Segundo enterramiento de la memoria histórica
25.02.9120.483. Los números que preceden las primeras palabras de este artículo no son un error. Se trata de una cifra que pocos reconocerán, a pesar de que tiene una decisiva importancia simbólica. Es el código de la partida en los presupuestos generales del Estado gracias a la cual se han excavado cunetas, abierto fosas, cotejado restos óseos y rastros de ADN, investigado y divulgado sobre los asesinados y represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo en los últimos seis años. Esa partida, ese 25.02.9120.483, ya no existe. Ha pasado de 2.501.540 euros a la nada.
La importancia de esa cantidad de dinero no es sólo económica sino también simbólica, porque con ese gesto el Estado da la espalda al proceso de recuperación de la memoria histórica, empujando esta responsabilidad de nuevo al ámbito de lo privado. “Es un paso atrás muy importante porque supone volver a la situación anterior al año 2006, antes de la Ley de Memoria Histórica”, explica el antropólogo Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC en el proyecto Las políticas de la memoria. “Antes de 2006 eran las familias o los ayuntamientos los que ponían lugares para que los que trabajaban en las excavaciones pudieran dormir y las comidas se financiaban colectivamente. El dinero del Ministerio de Presidencia hacía que esos gastos se centralizaran, pero ahora habrá que buscar financiación para cada gasto por separado, aunque para alguno, como las pruebas de ADN [unos 350 euros por cuerpo], no sé yo dónde va a haber financiación”.
“Volveremos a los niveles de los primeros años”, coincide Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), “donde no podíamos permitirnos más que un equipo durante las vacaciones que llevara a cabo exhumaciones fáciles o técnicamente viables en un sólo día de alquiler de la retroexcavadora”.
González calcula que en realidad el 80% del trabajo de recuperación se hace por voluntariado. El máximo de dinero que otorgaba el Ministerio por proyecto era de 40.000 euros o 60.000 si incluía exhumaciones. “Si hay que volver a la tortilla o al bocadillo y a dormir al pabellón del Ayuntamiento, pues se vuelve, pero cuando se han creado procedimientos y estructuras de trabajo durante todo el año que ahora están en peligro de desaparición, duele”, opina González. Es lo que Ferrándiz llama “descapitalización humana”, más peligrosa que la económica. La formación de investigadores muy especializados agrupados en equipos estables con protocolos consolidados, “ese es el mejor efecto de la financiación pública”.
Buscarse la vida
En el laboratorio de la ARMH del campus de Ponferrada de la Universidad de León trabajan tres personas y una de ellas es Marco González. Ponferrada es la cuna del proceso de Recuperación pues en Priaranza del Bierzo, a 20 kilómetros de allí, se abrió la primera fosa de manera profesional en el año 2000, donde estaba enterrado el abuelo de Emilio Silva, presidente de la Asociación. Desde allí se coordina el trabajo de voluntarios e investigadores, se reciben los restos, se realizan los trabajos de identificación y los estudios que permiten completar las lagunas del bando derrotado en la Guerra Civil.
Esas tres personas siguen trabajando día a día, cerrando los casos que ya tenían abiertos pero, con la desaparición de las ayudas públicas, están abocados al paro. “Estamos luchando por conseguir una mínima financiación para mantener esos puestos pero llegado cierto punto, la gente tendrá que buscarse la vida”, advierte Marco. El local lo aportó la Universidad, pero lo dotó la ARMH y por allí ha pasado una grandísima parte de todos los restos recuperados en los últimos años.
A pesar de su importancia, Marco explica que “el Gobierno no tiene ningún interés en el laboratorio, nadie lo ha visitado, ni siquiera la administración local, a los que vimos un día por la ventana inaugurando la calle de atrás, llamada de la Memoria Histórica”. Actualmente en su laboratorio hay 60 casos a punto de ser resueltos, en la antesala de una prueba genética que no podrá realizarse por falta de dinero.
