La OCDE considera la fijación de un precio al CO2 una urgencia climática

La fijación de un precio a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) es para la OCDE una “urgencia” en la respuesta internacional al calentamiento climático, que además considera necesario reorientar las inversiones hacia un “crecimiento verde” con una reglamentación que lo incentive.

Estos son algunos de los mensajes destacados hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la primera jornada de su foro que precede a la reunión ministerial, que desde mañana tiene como uno de sus temas estrella el calentamiento global.

El secretario general de la organización, Ángel Gurría, se pronunció en el discurso de apertura por “crear una nueva economía” que requiere “nuevos incentivos, nuevas regulaciones” que “dignifiquen el modelo” para hacerlo compatible con el futuro del planeta, pero también con más justicia social.

Gurría hizo hincapié en que las desigualdades están a niveles inauditos, ya que el ingreso medio del 20 % de la población más rica representa 20 veces el del 20 % más pobre, cuando hace una generación era una relación de 7-8 veces.

“Esa desigualdad se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento”, advirtió, antes de enlazar con los desafíos que plantean los “desórdenes medioambientales” y que “las inversiones no pueden ignorar”.

En una síntesis preparada para el encuentro de sus ministros, la OCDE subraya que la atribución a las emisiones causantes del “efecto invernadero” de un precio “creíble a largo plazo constituye el pilar esencial” de la estrategia política en un año que terminará con la cumbre internacional sobre el cambio climático organizada por Francia.

Los expertos del conocido como “Club de los países” desarrollados insisten en que para limitar el calentamiento a 2 grados -un nivel que evitaría efectos irreversibles- las emisiones de CO2 tendrían que extinguirse de aquí a finales de siglo.

Y recuerdan que en la actualidad todavía dos tercios de las inversiones en oferta energética se concentran en los combustibles fósiles, que además reciben en los 34 países de la organización entre 55.000 y 90.000 millones de dólares de ayudas.

La ministra francesa de Ecología, que como anfitriona de la cumbre climática de París en diciembre preside las negociaciones, incidió en que poner un precio al carbono es “una necesidad” y, más en general, dijo que “hacen falta reglas estables para acelerar el movimiento, es lo que nos dicen las empresas”.

Se trata, también con la reglamentación, de dar visibilidad a las administraciones públicas y las empresas sobre los estímulos para la inversión en la transición energética hacia las renovables o en medidas de eficiencia energética, y de que todos los actores económicos tengan en cuenta el “riesgo sistémico” de los efectos del cambio climático, argumentó Royal.

La ministra francesa se mostró convencida de que “entramos en un mundo nuevo en el que los intereses de las empresas y del sistema financiero convergen con los intereses del planeta”, aunque puntualizó que eso requiere regulación para garantizar “una justicia climática”.

Hizo un repaso de algunas de las amenazas más conocidas del cambio climático, y en particular la subida del nivel del mar que afecta a Estados insulares o a países que, como Bangladesh, podrían perder un tercio de su territorio donde viven decenas de millones de personas.

Royal señaló que “aunque unos están expuestos más que otros, ningún país está al abrigo”, y que en cualquier caso “la inacción sale cara” frente al calentamiento climático, y todos los estudios la cifran “en tantos por ciento del PIB y en miles de millones”.