Organizaciones feministas denuncian que los Presupuestos “agravan” la desigualdad de género
Más de 80 organizaciones feministas, encabezadas por la Plataforma Impacto de Género Ya, han presentado su propia evaluación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, de los que concluyen que “agravan la desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres” tras analizar varias partidas del proyecto presentado el pasado 4 de abril.
Los colectivos denuncian “la incongruencia” entre el Pacto de Estado contra la violencia machista que se está gestando en el Congreso de los Diputados con el gasto presupuestado en prevención, que ha aumentado un 9,9% al pasar de los 25,2 millones de euros en 2016 a los 27,7. Por tercer año consecutivo se incrementa, pero sigue sin alcanzar los niveles de 2010, cuando se empezó a recortar.
Por ello, el movimiento feminista cree que no se está dando “el aumento significativo de recursos” que exige “la persistencia de la violencia, las multitudinarias manifestaciones y la raficación del Convenio de Estambul del Consejo Europa”. Además, denuncia que sigue sin destinarse un presupuesto específico para la aplicación de los artículos de la ley integral de 2004 que obligan a incluir la igualdad en el sistema educativo a través de materiales y asignaturas, formación del profesorado o el nombramiento de un responsable de igualdad en el Consejo Escolar.
Aunque ascienden las transferencias a las comunidades autónomas para poner en marcha programas de asistencia social, jurídica y psicológica a las víctimas, los colectivos aseguran que “es insuficiente” para los 2,4 millones de mujeres que según la Macroencuesta elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2015 viven situaciones de violencia machista. Estas transferencias contemplan 5,7 millones de euros, es decir, 2,3 euros al año por cada mujer.
El manifiesto, que será presentado a los partidos políticos, incide en que la congelación del gasto destinado al programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres denota “una falta de objetivos y de peso político” de este asunto al quedarse en los 19,7 millones, igual que en 2016. La partida lleva reduciéndose de forma consecutiva –excepto un año– desde 2006, cuando se destinaron 50,7.
Para 2017 se han suprimido las transferencias específicas a entidades locales para desarrollar programas de formación y fomento del empleo femenino y aumenta el dinero destinado a los programas para incentivar los planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas hasta situarse en 1,2 millones de euros. En 2016 se presupuestaron 900.000 euros, pero la partida fue suspendida como consecuencia de los recortes de Hacienda, que provocaron también la cancelación de otras dos líneas de financiación para igualdad.
La dependencia no remonta
También señalan que los Presupuestos fomentan “una estructura laboral y familiar que no contribuye a que los hombres cuiden en igualdad y las mujeres no sean discriminadas en el empleo” porque, a pesar de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad, sigue siendo inferior al de maternidad –16 semanas– y piden que se apruebe una reforma de los permisos para que sean iguales, intransferibles y pagados al 100%.
Por otro lado hacen hincapié en que el aumento destinado a Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) no cubrirá a las 300.000 personas que siguen esperando las ayudas a pesar de que han sido reconocidas como beneficiarias. La partida se ha incrementado en 100 millones y ha pasado de los 1.252 a los 1.355 millones, un alza “insuficiente” para las personas con dependencia, cuyo cuidado “sigue recayendo en las mujeres de su familia”, aseguran.
Sobre la partida destinada a Educación, que ha aumentado un 1,7% respecto a 2016, destacan el dinero para educación compensatoria (apoyo educativo) y formación permanente del profesorado, lejos de recuperarse, continúa cayendo con recortes de más del 10% y que la Educación Infantil y Primaria se ha recortado de 161 a 159 millones.
Las organizaciones feministas firmantes también denuncian que el informe de impacto de género que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado “no analiza” la sección destinada a programas presupuestarios de la Seguridad Social cuando las pensiones cuentan con un “marcado sesgo de género” debido a que “la menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres” llevan a que la pensión media de ellas “sea más baja que la de los hombres”.
Por último, señalan que la aplicación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva “es casi nula” debido a la falta de un presupuesto específico.
