La reforma del Poder Judicial no garantiza la continuidad del Observatorio de Violencia de Género
Las alarmas han saltado. A las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los cambios que la reforma del Código Penal podría suponer para los casos de violencia de género, se añade ahora la duda sobre qué sucederá con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El proyecto de Ley de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, que actualmente se tramita en el Congreso, no hace ni una sola mención al Observatorio y existe preocupación por parte de varios sectores de que esa ausencia signifique la desaparición de la entidad.
El informe que el pasado enero aprobó el órgano de gobierno de los jueces sobre el anteproyecto incluía una recomendación para que se incluyera una mención expresa al Observatorio ya que “durante su andadura ha dado suficientes muestras de la eficaz labor desarrollada en una materia tan sensible y de tanta trascendencia”, según explican fuentes del Consejo. La propuesta incluía que la entidad estuviera adscrita a la Comisión de Igualdad del Congreso. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado el pasado 1 de marzo por el Consejo de Ministros continuaba sin hacer mención al órgano.
Desde el Ministerio de Justicia indican que el Observatorio “no es ni una comisión ni un órgano técnico” y que por esa razón no se incluyó en el proyecto de ley. Desde el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se considera que “entre las competencias naturales de la Comisión de Igualdad” está la información y la recogida de datos sobre la violencia doméstica y de género. Y añaden que “si aún así existiera alguna duda sobre esas competencias se puede hacer una mención expresa a ellas” durante el trámite parlamentario del borrador de la ley.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha dicho hoy en el Consejo de Ministros que la intención del Ejecutivo no es “disminuir” los recursos contra la violencia de género ni ningún organismo.
El grupo socialista presentará en las próximas semanas varias enmiendas a la Ley de Reforma del CGPJ para pedir una mención expresa al Observatorio y garantizar su perviviencia. “Debe haber un reconocimiento a las funciones del Observatorio y el organismo debe mantenerse”, explica Carmen Montón, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad. El grupo socialista quiere que el organismo adquiera estabilidad y no esté “sujeto a un convenio que puede romperse en cualquier momento”. La diputada socialista Ángeles Álvarez señala que el Observatorio es “imprescindible a la hora de elaborar nuevas estrategias contra la violencia de género”.
Son los propios vocales del CGPJ los que están manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios para mostrarles su preocupación por el futuro del Observatorio. “La preocupación está dentro de la propia casa”, dicen fuentes conocedoras de los encuentros.
A finales de octubre, las organizaciones de mujeres ya mostraron su preocupación por el futuro del Observatorio. Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, se ha mostrado “muy alarmada” ante su ausencia en el proyecto de ley y considera que es un “despropósito que no se incluya ninguna mención”. Besteiro confía en que durante la tramitación parlamentaria se incluya una mención al Observatorio ya “se ha mostrado como una herramienta muy eficaz para conocer la realidad judicial respecto a la violencia de género”.
Para la presidenta de la asociación de juristas Themis, Ángela Cerrillos, se están aduciendo problemas técnicos para no incluir una mención al organismo que en realidad revelan “falta de voluntad política”. Cerrillos apuesta por dar estabilidad a un órgano “que ha sido muy eficaz” y que considera imprescindible en cuanto a la elaboración de estadísticas y a la formación especializada de los jueces.
El Observatorio se constituyó hace 11 años mediante la firma de un convenio entre el órgano de gobierno de los jueces, el Ministerio de Justicia y el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Surgió de la necesidad de disponer de una fuente oficial de conocimiento sobre el fenómeno de la violencia doméstica y de género, como señalan desde el Consejo. En la actualidad, la entidad está formada por el CGPJ, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía española así como las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de justicia.
La entidad -que apenas supone gasto puesto que aprovecha las estructuras del propio CGPJ- recopila y elabora informes estadísticos trimestrales sobre los datos judiciales relacionados con la violencia de género, desde el número de órdenes de protección dictadas a las personas enjuiciadas o las sentencias dictadas tanto en los juzgados de violencia sobre la mujer, como en los juzgados de lo Penal y en las Audiencias Provinciales. Todos los informes están a disposición de quien quiera consultarlos en la página del Observatorio. Además, como señalan desde el Consejo, es un instrumento “privilegiado en el análisis de la respuesta judicial, y de los operadores jurídicos en general, que se da a la violencia de género ya que permite recabar expedientes judiciales y analizar al detalle los casos de mayor trascendencia”, lo que permite hacer propuestas de mejora.