Los otros dos importantes grupos de trabajo estables son el que dirige el médico forense Francisco Etxeberria en la Sociedad Aranzadi, dedicado a la zona norte, en especial Euskadi y Navarra, y el de la Universidad Autónoma de Madrid. En él, dos personas han estado contratadas durante siete años a tiempo completo pero de manera intermitente, con contratos de varios meses de duración. Permanecerán allí hasta el verano para poder cerrar al menos dos de los proyectos abiertos: el del Cementerio de La Carcavilla en Palencia y una fosa de presos en Valdenoceda (Burgos), enterrados bajo tumbas modernas, en total, unos 180 cuerpos.
El caso de los 156 presos de Valdenoceda lleva diez años abierto y la Agrupación de Familiares ha pasado por grandes dificultades, como la necesidad de recaudar 4.000 euros para pagar al Estado los intereses de la devolución de la subvención de 58.200 euros que tuvieron que devolver al no conseguir localizar en plazo a todos los familiares de las inhumaciones situadas sobre la fosa común. Para realizar la exhumación de los 39 cuerpos que aún están enterrados es necesario trasladar esas tumbas con el consentimiento de los familiares, una tarea complicada que les llevó mucho más tiempo del que esperaban.
Con vistas al futuro trabajo de cotejamiento, la agrupación busca a familiares de 13 de los 86 que quedan sin identificar, aquellos con posibilidades más altas. El 13 de abril se les rendirá un acto de homenaje. “Sin financiación va a disminuir la actividad”, aclara Francisco Etxeberria, “pero la disposición del equipo que coordino es la de atender los casos incluso sin ninguna ayuda económica. Lo haremos como en los primeros años, en régimen de voluntariado”.
Buscar financiación privada
Luis Ríos es el antropólogo que desde la Autónoma ha participado en la fosa de Valdenoceda e investiga en exhumaciones e identificación de restos óseos humanos de fosas comunes y cementerios de la Guerra Civil. Ríos considera que hasta el 31 de marzo seguiremos viendo informes, devoluciones de restos y trabajos financiados con dinero público. A partir de ahí, el escenario será otro. “Hemos tenido una reunión entre diferentes grupos de trabajo y hemos valorado buscar financiación en fundaciones privadas de fuera de España, es lo único que se nos ocurre. Es un modelo desconocido en España pero habitual en otros países”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está sopesando más opciones. Entre ellas, una campaña de captación de socios. No descartan recurrir al crowdfunding que, para Marco González, es “algo digno”, pero “sería vergonzoso para un Estado ver cómo los derechos humanos se tienen que solucionar con la aportación de terceros y menos de los familiares, una familia de un desaparecido no tiene que gastar ni un euro”.
“Dónde se ha visto que particulares sean los que levanten restos de personas que han sido asesinadas y que la justicia lo obvie o mire para otro lado”, se pregunta Emilio Sales, del Foro por la Memoria Histórica de Toledo. “Cómo se puede permitir que pruebas de un delito sean manejadas por personas ajenas a la acción judicial, pruebas de asesinatos que, como crímenes de lesa humanidad, no prescriben”. Emilio piensa que las exhumaciones debería realizarlas el Estado y no, como él los llama, los Milicianos de la Memoria, todo este gran conjunto de ciudadanos que, sean voluntarios o investigadores, lo hacen desinteresadamente o por la cobertura mínima de los gastos. “La ARMH no debería estar aquí, somos algo accidental, la memoria debería ser gestionada por los gobiernos y los estados... pero no lo han hecho”. Marco y José Luis Muga, vicepresidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, coinciden: las exhumaciones deben pagarlas los juzgados de instrucción de las provincias.
En Cataluña vivieron el apagón de ayudas públicas un año antes incluso que las del Ministerio de Presidencia. Ni la Direcció General de Memòria Democràtica ni el Memorial Democrátic conceden subvenciones desde 2011, con el cambio de Gobierno en la Generalitat. La Direcció General tiene el cometido de hacer cumplir la Ley de Fosas catalana y tiene una unidad que recibe las solicitudes de búsquedas y exhumaciones, “pero la sensación que se traslada es que está todo muy parado”, opina Queralt Solé, profesora de Historia Contemporánea en la Universitat de Barcelona y autora de una tesis sobre las fosas comunes en Cataluña.
