Los jueces confirman el proceso contra la cúpula de Sanidad de Madrid por las privatizaciones
EL proceso penal contra parte de la cúpula de la Consejería de Sanidad de Madrid por la primera fase de privatizaciones de hospitales en la región se despeja. La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid en defensa de su actual viceconsejera Patricia Flores y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño que pretendía que ni siquiera se iniciara la investigación judicial ordenada por el juzgado de Instrucción Nº4.
Los magistrados observan que los hechos denunciados por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) “no son totalmente inverosímiles” como para que se diera carpetazo al asunto sin ni siquiera indagarlo. Al recurso se habían unido el directivo de la que fuera Capio Sanidad, Víctor Maderay el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela. Esta apelación trataba de que se anulase el auto del juzgado de 6 de junio de 2013 que símplemente ordenaba incoar diligencias previas. Eso habría puesto punto y final a la querella.
Pero la Audiencia vé que los hechos no son sólo “constitutivos de delito” sino que, por su naturaleza, serían “perseguibles de oficio por el Ministerio Fiscal”. AFEM denunció que la cesión de gestión hospitalaria realizada bajo la administración de Manuel Lamela y Juan José Güemes -en la que participaron Burgueño y Flores- podría resultar en coacciones, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude, y malversación de caudales públicos. Así que los jueces concluyen que “no cabía otra posibilidad técnico-jurídica que la de incoar diligencias previas”, como hizo el juzgado Nº4 en una “resolución impecable”.
Más trabas procesales antes de declarar
El proceso continúa. Y se está convirtiendo en una carrera de obstáculos previa incluso a entrar en el fondo del asunto. El titular de ese juzgado, Marcelino Sexmero, ya había rechazado el 29 de octubre de 2013 un recurso del ex consejero Juan José Güemes. Sexmero redactó, además, un auto en el que reseñaba “presiones” por parte del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que abandonara el caso. Durante el mes de agosto de 2013, escribía el juez, los fiscales le remitieron hasta cinco informes contra sus actuaciones. Las declaraciones de la cúpula sanitaria -que debieron realizarse entre septiembre y octubre pasados-, no tuvieron lugar porque Sexmero no había recibido “toda la documentación requerida por auto de 20 de junio pasado”, concluía.
Pero los obstáculos y la dilación presentada por los implicados también continúan. Las diligencias previas para investigar el caso se dictaron en aquel auto de 20 de junio. El escrito incluía las declaraciones de los implicados entre los que reclamaba, además de a los políticos, al representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa. Éstos también han apelado en contra de que se les llame a declarar. La Audiencia todavía tiene que resolver ese recurso antes de poner en marcha los requerimientos a que estos directivos, viceconsejera, directores y ex consejeros pasen por el juzgado a ser preguntados por el juez.
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