El exministro franquista Utrera Molina mantiene cinco medallas y distinciones de hijo predilecto
Retirada de todos los “honores y distinciones” otorgados en vida al exministro franquista José Utrera Molina. Es la petición que el abogado Eduardo Ranz ha elevado al Consejo de Ministros y los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Nerja. De no ser atendidas “en tres meses”, el letrado interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra estas instituciones.
De los “cuatro derechos de petición” elevados, al Consejo de Ministros se pide la retirada de las Grandes Cruces de Alfonso X el Sabio, del Mérito Civil, Mérito Militar con distintivo blanco y Mérito Agrícola, además de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. A Sevilla, requiere la eliminación de la medalla de oro de la ciudad, como a Málaga, donde añade la distinción de hijo predilecto. Nerja mantiene el reconocimiento de hijo adoptivo.
Utrera Molina fue enterrado días atrás y estos reconocimientos “deben ser retirados” tras el fallecimiento del homenajeado por la misma “entidad que los otorgó”, dice Ranz. Además, un grupo de falangistas entonó el 'Cara al sol', durante el cortejo fúnebre. El abogado especializado en derechos humanos entiende que fue “un acto de exaltación de la guerra civil y la dictadura” que “vulnera” la Ley de Memoria Histórica “con el agravante” de la presencia del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, yerno de Utrera Molina.
Imputado por crímenes del franquismo
“Según hemos conocido a través de la propia esquela de Utrera Molina, disfrutaba de diversos honores y distinciones otorgados a lo largo de su vida”, explica Eduardo Ranz. Mantener estos homenajes “supone una declaración de lesividad contraria a la jurisprudencia y el Código Civil”, sostiene. Los reconocimientos de este tipo “despliegan toda su eficacia jurídica durante la vida, cesando los efectos jurídicos con el fallecimiento y extinguiéndose con la muerte”, añade.
El ejercicio de este derecho fundamental de petición está basado en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica estatal, que en su artículo 15.1 dice: “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Además, la legislación memorialista amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecuciones o violencia durante el mismo periodo.
Utrera Molina estaba imputado en la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo por firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en marzo de 1974. La jueza María Servini llegó a pedir su extradición para juzgarle en Buenos Aires por delitos de lesa humanidad, algo que nunca ocurrió por los regates del Gobierno de España a la justicia del país austral.
