Los gobiernos de Rajoy llevan cinco años sin convocar el foro creado para prevenir el acoso escolar
El aumento del acoso escolar en nuestras escuelas, el llamado bullying, sigue creciendo en España. El informe de ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) es demoledor y alerta de que en 2016 se registraron 1.170 casos de acoso escolar, lo que supone un aumento del 104,2% respecto a 2015.
No solo ANAR, también Save Children revela datos muy preocupantes sobre el perfil del acoso, y apunta a una clara tendencia al alza de las agresiones físicas fuertes, el aislamiento, los robos y las amenazas entre los escolares.
Pero, pesar de estos datos, el Ministerio de Educación no ha puesto en marcha todos los recursos para atajar el problema. Prueba de ello es que, desde que gobierna Mariano Rajoy, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar no se ha reunido nunca. Ni durante la etapa de José Ignacio Wert, ni tampoco desde que tomó las riendas del departamento Íñigo Méndez de Vigo. El real decreto que todavía lo regula establece que lo haga “al menos una vez al año”.
No obstante, el actual ministro se ha tomado más interés que su antecesor. De hecho, en enero de 2016 el Ministerio de Educación y Cultura presentó el Plan Estratégico de Convivencia Escolar con más de 70 medidas, entre las cuales destacaba la intención de realizar cambios en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
A tal efecto, se anunció un proyecto de real decreto para, entre otras cosas, modificar su composición con el fin de “agilizar su funcionamiento”. Pero aquel decreto no ha llegado siquiera a publicarse en el BOE. Los cambios no afectan, según el borrador presentado, a la obligación de convocarse cada año.
Un órgano creado por el Gobierno de Zapatero
El Observatorio Estatal de Convivencia Escolar fue creado en 2007 por el anterior gobierno socialista que presidió José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre los objetivos del este organismo estatal figura “contribuir a la mejora de la convivencia escolar desde la observación y el seguimiento de las problemáticas e iniciativas relacionadas con la convivencia en los centros de enseñanza no universitaria”.
Además, dentro de ese Plan Estratégico, el Gobierno se comprometía a “elaborar un informe anual para el Consejo Escolar del Estado y otras instituciones sobre el estado de la convivencia escolar y planteamiento de medidas a aplicar para su mejora”.
La iniciativa fue recibida positivamente por la comunidad educativa, en donde se sigue con gran preocupación el aumento de casos de bullying en las escuelas y se considera urgente aumentar la dotación de recursos para abordar este tema y muchos otros que afectan al ámbito escolar.
Sin embargo, los buenos propósitos del ministro han quedado hasta la fecha en agua de borrajas. El Observatorio no se ha reunido ni una sola vez desde que en 2012 comenzó a trabajar el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según denuncian no solo la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) sino también los principales grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Sin reunión con el ministro
En declaraciones a eldiario.es, Carles López, presidente de CANAE, asegura que están “realmente preocupados por la situación”. “Le hemos enviado varias cartas al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, pidiéndole una reunión para abordar toda la temática educativa pero dice que no tiempo para recibirnos”.
“La convivencia escolar en las aulas debe de ser una problemática de todos. La ley además dice que se debe hacerse un informe anual que tampoco se elabora”, recuerda López. “Nosotros creemos que esto debe de ser una prioridad y no entendemos esa falta de voluntad del ministro”, añade.
Pero no son solo los representantes del sector estudiantil son los que están presionando al ministerio. Los principales grupos de la oposición en el Congreso llevan tiempo exigiendo al ministros a través de distintas iniciativas parlamentarias que reúna cuanto antes el Observatorio.
¿Qué motivos hay para tanta dejadez? El Ministerio de Educación explica que están pendientes “de la llegada de informes preceptivos de otros departamentos para posteriormente enviarlo al Consejo de Estado. Lógicamente, cuando esté finalizado el procedimiento de ese Proyecto podrá darse el paso siguiente”, dicen en un escueta nota.
Iniciativas de los grupos de la oposición
Uno de los grupos más activos en el empeño de denunciar estos incumplimientos de Méndez de Vigo ha sido Ciudadanos. El pasado mes de septiembre, la portavoz en la Comisión de Educación del grupo naranja, Marta Martín, se dirigió por escrito al Gobierno alertando del incremento de casos de acoso escolar en nuestro país. “A pesar de esta gravísima situación que afecta a cientos de miles de niños y que no parece estar ralentizándose, no entendemos que el Gobierno no haya hecho uso de este órgano y, mucho menos, que ni tan siquiera se haya molestado en convocarlo”, lamenta en su escrito.
Martín expone que “el último estudio presentado por la Universidad Miguel Hernández (UMH), un 50% de los jóvenes con menos de 18 años sufren episodios puntuales de ciberbullying en los centros escolares”.
