El inmutable plan privatizador del PP desfonda la marea blanca
La sanidad madrileña vive este miércoles un cuarto día de huelga general en 2013, pero la marea blanca se desfonda. Los propios convocantes, los facultativos de Afem, reconocen que hay “cansancio y desgaste tanto psicológico como económico”. De hecho, el seguimiento en los paros de protesta ha caído 20 puntos desde la movilizaciones llevadas a cabo en diciembre de 2012 tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Los planes siguen en marcha.
La marea blanca se ha desgastado al darse de bruces contra un proyecto que apenas se ha variado desde que lo presentó el presidente de Madrid, Ignacio González, el 31 de octubre pasado. De hecho, al día siguiente, el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, ya vaticinó: “Es que no hay negociación posible. La negociación consiste en que vamos a hablar sobre cómo algo se puede hacer o aplicar”. Los populares trazaron ya entonces un calendario que se ha ido cumpliendo.
Aunque ahora se aduce la crisis económica, la cesión a empresas de la atención sanitaria está desde hace mucho en los huesos del PP de Madrid. Una correa de trasmisión directa une a José María Aznar, Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, Juan José Güemes y Javier Fernández LasquettyManuel LamelaJuan José Güemes. Este último fue subdirector de Gabinete del ex presidente popular entre 2002 y 2004. Ese año fue nombrado secretario general de FAES (el think tank neocon del PP que preside Aznar). El propio presidente de honor del partido ya dejó dicho en febrero de 2008 en un foro de FAES que “España necesita hoy una nueva agenda de reformas en sus políticas sociales que profundicen en la libertad de elección por parte del usuario-contribuyente, en la separación entre el Estado que provee los servicios y el Estado que produce dichos servicios y en la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones y del sistema de salud”. Era una conferencia sobre el reinvento del Estado del bienestar y arremetía contra su carácter público diciendo “incluso si a costa de ser públicos se pierde calidad o precisamente por ser públicos cuestan más que si fuera privados dando peor servicio”. Ese es el criterio esgrimido por el PP madrileño sin cesar en su privatización de servicios sanitarios: ahorro. Aunque le costó calcular cuánto, al final dio la cifra de “un 20%” que fue lo que estableció en los pliegos de subasta dados a conocer el abril.
Las protestas de sindicatos y profesionales han servido de muy poco. La Consejería del Partido Popular estableció una doble vía de reuniones (prácticamente infructuosas). Por un lado juntaba a los representantes laborales con el director general de Recursos Humanos, Armando Resinos, y por otro al comité profesional con el director de Hospitales, Antonio Burgueño, y el mismo consejero. Durante los meses de conversaciones la administración redactó los documentos de cesión a compañías. Introdujo una cláusula para que los hospitales privatizados conservasen las plantillas íntegras, “eso les ha descolocado”, decían en el Gobierno regional, al publicar los pliegos.
El hilo conductor entre los parámetros expresados por José María Aznar en 2008 y la actualidad pasa por Madrid, y de ahí se extiende al resto de España. En diciembre de 2010, un documento interno de la Consejería de Sanidad ya dirigida por Lasquetty planteaba una reducción en las prestaciones sanitarias públicas y atisbaba el copago sanitario. La subdirección de Aseguramiento de Atención Primaria recopiló una batería de servicios susceptibles de eliminarse o, al menos, cofinanciarse. Entre otros: las atención dental, las sillas de ruedas, la reproducción asistida, algunas vacunas... El documento admitía la dificultad porque “todas son prestaciones que pueden considerarse básicas o necesarias”. La realidad es que se trataba de competencias más allá de las autonómicas. Dos años después, con el PP en La Moncloa, la ministra de Sanidad, Ana Mato (amiga de la esposa de Aznar, Ana Botella), plasmó este plan en su Real Decreto de abril de 2012. Incluso el copago en el transporte sanitario no urgente ahora implantado era una idea en la cabeza del Gobierno de la Comunidad Madrid que siendo consejero Juan José Güemes deslizaba de manera discreta en 2008.
Antes de que el ex presidente Aznar arremetiera contra la política de su sucesor Mariano Rajoy, éste le había encargado que estudiara el sistema sanitario español mediante FAES. De hecho, la ministra de Fomento, Ana Pastor (médica y siempre ligada a los asuntos sanitarios en el PP), fue la encargada de coordinar una serie de seminarios durante 2011 que “analizaron la situación de la sanidad española desde un punto de visto estratégico, y se examinaron sus debilidades presupuestarias, así como las posibles soluciones para lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos”.
Así que las ya clásicas directrices de FAES van plasmándose en la realidad con destacados miembros de la fundación como ejecutores. Uno de los invitados habituales de FAES es Mauricio Rojas (sueco de origen chileno y ex diputado liberal). En un escrito publicado por la fundación en 2011, habla del “capitalismo del bienestar” ligado a la “cooperación público-privada” en un contexto que ha permitido a las empresas “obtener importantes niveles de ganancia a través de una gestión más eficiente y creativa capaz de generar servicios de alta calidad a menor costo”. Y remata con un viejo conocido de esta reestructuración sanitaria: “Este ha sido el secreto del crecimiento de un capitalismo del bienestar que ya ha generado un nuevo tipo de empresas de gran éxito, como Capio [Capio Sanidad en España] que en apenas una docena de años se ha convertido en uno de los principales actores privados del sector de la salud en Europa Occidental”.
