Protesta feminista en Madrid contra la feria de gestación subrogada

La feria “Surrofair” de promoción de la gestación subrogada que se celebra este fin de semana en Madrid ha indignado a decenas de organizaciones de mujeres y colectivos LGTB que se han concentrado ante el hotel donde tiene lugar el evento.

La Fiscalía abrió diligencias para estudiar la solicitud de estas entidades de suspensión cautelar de la feria, pero finalmente las archivó, al entender que no procede actuar de forma anticipada ante el tipo de delito que se podría cometer en la misma.

La concentración, organizada por la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, se ha desarrollado con el lema “No compres bebés. No explotes mujeres”. Los asistentes han gritado consignas contra la gestación subrogada como “Mi cuerpo no se vende, mi vientre no se alquila”. En las redes, la protesta contra la feria se ha visibilizado bajo el hashtag #Feriadeuteros.

Esta Plataforma pidió a la Fiscalía la suspensión cautelar de la feria, por considerar que “supone una vulneración de la legalidad vigente y del interés público tutelado por la ley”.

En la protesta han participado activistas de Femen, que han mostrado en su cuerpo mensajes de “no se vende” y “no se alquila”.

El evento promocional cuenta con la participación de veinticuatro empresas expositoras para informar sobre las diferentes posibilidades de la gestación subrogada.

En la feria, según los organizadores, existen unos “stands”, donde los interesados pueden informarse de forma privada con agencias, clínicas internacionales y asesores nacionales y asistir a charlas sobre las condiciones existentes en diferentes países donde la gestación por sustitución está permitida.

La compensación económica

La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres considera la Ley de Reproducción Humana Asistida “una norma de orden público” que “se pretende vulnerar” porque el objetivo es “burlar las normas españolas de determinación de la filiación”. Además, en la denuncia citaban el Código Penal, que tipifica como delito “los que mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción”.

La misma pena contempla para “la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiera efectuado en un país extranjero”. La denuncia especificaba que los diferentes stands de empresas que acudirán a la feria tienen como objetivo “tareas de intermediación” y “buscan madres gestantes” para que los posibles clientes “puedan elegir”. La Red asegura que esto supone “concertar un contrato”, que se lleva a cabo “mediante una compensación económica”.

“Cuando nos referimos a compensación económica hemos de entender cualquier tipo de contraprestación evaluable en términos pecuniarios, no solo para forzar el consentimiento de la madre, sino también el propio dinero que se entrega al intermediario por sus servicios en la materia que en definitiva lo que se abona es el precio por ponerle en contacto y facilitarle los trámites con la madre gestante”, establecían en la petición para que se suspendiera la feria.