El PP rechaza nuevas medidas antidesahucios aunque las actuales llegan a un mínimo de afectados
El PP cierra la puerta a nuevas propuestas para paliar el drama de los desahucios. Su intención, como ha avanzado el ministro de Economía Luis de Guindos en las últimas semanas, pasa por estirar las medidas ya puestas en marcha cuyo impacto, con los datos sobre la mesa, es cuanto menos discutible. Este mismo miércoles rechazaban en el Congreso la moción de la Izquierda Plural, consecuencia de una interpelación, en la que la coalición reclamaba al Gobierno que moviera ficha para reforzar la protección de las familias que pierden su vivienda.
“No es justo que se diga que el Gobierno no está haciendo nada, porque desde el primer minuto ha sido el primero en tomar medidas a favor de los deudores hipotecarios al ser consciente de la gravedad del problema”. El portavoz del PP, Ernesto Aguiar, se apresuró a recordar lo que sí ha hecho su partido para frenar el problema, aunque quizá el debate no está en el qué sino en el cómo.
En noviembre de 2012 y a rebufo del movimiento antidesahucios, el Ejecutivo dio salida, vía decreto ley, a una serie de medidas de urgencia para “reforzar la protección a los deudores hipotecarios”. Entre ellas estaba la moratoria de dos años para ejecutar el desalojo de las viviendas habituales, vendida como una de las políticas sociales estrella de una legislatura marcada por los recortes.
Unos meses más adelante, esta y otras nuevas soluciones, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias o la creación de un Fondo Social de Vivienda, quedaron plasmadas en una ley cuya efectividad ha sido muy cuestionada por parte de los movimientos sociales, por la oposición y hasta por el mismo partido que la puso en marcha. Y es que los datos aportados por el Ministerio de Economía dejan al descubierto los efectos ínfimos de las que fueron medidas estelares y ahora hacen aguas.
Tanto es así que, más allá de una comunicación oficial de las cifras, el Gobierno ha preferido no publicitar esos números. Según la cartera dirigida por Luis de Guindos, 26.000 familias han podido acogerse a alguna de las ayudas hasta hoy. En concreto, 10.000 han logrado reestructurar su deuda, 3.000 han conseguido la dación en pago, 12.000 se han acogido a la moratoria de dos años y 1.465 han accedido a una vivienda del Fondo Social.
Falta de transparencia
Son datos que, aunque bienvenidos, contrastan con la dureza con la que el drama de los desahucios ha golpeado en los últimos años. Un impacto que, a pesar de su vigencia actual, todavía es difícil de contabilizar. Las cifras ofrecidas por varios organismos como el CGPJ, el Banco de España y ahora el INE, bailan en función de la vara de medir.
Además, el resultado de las políticas del Gobierno para frenar los desalojos es imposible de valorar porque ni ciudadanos ni tampoco expertos pueden acceder a esos datos. El Ministerio de Economía es reticente a mostrar la relación entre el número de personas que han solicitado adherirse a alguna de sus ayudas y las que lo han conseguido. Esta cartera únicamente ha informado a eldiario.es de que han recibido 3.250 solicitudes para acceder al Fondo Social de Vivienda. De ellas, se han aprobado el 45% porque, según Economía, “el resto no cumplen con los requisitos exigidos”.
Las exigencias sociales para poder adherirse a este alquiler reducido ya tuvieron que flexibilizarse el pasado mes de mayo. Aunque las económicas se han mantenido –tres veces el IPREM (unos 1.500 euros mensuales)–, el hostigamiento de las críticas obligó a la Comisión de Seguimiento y Coordinación del Fondo Social de Vivienda a dar entrada a unidades familiares con hijos menores de 18 años (hasta entonces era imprescindible que los menores tuvieran tres años o menos), personas en situación de dependencia o discapacidad (antes era necesario que fuera del 33% o superior), o personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que a través de un aval hayan asumido la deuda de sus hijos o nietos.
Esta ampliación ha facilitado que el número de familias beneficiarias haya aumentado ligeramente. Un mes antes de que se hiciera efectiva, por ejemplo, solo 410 viviendas de las 6.000 que componen el Fondo Social habían sido entregadas. Un semestre después, ese número es más del triple. Sin embargo, miles de personas siguen sin encontrar en la administraciones soluciones efectivas a su situación y echan el pulso a una realidad que se vuelve en su contra con la única ayuda de las plataformas antidesahucios.
El 3,5% de los desahuciados se acogieron a la moratoria
Desde enero de 2008 hasta junio de 2014 –la última actualización de datos– se contabilizaron en España 346.784 lanzamientos, según las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si la moratoria para aplazar los desahucios, una medida a la que pueden acogerse las personas desalojadas a partir del 1 de enero de 2008, ha permitido la suspensión de 12.000 de ellos, eso significa que los beneficiados representan apenas el 3,5% del número de familias expulsadas de sus viviendas en el periodo que abarca la ayuda.
Si hacemos el mismo cálculo con el porcentaje de personas con acceso a un alquiler reducido, las cifras no mejoran demasiado. Según los datos de Economía, solo el 1,4% de las familias desahuciadas en los meses que lleva en vigor la medida –desde enero de 2013– está viviendo hoy en una de estas casas. Los cálculos son aproximados, porque los datos no distinguen entre tipos de vivienda y no corresponden exactamente al mismo plazo temporal (el número de desahucios es hasta junio y la suma de beneficiarios llega hasta diciembre).
De momento, Luis de Guindos ha anunciado que la prórroga de la moratoria ya es efectiva hasta mayo de 2015 (dos años después de la entrada en vigor de la ley). Una vez que se cumpla ese plazo, todo son incertidumbres. Probablemente, y según se desprende de las palabras del ministro, se seguirá alargando. Mientras, al no haberse abordado la cuestión de la deuda con una ley de Segunda Oportunidad –una de las peticiones de la Izquierda Plural–, las cantidades que deben las familias al banco van engordando, lo que podría implicar, de cortarse en algún momento la moratoria, un aumento considerable de los lanzamientos hipotecarios que han ido quedando en la reserva.
