Patrimonio acude a la Audiencia Nacional para impedir que eldiario.es acceda a un informe del Valle de los Caídos

El 30 de marzo de 2016, un juez sentenció en un fallo histórico que había que sacar los cuerpos de dos republicanos fusilados del Valle de los Caídos, el conjunto monumental franquista donde hay enterradas 33.000 personas, más de 12.000 de ellas sin identificar.

En algún momento entre esa fecha y el mes de septiembre, Patrimonio Nacional –encargado de la gestión del Valle– entregó al mismo jugado, el de Primera instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial, una misteriosa “documentación adjunta”, según consta en una providencia firmada por una jueza el 5 de septiembre de 2016. Ahora, para esquivar una resolución administrativa que le obliga a darla a eldiario.es, va a iniciar un pleito en la Audiencia Nacional.

Aunque la magistrada no relata qué contiene esa “documentación adjunta”, sí dicta que la rechaza y que se devuelva a Patrimonio. También ordena que no conste su contenido en los autos, ya que este organismo estatal dependiente del Ministerio de Presidencia “no es parte” en el proceso judicial, que por entonces ya estaba fallado en firme y que lleva un año sin ser ejecutado. 

eldiario.es se puso entonces en contacto con Patrimonio para conocer el contenido de ese texto sobre la exhumación de los Lapeña, ya que podría revelar la postura del Gobierno sobre la sentencia. Ante la negativa de facilitarlo, este medio hizo una petición al Portal de Transparencia y el 28 de septiembre la consejera gerente de Patrimonio volvió a negar el acceso a esa información, ahora por la vía administrativa.

Patrimonio alegaba un presunto “perjucio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales” –pese a que no es parte– y también que esa información es de “carácter auxiliar”, de modo que quedaría fuera de la Ley de Transparencia.

Otra de las excusas en sus alegaciones es que esa documentación no contiene “ninguna visión u opinión política de la administración” ante la primera exhumación de la historia en el Valle de los Caídos. Dice que es “tan solo una mera comunicación pidiendo aclaración sobre la ejecución” de la sentencia. Sin embargo, y pese a considerarlo de poco interés informativo, se ha negado en dos ocasiones a proporcionarlo en un proceso de petición de información que ha durado siete meses, desde septiembre de 2016.

eldiario.es recurrió al Consejo de Transparencia, un organismo estatal independiente encargado del acceso a la información, que falló en una resolución del 12 de enero de este año que Patrimonio tenía que entregar este informe en el plazo de 5 días, dando la razón a este medio, cosa que Patrimonio nunca hizo.

Los motivos del Consejo son rotundos y la resolución, dura: no encuentra justificados ninguno de los motivos que se alegan y además afea a Patrimonio que utilice como excusa que hay datos personales en ese documento, ya que se pueden anonimizar.

Ahora, la única salida para no dar esa documentación e incumplir la resolución de Transparencia es llevar el caso ante la justicia ordinaria, concretamente poner un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, la instancia competente en este caso, como le recuerda el Consejo en su propia resolución. 

Patrimonio confirma a eldiario.es que es el proceso en el que está trabajando: llevar el caso a la justicia e impedir el acceso al documento, aunque se niega a dar su versión de por qué. El Consejo confirma también que ha recibido la comunicación de que el proceso y su resolución se lleva a los tribunales. 

Un contencioso de este tipo, aunque sea entre dos organismos de la administración, tiene coste extra para las arcas públicas. Hay que pagar a un abogado, que podría ser abogado del Estado o particular, un procurador y los costes del recurso, lo que algunos expertos cifran en una factura de unos 2.000 euros sin contar con que se tuvieran que practicar más pruebas en el proceso, lo que aumentaría el coste. 

La postura pública de Patrimonio ha sido justificar el incumplimiento de la sentencia en que se necesitan informes técnicos, anunciados hace un año pero que aún no están. La vicepresidenta ha justificado este miércoles en el Congreso el retraso precisamente en esta postura, que el abogado de los Lapeña considera una maniobra de retraso, por lo que ha denunciado a Patrimonio ante el Supremo por la no ejecución del fallo, que establece que se desentierre a Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, republicanos antifranquistas fusilados en 1936, para darles “digna sepultura” donde la familia decida, ya que sus cuerpos fueron trasladados a Madrid por la dictadura sin permiso de nadie para reposar junto a miles de cadáveres en una cripta sin nombre.