“La Memoria ha estado siempre en el entorno de lo privado y las subvenciones no eran más que un subterfugio para parecer que se llevaba a lo público, pero el Estado nunca asumió una dirección de la Memoria Histórica”, analiza Solé, quien alerta también que dejar la investigación en la vía del voluntarismo puede afectar a la rigurosidad. “El capital humano y de conocimiento interdisciplinar que se ha formado en estos años está siendo muy valorado fuera de España, están llegando grupos de universidades inglesas, italianas y alemanas para ver cómo hemos realizado los trabajos de Memoria Histórica”. Todo este conocimiento está generando tesis, másteres, trabajos que antes no existían, que se extienden a los libros de textos y las tareas escolares en Secundaria y Bachillerato.
Funcionamos, como explica Ferrándiz, con un “modelo subcontrata de derechos humanos”, donde el Estado “no ha amparado sino que ha trasladado la responsabilidad a familias y asociaciones sin ningún tipo de coordinación” mediante una Ley de Memoria Histórica que no ha dejado contento a nadie. “Con el fin de las subvenciones se quiere pone también fin al debate que ha puesto en tela de juicio a la transición y su modelo de impunidad”, opina José Luis Muga. La memoria histórica ha desaparecido de la agenda mediática, se ha quemado, no se habla de ella en los periódicos ni en el telediario y está también fuera de la agenda política.
Puente desde el silencio
“Ha pasado directamente al olvido”, reflexiona Laura Muñoz, investigadora de la Universidad de Extremadura, “y tal vez una saturación de memoria ha sido al final perjudicial para las familias, que han visto cómo sus traumas han pasado de la primera línea al plano de la invisibilidad, ya no mediática, sino social y política”. Desenterrar es un acto muy simbólico, los cuerpos emergen a una “vida after life” –según un término de Ferrándiz–, y de alguna manera dialogan con la sociedad que existe 70 años después de muerte. “La exhumación de fosas comunes ha supuesto no solo la recuperación de los cuerpos, sino también ha tendido un puente desde el silencio impuesto a las familias aún en buena parte de la democracia, hacia la escucha y comprensión de una sociedad marcada, hasta no hace mucho tiempo, por una amnesia consensuada, indiferencia acomodada, e incluso, olvido consentido”, analiza Muñoz.
El grupo de Luis Ríos ya descarta abrir un proceso de trabajo de una gran excavación en Burgos. Lo mismo en Medina del Campo, una bodega de vino hundida donde arrojaron cuerpos pero que precisa de un costoso trabajo vertical que sin ayuda económica no pueden acometer.
¿Qué va a ocurrir con los nietos de los derrotados que son los que hoy se atreven a preguntar en voz alta? ¿Y con los hijos aún supervivientes, ya tan mayores? Hace pocos días llamó al laboratorio de Ponferrada un hombre cuyo padre yacía, presuntamente, en una fosa abierta en 2010 donde había cuatro esqueletos. Se han hecho dos pruebas de ADN, no hay dinero para los otras dos. El hombre llama porque tiene 82 años y está enfermo. Sea como sea, hay que hacerlo, y hay que hacerlo pronto, dicen los investigadores.
“La gente mayor se muere, todavía hay tiempo para hacer más cosas pero, en cualquier caso, hemos llegado tarde, por todo lo que no se hizo antes del año 2000”, recuerda Luis Ríos. Los mayores son los que podían dar testimonio de dónde estaban las fosas, bien porque lo vieron de niños o porque se lo transmitieron oralmente. “Conocemos familiares que han muerto esperando, eso es bastante injusto”.
Para la investigadora de la Universidad de Extremadura, “se va a producir un gran efecto traumático” en las familias, “ya que después de 77 años de espera y después de los logros conseguidos en los últimos años, este hecho supone una vuelta al punto cero. Los familiares vuelven a ver cómo sus demandas, solicitudes y sus derechos son vulnerados nuevamente y relegados a un segundo plano. Además, el tratamiento actual de las víctimas, invisibles, dentro de la esfera política supone un doble trauma para los familiares ya que ven nuevamente truncada y frustrada su necesidad y anhelo de localización de los cuerpos de sus seres queridos y la restitución de su identidad e historia”.
