Rescates públicos de la privatización sanitaria
Cuando el negocio de la privatización de la sanidad no funciona, las arcas públicas son reclamadas para rescatar las cuentas de los hospitales. Los modelos de privatización sanitaria implantados en Gran Bretaña o Valencia y también la Comunidad de Madrid han reclamado inyecciones extra de dinero público al no cuadrar las cuentas.
El sistema PFI de colaboración público privada expandió la red hospitalaria en Inglaterra y Gales. En este modelo, un consorcio empresarial construye y dirige administrativamente los centros a cambio de un canon anual que se alarga durante décadas. Según un estudio de la Universidad de Edimburgo, se aplicó en “101 de los 135 nuevos centros” construidos entre 1997 y 2000 en la islas. “Utilizó el 90% de los 12.000 millones de libras previstos para construcción”, calcula, al tiempo que asegura que los compromisos de pagos a empresas entre 2009 y 2010 ascendieron a 42.000 millones. La Comunidad de Madrid dirigida por Esperanza Aguirre aplicó esta fórmula para inaugurar en 2008 siete hospitales. Fue la primera oleada de privatizaciones diseñada y dirigida por los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes (ambos deberán declarar ante el juez por estas adjudicaciones en septiembre). Los hospitales fueron: el Infanta Sofía, Infanta Leonor, Tajo, Henares, Infanta Cristina y Sureste- son los que se han adjudicado recientemente a tres empresas para que se encarguen de la atención médica a cambio de un nuevo canon anual añadido-. En ambos casos, una vez puestos en marcha, los proyectos han necesitado más dinero público para funcionar.
En Gran Bretaña, los aportes por parte del Tesoro han sido ingentes. Según una respuesta del Departamento de Sanidad -en virtud de una Ley de Información Pública- en los dos últimos años, han debido gastar 543 millones de libras en rescates para las instituciones que dirigen los hospitales. EL Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico supo en 2012 que, “al menos 22 hospitales tuvieron que ser rescatados debido a las cargas que suponían sus contratos PFI”. Es decir, las deudas con los contratistas ahogaban a los centros. La portavoz del comité, Margaret Hodge, admitió que “el Departamento de Sanidad no ha podido asegurarnos que los problemas financieros no dañen la calidad y equidad del servicio. Especialmente en los centros que se ven minados por contratos PFI inabordables”. El rescate entonces se contabilizó en 1.500 millones de libras esterlinas. En España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió en 2010 modificar al alza el canon de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Henares, Tajo y Sureste. En total: una inyeccion extra anual de 1,9 millones de euros. Descubierto el movimiento, el PP de Madrid lo llamó “reequilibrio”.
El segundo modelo que incorpora a contratistas al sistema sanitario es el de la cesión total de la atención especializada. En septiembre 1,1 millones de madrileños madrileños pasarán a ser atendidos por hospitales con este sistema. Las compañías son Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo. Está inspirado en la experiencia valenciana de Alzira y se ha aplicado ya en Madrid en los hospitales de Móstoles, Torrejón de Ardoz y Collado Villalba (este último sin poner en marcha para no tener que pagar el canon a la empresa a pesar de estar preparado. En compensación, Sanidad abona una cantidad a la empresa adjudicataria: Capio). Pero Alzira también necesitó un rescate en 1999. Al comprobar la empresa contratada (Ribera Salud) que los números no salían, la Generalitat rompió el contrato de cesión y redactó uno nuevo que ampliaba el radio de acción del hospital y, de esa manera, también la cantidad por persona que abonaba la consejería de Sanidad. Con ese sistema llegaron luego Torrevieja (2006), Dénia (2006), Manises (2009) y Vinalopó-Elche (2010).
Ambos modelos se venden como fórmulas para hacer “sostenible” el sistema sanitario. Las autoridades públicas apuestan por que la gestión empresarial es más eficiente y ahorra dinero. En el caso de la Comunidad de Madrid, se aventuraron a predecir que las compañías serían capaces de dirigir los hospitales con un “20% menos de gasto”. Y ese recorte le dieron a los presupuestos. Ambos modelos, una vez puestos en marcha, han necesitado el rescate económico del estado ante el fracaso financiero. De hecho los pliegos de condiciones que guían estos contratos prevén el aumento de la cuota que reciben las empresas año tras año. Una especie de blindaje para el beneficio.
En Gran Bretaña han dado una vuelta de tuerca y este año el Gobierno ha presentado unas nuevas regulaciones -aprobadas ya por el Parlamento- que, básicamente, obligan a sacar a concurso todos los servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud. Un estudio publicado recientemente en el British Medicine Journal concluyó que las enfermeras están viéndose obligadas a reducir los cuidados “porque no tienen tiempo suficiente”. La investigación abarcó 3.000 enfermeras de 76 hospitales.
En Gran Bretaña, la expansión de hospitales se realizó mediante la fórmula PFI. Un consorcio construye el edificio sanitario y lo gestiona administrativamente a cambio de una cuota que paga la Hacienda pública durante décadas. En la región madrileña, el 100% de los hospitales desde 2006 se han proyectado mediante la cesión, parcial o total, de la gestión a grupos de empresas. Una primera oleada imitó directamente el modelo británico. Son los seis hospitales cuya gestión sanitaria se ha privatizado este año.
La segunda oleada de centros nacieron con otro modelo como guía. El de la privartización absoluta del hospital que es construido, gestionado y dirigido sanitariamente por empresas a cambio de una cuota por paciente y año. Es el llamado modelo Alzira por haber nacido en esa población valenciana.
