Profesores asociados denuncian al Parlamento Europeo sus condiciones laborales de “usar y tirar”
El colectivo de profesores asociados de la Universitat de València han denunciado ante el Parlamento Europeo las precarias condiciones laborales que sufren. El personal docente e investigador (PDI) asociado habla de salarios entre 200 y 500 euros y contratos de “explotación”, mano de obra cualificada “de usar y tirar”, prácticas abusivas, discriminación… En su origen la figura se creó para atraer a la universidad temporalmente a perfiles profesionales. Denuncian que bajo ese contrato se están encubriendo plazas en condiciones precarias.
La queja anima a la institución comunitaria para que actúe ante una situación “insostenible”. Según el escrito de demanda, al que ha tenido acceso eldiario.es, “los recortes en la educación superior aplicados” por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan un doble problema: “El colapso estructural en la renovación de plantillas” y “el deterioro de las condiciones profesionales y la desprotección de derechos laborales básicos de los docentes universitarios”.
Los sucesivos ministerios de José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo han dado la puntilla al colectivo, cuentan. Y todo “junto a la connivencia de los rectorados y los correspondientes órganos de las comunidades autónomas”, alega la Plataforma de Professorat Associat de la Universitat de València.
Las “medidas económicas, laborales y educativas” arrastradas los últimos años conducen a las universidades “a una situación insostenible”. Un escenario, el de la Educación en España, agravado por la Lomce y que preocupa a la Comisión Europea. E incide de modo terminante en el denominado 'sector B', azotado históricamente por la precariedad. La extrema posición que denuncian ha llevado a la formación de plataformas de afectados, protestas ante los rectorados e incluso a la primera sentencia judicial favorable a los profesores asociados que destapó en exclusiva eldiario.es Andalucía.
Docentes que cobran de 200 a 500 euros al mes
La Universitat de València cuenta con más de 1.100 profesores asociados. Cobran salarios de entre “200 y 500 euros al mes” (un coste mensual máximo de 508 euros brutos), según los datos aportados. Son uno de los “menores salarios del Estado”, sueldos fijados “aplicando a mínimos una tabla retributiva que no ha sido actualizada en 14 años”.
Gobierno central, comunidades autónomas y rectorados incumplen “la normativa europea e internacional”. Y refieren los PDI, como ejemplo, “la reciente doctrina judicial emanada” de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el caso de un profesor contra la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El auto resuelve que no es compatible la sucesión de contratos temporales cuando el trabajo a desarrollar es “permanente y duradero”.
Una realidad análoga a la de otros centros públicos del país. Como el proceso del exprofesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Jesús Sabariego, que logró una sentencia pionera. El Juzgado de lo Social 10 de Sevilla reconoció “derechos laborales históricamente negados” a los profesores universitarios asociados.
Con estas premisas, la plataforma presenta una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. “Igual trabajo, igual salario”, es una de las demandas. Una “remuneración digna y adecuada al nivel de cualificación”, además de una figura contractual específica aparte del profesor asociado o la transformación inmediata de los contratos temporales en indefinidos de acuerdo a la Directiva 1999/70 CE.
“Explotación laboral” en las universidades
Los casos particulares dan pie a una generalidad que se ceba con el 'sector B' universitario. Las condiciones laborales “han alcanzado la explotación laboral”, denuncia la plataforma valenciana. Una vida paralela entre profesores “de plantilla” y asociados que deja tras de sí una “doble escala salarial”. Sueldos inadecuados a la cualificación profesional exigida, dicen, y “desproporcionadamente reducidos en comparación con los de otras figuras docentes”.
El uso de los PDI como “mano de obra barata” es una figura contractual recurrente “para cubrir lo que en realidad corresponde a necesidades docentes estructurales”. Profesionales de “usar y tirar”, define la denuncia remitida al Parlamento Europeo. Algún rector ha llegado a reconocer esta “mala praxis”, como el de la UPO, ante el reto de combatir la “precarización”.
Encadenan trabajos temporales, supeditados al arranque de cada curso y al arbitrio renovador de cada centro. Las universidades aseguran así “la aplicación efectiva de los POD (planes de ordenación docente)” y cubren, incluso, casos de “sustitución de personal fijo en situación de baja laboral, excedencia o sabático”.
Al vulnerar los derechos, los “abusos” de los rectorados coartan el desarrollo de las carreras profesionales, denuncian. Y esta “discriminación” –con respecto a otras figuras análogas– bloquea el acceso a la promoción. El Gobierno de España es “el último responsable” de la “explotación laboral” en las universidades, señalan los afectados.
La plataforma señala la “impunidad” con la que la universidad tira del recurso barato PDI. Aunque “recientes sentencias judiciales” apuntan que estas “prácticas abusivas” son incorrectas y reconocen el carácter indefinido de los contratos. Y el frecuente carácter estructural del 'sector B', como alega la queja elevada al Parlamento Europeo.
