La policía entra en el Arzobispado de Granada para que entreguen datos de los abusos a menores
Definitivamente, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, parece querer seguir convirtiéndose en el principal protagonista de lo que debía ser la lucha de la Iglesia contra un caso de abusos a menores en su diócesis. Este mediodía, dos funcionarios de la Policía Judicial han entrado en la sede del Arzobispado para entregar en mano a Javier Martínez el auto del juez Antonio Moreno, publicado este lunes. En él conmina al arzobispo a entregar, en el plazo de tres días, la documentación íntegra del caso Romanones, incluidos los interrogatorios a los diez sacerdotes implicados en la trama.
La decisión del juez Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, se produce después de que, desde el pasado lunes, un funcionario hubiera intentado en dos ocasiones, sin éxito, hacer entrega del auto al arzobispo. Sus colaboradores arguyeron que el prelado no se encontraba en esos momentos.
El arzobispo no les ha recibido
Dos días después, y según ha podido comprobar eldiario.es, dos funcionarios, un hombre y una mujer, por mandato del magistrado, han entrado en la sede del Arzobispado pocos minutos antes del mediodía y han permanecido alrededor de siete minutos en el palacio episcopal. Un artista callejero disfrazado de la Muerte con guadaña fue testigo mudo de la escena.
En el transcurso de ese tiempo han solicitado la presencia del arzobispo, que hoy no estaba tampoco, para hacerle entrega de los nueve folios del auto judicial en el que se le da al prelado un plazo de tres días para que remita “las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir de forma escrita” a los diez sacerdotes y dos seglares imputados en el caso. Han hablado por teléfono y se lo entregarán este viernes a las 10 de la mañana.
En caso de no contestar a este requerimiento, Martínez “podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la Justicia, librándose los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades”. El juez advierte también en su auto que la actuación del prelado “supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación”, y no casa ni con los Acuerdos Iglesia-Estado ni con los protocolos de actuación aprobados por la Conferencia Episcopal o la actitud del propio papa Francisco.
Fue precisamente el Sumo Pontífice quien activó la investigación por este caso tras llamar al joven Daniel, víctima de abusos sexuales, que le escribió este verano, y quien animó al chico a acudir a los tribunales. Y es que en este caso, los actos del arzobispo están comprometiendo a la propia Santa Sede y a las relaciones Iglesia-Estado en España.
Pese a no haber recibido oficialmente el auto, el Arzobispado de Granada afirmó ayer que Francisco Javier Martínez consultará “a sus superiores” qué hacer tras la última petición del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. Fuentes de la diócesis apuntaron que se remiten al último escrito que enviaron a los medios de comunicación por este asunto y han incidido en que por ahora “no hay nada nuevo”, ya que debe dirimirse lo que es “una cuestión eclesiástica y una cuestión civil”.
Lo cierto es que, desde que se conoció el auto judicial, el arzobispo de Granada ha cancelado algunos de sus actos aduciendo razones personales, aunque se espera que reaparezca en público el próximo sábado, cuando coronará canónicamente la imagen de la Virgen de la Amargura. A partir de la entrega efectiva del auto judicial, el arzobispo cuenta con tres días para contestar.
