcopal son los acuerdos parciales con el Vaticano firmados en 1979, que le garantiza privilegios tributarios y educativos, explica López Villaverde.

Estos acuerdos son el marco y la base que aseguran, por ejemplo, la enseñanza de Religión en la escuela “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Aunque la asignatura de Religión es optativa para el alumno, es obligatoria para el centro. Ese dato, las Biblias y crucifijos en los juramentos de cargos políticos, la financiación a costa de los presupuestos generales, las excenciones tributarias o los salarios de los profesores de Religión pagados desde la bolsa común no ayudan a considerar este Estado aconfesional cuando otras confesiones no están equiparadas. “En la actualidad el Estado sigue sin ser católico ni completamente laico. La modernidad no ha producido laicidad”, según el autor.

Ya con el papa Pablo VI (1963-1978) se abandonó la táctica de adaptar el catolicismo a una sociedad secularizada. Con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, pero con los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI se trataba de culminar de manera decidida “un proceso de centralización eclesiástica para devolver la religión al centro de la vida pública y superar la debilidad anterior, fruto del proceso de secularización” explica López Villaverde. Tanto es así que, añade, “como ocurre con otras confesiones, se ha producido una reconquista religiosa del espacio público que, en el caso de la Iglesia, ha implicado una apuesta por ‘recatolizar’ la sociedad. Por eso, me temo que hay pocas esperanzas para la rectificación”, opina el historiador de cara a la elección de un nuevo Papa.

La actitud neoconservadora del episcopado español, con Rouco Varela a la cabeza, defiende su posición en los campos de batalla del aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual y la imagen de la Iglesia en materia de escándalos sexuales y beneficios fiscales. Pero la Conferencia va de la mano de la Santa Sede y ante un posible Papa de inclinación más progresista o moderada que los dos anteriores, la posición en los asuntos domésticos también puede cambiar.

“Como quiera que la jerarquía española ha sido muy obediente con las directrices romanas desde la creación de la Conferencia Episcopal, en 1966, su destino va unido al de la Santa Sede. Si en el tardofranquismo, la estrategia vaticana marcó la transición eclesiástica, primero en las bases y luego en la cúpula, que se adelantó a la política, el repliegue conservador de Juan Pablo II se acompañó de uno similar en el episcopado español, que, coincidió, además con la sustitución del llamado ‘cardenal del cambio’, Tarancón, y, sobre todo, con la llegada al poder del PSOE. De manera que, resumiendo, albergo pocas esperanzas de cambio en la Santa Sede pero no tengo ninguna duda que el camino que tome el sucesor de Ratzinger será el mismo que siga la Conferencia Episcopal Española”.

¿Estaría de acuerdo en decir que en el pulso postfranquista entre el poder civil y el eclesiástico no se ha completado la Transición? ¿Nos hemos instaurado, quizá, en una Transición eterna?

Yo formularía esta pregunta de otro modo. En realidad, el pulso entre el poder eclesiástico y el civil es tan antiguo como la propia institución. El desenganche de las bases católicas, laicas o sacerdotales, primero, y de la jerarquía, después, guiadas por los nuevos aires conciliares, posibilitó en España una transición religiosa que, como ya he comentado, antecedió a la política. Si en la República, Iglesia y democracia resultaron incompatibles, en los años setenta ocurrió exactamente lo contrario.

Es cierto que no hubo unanimidad democrática en la Iglesia de la transición. Recordemos que hubo obispos y asociaciones sacerdotales profranquistas. Como tampoco fue monolítica su estrategia antidemocrática en los años treinta. Pero las diferencias entre ambos periodos fueron abismales en el terreno de la colaboración o la confrontación de culturas políticas. El problema, a mi juicio, es que la jerarquía eclesiástica supo cómo actuar para romper sus lazos con el pasado dictatorial pero no ha sabido o querido actuar, dentro de una sociedad pluralista, con la generosidad de renunciar a un largo pasado confesional. De alguna manera, quiso pasar factura de los servicios prestados y contó con el giro neoconservador o neointegrista de Roma. El resultado ha sido una incompleta laicidad y lo que algunos sociólogos han denominado ‘litigios de frontera’ en el terreno educativo y familiar.

¿Por qué cedieron en materia de Educación los gobiernos de los dos presidentes socialistas?

La respuesta debe tener en cuenta, a mi juicio, el particular contexto que rodeó a los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Sus iniciativas encontraron una actitud que podría calificarse de beligerante por parte de una jerarquía, que volvió a rescatar la idea de Iglesia ‘perseguida’, debido a la legislación socialista sobre el aborto, la LODE, la LOGSE y, en la época de Zapatero, el matrimonio homosexual. Y los gobiernos socialistas interpretaron que podrían bajar la presión episcopal y/o reconciliarse con sus potenciales votantes católicos cediendo en los conciertos con los colegios religiosos y el mantenimiento de la obligatoriedad de la asignatura de la Religión para los centros. Aunque las respuestas aparentemente cortoplacistas suelen pasar factura a medio plazo. Y si las cesiones socialistas en materia educativa fueron notables, no menos lo fueron en el ámbito tributario, con una interpretación generosa del artículo 2.1 del acuerdo sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979.

La UE ha presionado a Italia para que la Iglesia pague el IBI, ¿por qué Europa no ha forzado eso mismo en España?

Desconozco los entresijos de la presión europea al Gobierno de Monti para obligar a la Iglesia italiana a pagar el IBI. Pero en España, además de los acuerdos citados, está la ley de Mecenazgo de 2002, que excluyó de su pago no sólo a la Iglesia católica, sino a las otras confesiones religiosas, fundaciones y asociaciones de utilidad pública o sin ánimo de lucro. Cuando aquí se alzan voces para que la Iglesia pague el IBI, esta responde recordando, con razón, que no es la única excepción en este caso. Ahora bien, en las actuales circunstancias, no sé si nos podemos seguir permitiendo que, tanto la Iglesia como el resto de asociaciones o instituciones, continúen manteniendo dichos privilegios tributarios. Los privilegios fiscales de estas sumados a los que disfrutan las grandes fortunas merced a las SICAVs obliga a que toda la carga tributaria recaiga en las rentas del trabajo que, como cada vez es más escaso, lleva al colapso fiscal. La Iglesia católica debería ser más generosa en este sentido, pero no sólo ella.

¿Cómo valora la influencia política de las organizaciones internas de la Iglesia en España?

La presencia de destacados miembros del Opus o de los Legionarios de Cristo en los gobiernos de Aznar y de Rajoy es de sobra conocida. También los beneficios que el pontificado de Juan Pablo II trajo para el Opus o el de Benedicto XVI para los kikos (Camino Neocatecumenal). Pero hay que estar atentos a otro de los ‘nuevos ejércitos’ de la Iglesia, Comunión y Liberación, a la que está ligado uno de los papables, el obispo de Milán, Angelo Scola. Sin embargo, los Legionarios han podido quedar tocados con el reconocimiento de los casos de pederastia de su fundador, Marcial Maciel.