Políticos y periodistas presentan una demanda contra la ley de Comunicación en Ecuador

Unos sesenta ecuatorianos, entre políticos, periodistas y escritores, presentaron hoy una demanda colectiva contra la Ley Orgánica de Comunicación, promulgada el pasado 25 de junio y que la oposición la considera “mordaza”.

La demanda fue presentada ante la Corte Constitucional, el máximo organismo de control legal del país, y sostiene impugnaciones “de fondo y de forma” a la aprobación en la Asamblea de la ley de Comunicación, promulgada también por el Ejecutivo.

Entre los demandantes figuran el exalcalde de Quito Paco Moncayo, los ex asambleístas María Paula Romo y César Montúfar; los escritores Hernán Rodríguez Castelo, Iván Carvajal y Marco Antonio Rodríguez, así como los periodistas Diego Oquendo, Andrés Carrión y Jeannette Hinostroza, entre otros.

La demanda está patrocinada por los abogados Enrique Herrería y Mauricio Alarcón, según informó la organización no gubernamental Fundamedios, crítica al Gobierno del presidente Rafael Correa.

La demanda sostiene que la ley fue aprobada en el legislativo sin cumplir ciertos artículos constitucionales y que algunos postulados de la normativa contravienen disposiciones de la propia Carta Magna y de tratados internacionales referidos, sobre todo, a las libertades de pensamiento, expresión y comunicación.

Asimismo, estima que el cuerpo legal restringe derechos y garantías constitucionales y precisa que en la Carta Magna no se establece a la comunicación como un servicio público, como aparece en la normativa aprobada.

En la impugnación, los demandantes piden a la Corte Constitucional la aplicación de una medida cautelar que consiste en la suspensión de dicha normativa hasta que el tribunal resuelva las cuestiones de fondo.

Además, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación, así como de cualquier otra norma conexa.

La nueva normativa, que según el Gobierno busca regular y controlar los supuestos abusos de la prensa, ha sido criticada por varios gremios y organizaciones periodísticas nacionales y extranjeras.

Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió en agosto pasado al presidente Correa que recabe una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la compatibilidad de la nueva Ley de Comunicación con los estándares internacionales en materia de libertad de prensa y expresión.