También explica que “recientes encuestas dicen que un 5% de estos jóvenes afirma haber llegado a tener pensamientos suicidas”. “Estos comportamientos, de acuerdo con el informe 'Riesgos y oportunidades en Internet y uso de dispositivos móviles entre menores', han pasado a afectar al 12% de niños y niñas de 9 a 16 años, cifra que dobla el porcentaje respecto a otro informe similar de 2010.
A nivel comparativo en relación con otros países, la OMS en 2016 situó España en séptima posición en el ránking de países donde los niños de 13 años han recibido amenazas o insultos al menos dos o tres veces al mes, por detrás de países como Lituania, Rusia o Bulgaria, de entre los 42 países de Europa y América del Norte analizados en el informe.
En mayo, la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso aprobó instar al Gobierno a ejecutar un plan de convivencia escolar antes de acabar el curso escolar “para la prevención y detección del acoso escolar, así como la atención a las víctimas”.
También el PSOE ha estado muy pendiente de este tema. La portavoz del grupo, Marí Luz Martínez Seijo, señala que en octubre presentaron una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a “aprobar un Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y Combatir el Acoso Escolar, en colaboración rigurosa con las comunidades autónomas, que priorice la promoción, desarrollo y fomento de la convivencia escolar”.
Entre otras cosas, a juicio del PSOE, dicho Plan debería incluir “acciones de prevención e intervención sobre la violencia de género en la adolescencia; acciones de educación a los alumnos y alumnas para que realicen un buen uso de las TIC evitando sus riesgos y amenazas para prevenir el ciberacoso; y acciones dirigidas a los medios de comunicación, de modo que la transmisión de noticias sobre acoso escolar respondan a la realidad del problema y no creen una alarma innecesaria”.
Además, los socialistas invitaban a que dentro del Plan Estatal, “el Gobierno elabore un Protocolo de Actuación Contra el Acoso, donde se trabaje la convivencia y se dote de competencias al alumnado para saber relacionarse desde el respeto, la paz y el rechazo de todo tipo de violencia”. Todo ello con la financiación necesaria para poder llevar a cabo con éxito todas las medidas que propiciaran, entre otras cosas, “redes de apoyo” y “planes de alerta”.
Por su parte, la diputada de Unidos Podemos, Rosana Alonso, coincide en la “urgencia” de que que se ponga en marcha una reunión del Observatorio. “Creemos es un tema de interés social que debe estar incluido en el Pacto de Estado por la Educación”.
Alonso incide en que la problemática del acoso escolar “requiere unas medidas más amplias, programas concretos dirigidos a las familias y a los alumnos y profesionales que aborden la problemática para parar el acoso”.
Su grupo, según recuerda la diputada, presentó en octubre del año pasado una Proposición No de Ley en la que solicitaron “que se estableciera un Plan general dentro de la ley educativa que contemple todos estos factores. Y con una metodología más participativa porque el bullyng un problema social en el que debe involucrarse toda la comunidad educativa”.
Alonso, remarca que las políticas debe ir dirigidas sobre todo “a la prevención y detección precoz del acoso, no solo a la intervención”. La diputada de Unidos Podemos, no obstante, alerta de que cualquier cambio en la composición del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar debe hacerse por consenso.
Reunión del Pleno del Consejo Escolar con el ministro
Reunión del Pleno del Consejo Escolar con el ministroEn la última reunión del Pleno del Consejo Escolar del Estado en donde nuevamente había sobre la mesa una propuesta de CANAE para que el ministerio se decida a convocar de forma urgente el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar.
Los miembros de la confederación estudiantil salieron contentos de la reunión, primero, porque a la cita acudió el ministro y, segundo, porque fue aprobada su petición, aunque de momento no se ha cerrado ninguna fecha.
De la reunión también salió el compromiso de que “Consejo Escolar del Estado representará la voluntad de la Comunidad Educativa en la confección del Pacto Educativo”. Esto significa que “la Subcomisión del Congreso facilitará este proceso y que el Ministerio deberá dar valor a las propuestas que resulten del órgano”.
También se aprobó -según una nota emitida posteriormente por la confederación de estudiantes- “una revisión del sistema de becas para introducir complementos 'no económicos' y que el Ministerio de Educación evitase la inestabilidad que supone la situación actual de las pruebas finales de etapa”.
Igualmente “se aprobaron propuestas pidiendo que los presidente de los Consejos Escolares -tanto de centro, como autonómicos y del Estado- sean elegidos por sus miembros y entre los miembros de su pleno o que el Ministerio inicie una negociación para avanzar hacia un estatuto del Estudiante no universitario”.
El ministro, por su parte, abogó porque el pacto educativo que se está trabajando en el Congreso sea “de todos” y no solo “de un partido político, un Gobierno o un Ministerio”. En definitiva, un modelo que esté “alejado de la contienda partidista”.
