Solo el 1% de los casos de cebos envenenados termina en una sentencia por delito medioambiental

España está plagada de veneno. Miles de cebos emponzoñados son colocados en campos y cotos de caza con la intención de matar. Matar a la fauna que compite con las escopetas: depredadores de especies cinegéticas rentables como las perdices o los conejos. En realidad, el veneno acaba con cualquier ejemplar que lo ingiera, sin discriminación. Cada año se detectan, de media, más de 500 casos de venenos. Y cada uno de ellos es un presunto un delito, según recoge el Código Penal. Le adscribe una pena de cárcel de cuatro meses a dos años. Sin embargo, entre 2005 y 2015 apenas se han firmado algo más de 65 sentencias judiciales: una tasa del 1,2%.

Además, este altísimo nivel de impunidad solo se refiere a los casos conocidos que son “la punta del iceberg” de toda la fauna que muere envenenada, como cuenta María Cortés, que se topa todos los días con víctimas en su puesto en un Centro de Recuperación de Grefa en Zaragoza. Porque el volumen real de muertes es desconocido. Los datos reconocidos y recopilados por la organización SEO-Birdlife mostraron que entre 2005 y 2010 se recogieron y analizaron 4.395 ejemplares.

Sin embargo, el biólogo Federico González de la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre en Canarias (Avafes) explica a eldiario.es que “existe una grandísima cantidad de animales que mueren por un cebo envenenado y no se encuentran, o caen en una grieta entre rocas o, símplemente, no se analizan”. Hay especies que están muy controladas por su gran rareza como el águila imperial (Aquila adalberti) y se calcula que se detecta el 15% de todas estas aves que acaban emponzoñadas. De manera que el problema de los tóxicos diseminados por la geografía queda enmascarado. “Es una problemática sin dimensión”, analiza González que opina que “lo relevante de los datos sobre los cebos es la falta de datos. Y sin una estadística fiable, los responsables pueden pensar que no existe un problema por resolver”.

Poner un cebo envenenado es tremendamente sencillo. Basta con dejar pedazo de carne espolvoreado con el tóxico. Una vez colocado, es una bomba de relojería que no controla a qué o a quién va afectar. En contraste, es un delito muy difícil de probar. David de la Bodega, abogado y experto de SEO en venenos, cuenta que las dificultades empiezan en la propia investigación: “Hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo para relacionar un cebo específico con una persona concreta. Hacer esperas, gastar muchas horas de un agente forestal o de la Guardia Civil hasta sorprenderlos in fraganti”.

En este sentido, incluso la Fiscalía de Medio Ambiente admite cierta impotencia a la hora de combatir el delito. Así, en su memoria de 2013 expresaba que los fiscales de Albacete encontraban que “las dificultades en obtener resultados positivos son casi invencibles”. Algunas investigaciones que han dado con el arresto de envenenadores han exigido “2.000 o 3.000 horas” de pesquisas.

Añade otro obstáculo la certificación de que un determinado ejemplar ha muerto envenenado. Debe mantenerse una cadena de custodia escrupulosa desde el campo hasta un laboratorio certificado. El animal tiene que ser levantado por un agente oficial y trasladado en condiciones para que los analistas admitan la muestra y certifiquen que un tóxico acabó con su vida.

En España “los cebos están asociados en un 90% a la gestión cinegética”. El encargado de un coto de caza no quiere que haya fauna que compita con los clientes del cazadero. El biólogo González analiza que esto es consecuencia “del uso intensivo del coto”. Significa que “el aprovechamiento del campo se hace de año en año. Al gestor le interesa que cada temporada haya un número determinado de perdices. Y ese volumen es el que adquiere y suelta. Y no está dispuesto a perder ninguna en favor del equilibrio ecológico entre el depredador y las presas”.

19 millones de euros en especies amenazadas

De la Bodega opina igual: “Se trata de cotos intensivos que buscan maximizar el beneficio de las sueltas de perdices y conejos”. Los zorros y otros carnívoros pueden alimentarse de algunas de esas especies que se han colocado en la finca para atraer a cazadores. “y por ahí no pasan”, dice. Porque resta rentabilidad económica a los gestión de esos cotos.

En contraposición, únicamente la fauna envenenada y certificada como tal entre 2005 y 2010 sumó más de 19 millones de euros si se le aplica el decreto de valoración de especies amenazadas redactado en 2008 por la Junta de Castilla-La Mancha. Ahí no entran los cientos de perros y gatos comunes muertos ni otras variedades sin reconocimiento económico expreso como las urracas.

Jordi Pont es agente rural especializado en la provincia de Lleida. Al ser un cuerpo dedicado al furtivismo y los venenos, han acumulado mucha información acerca de cómo actúan los envenenadores: “El dueño o encargado de un coto recurre al método más fácil para acabar con la competencia: el veneno. Pero al desaparecer, crece el número de presas y atrae a otros depredadores, por lo que la rueda no para y se echa mano de más veneno”. Pont explica que “para conseguir condenas hay que cogerlos con las manos en el veneno o con suficientes indicios” lo que implica dificultades inherentes al trabajo en “la inmensidad del campo”.

Estos cebos son una variedad de otras prácticas prohibidas (y que comparten la falta de bases de datos fiables a nivel nacional) como los lazos o lo cepos utilizadas para tratar de impedir que se un conejo o una perdiz de suelta no termine abatida por los perdigones. “La mayoría de casos están relacionados con la actividad cinegética principalmente de caza menor”, reitera el agente rural que indica que “el envenenador cuenta con un aliado muy fiel: la impuninad”.

La cantidad de veneno diseminado por el campo es muy grande. La Junta de Andalucía requisó en la provincia de Cádiz durante el primer trimestre del año tóxicos en una cantidad suficiente, informaron, “para envenenar a 40.000 personas”. Los episodios adquieren relevancia pública cuando los ejemplares muertos pertenecen a alguna especie emblemática como el linces o el águila imperial. Sin ir más lejos, en abril pasado un juzgado de Instrucción de Valdepeñas (Ciudad Real), confirmó una fianza de 800.000 euros en el caso de seis de esas aves que aparecieron intoxicadas en un coto. Pero el grueso de víctimas lo pone otro tipo de animales. El grupo más envenenado es el de los perros comunes. Mascotas que deambulan o ejemplares abandonados lideran la lista con casi el doble de víctimas que el siguiente en el ránking: los buitres leonados.