El PP no quiere abrir los comedores escolares en verano para “no marcar” a los niños

No estigmatizar a los niños en riesgo de pobreza. Es el argumento en el que se amparan la mayoría de comunidades autónomas que han anunciado que no abrirán los comedores escolares durante los meses de verano. Y lo hacen desoyendo la recomendación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que los menores en una situación vulnerable “no se vean privados de una alimentación adecuada cuando termine el curso”.

La última que ha hecho pública la decisión ha sido Galicia, precisamente con el argumento de que mantener abierto el servicio en la temporada estival podría “generar excesiva visibilidad”. O al menos así ha justificado el diputado popular Román Rodríguez el rechazo de la propuesta de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) que reclamaba la apertura de los comedores en julio y agosto.

Las familias en riesgo de pobreza de La Rioja tampoco podrán disponer de la ampliación del servicio de comedor en verano. Para el presidente de la comunidad, Pedro Sanz, quien califica la situación de “no tan grave”, que los niños acudan al comedor tras terminar el curso podría “marcarles de por vida”. “Vamos a intentar hacer una política que no sea populista y de enredar, sino más razonable y efectiva, que haga que, al final, las ayudas lleguen a las familias que estén en situación de pobreza y que tengan de este modo para su alimentación”, dijo Sanz.

Y esta premisa, la que desvía la atención hacia el colchón cada vez más delgado de los servicios sociales, es otro de los utilizados por los gobiernos regionales para mantener las mesas de comedor vacías en verano. Algunas comunidades, como Castilla y León, asegura que las familias que así lo precisan ya están atendidas por una red de protección ad hoc que se puso en marcha hace un año y medio.

Pero lo cierto es que en Madrid, por ejemplo, las familias más necesitadas denuncian que los servicios sociales están desbordados. La situación es tan preocupante que, en algunos colegios públicos, como el CEIP La Latina, las familias con más capacidad económica están ingresando dinero de forma anónima en la cuenta de comedor para ir subsanando las deudas de otras que no pueden hacer frente a las cuotas mensuales.

Precisamente en esta comunidad, las declaraciones del presidente, el popular Ignacio González, acaparaban hace unos días la atención mediática. “Aquí no hay un problema de desnutrición infantil”, justificaba (con trampa) para rechazar en el Parlamento autonómico la propuesta de que los comedores permanezcan abiertos para atender a la población en riesgo de pobreza. Pero este mismo viernes, en plena polémica, González ha reculado y ha anunciado que este verano las actividades que hacen los ayuntamientos “van a permitir que 28.000 niños también tengan comedor”.

“Politizar el problema, unas veces negándolo y otras utilizándolo como arma arrojadiza es intolerable. Todos sabíamos que el verano iba a llegar y es muy paradgmático que nadie se haya planteado esta cuestión mucho antes. No se ha trabajado en ello con la suficiente previsión”, opina Alberto Casado, coordinador de Campañas de Ayuda en Acción, una ONG que ha puesto en marcha actividades de ocio y campamentos infantiles con becas de comedor para los meses de verano.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció el año pasado, en el marco del plan de inclusión social aprobado en diciembre, que destinaría 17 millones de euros a proyectos impulsados por las comunidades autónomas para paliar la pobreza infantil. Hoy, ese dinero aún no ha llegado a las consejerías, aunque se prevé que lo haga a principios del mes de julio. Para recibir esa financiación, las autonomías tienen que presentar un proyecto específico al ministerio –algunas ya lo han hecho– en el que se detalle en qué se va a emplear la cantidad que les corresponde.

Andalucía y Canarias sí abrirán los comedores

En este mismo contexto, varias organizaciones, como Save The Children y Ayuda en Acción, advierten del número creciente de niños cuya única comida completa y equilibrada del día es la que consumen en el colegio. Solo el año pasado en Extremadura, una media de 407 niños acudieron cada día a los diez comedores escolares habilitados por la Junta. Para este próximo, sin embargo, el gobierno dirigido por José Antonio Monago aún no se ha pronunciado sobre el tema.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a los menores, pero también garantizarles una alimentación saludable. Y ambas cosas pueden ser compatibles. Si como sociedad no somos capaces de atender a las necesidades sin señalar con el dedo, entonces tenemos que plantearnos que tenemos un problema muy serio”, argumenta Alberto Casado.

“Lo que no ha quedado claro –añade– es que nosotros no reivindicamos la apertura de todos los comedores porque sí, sino que estamos buscando sinergias para alcanzar soluciones conjuntas con las administraciones. Tratamos de tejer redes para dar respuestas. En España los servicios sociales están desmantelados y la atención no llega. Y eso es una realidad. Este año, por poner un ejemplo, el recorte en las becas de material escolar ha sido del 40%”.

Canarias y Andalucía, por su parte, ya han anunciado que repiten la experiencia del año pasado. En las islas, el gobierno habilitó un programa de clases de inglés, al que acudieron 14.000 escolares, para evitar precisamente esa “estigmatización” que algunas regiones emplean como excusa. También Aragón ha anunciado que abrirá unos cuantos comedores en el periodo estival. Contará para ello, a falta de confimación, con una partida de 700.000 euros del Ejecutivo.

“Los profesionales, ya sean monitores, docentes o trabajadores sociales tienen herramientas para hacer que estos niños no se sientan diferentes al resto. Las familias que participan en nuestros programas durante el curso lo hacen de forma totalmente confidencial para evitar la exclusión de los chicos y chicas en el entorno cercano del cole”, explica Casado.

En comunidades como Cantabria y Baleares, los responsables políticos están dispuestos a estudiar la situación, mientras que el Gobierno de Murcia ha anunciado que pondrá los comedores a disposición de los ayuntamientos o de las organizaciones sociales que quieran hacerse cargo de su coste.

España es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía, según el informe de Cáritas Europa sobre el impacto social de las medidas de austeridad aplicadas en los países más golpeados por la crisis, presentado en marzo en Atenas. Un 29,9% de los españoles menores de 18 años viven al borde de la exclusión social. Un porcentaje que se amplía hasta el 33,8% en el último informe de la ONG Save the Children, hecho público un mes después.