El permiso para una infraestructura clave de la mina de uranio en Salamanca lleva suspendido desde enero
El Gobierno ha suspendido la autorización de una de las infraestructuras clave del proyecto de mina de uranio que la empresa Berkeley construye en el oeste de Salamanca: el Ministerio de Energía paró el procedimiento para la planta de fabricación de concentrados de uranio –la base para obtener el combustible atómico de las centrales nucleares– el 18 de enero, según se ha podido conocer ahora por una respuesta parlamentaria de 23 de marzo pasado.
A pesar de esto, el departamento de Minas de la Junta de Castilla y León aseguró en febrero que la mina estaría operativa en 18 meses. También Berkeley no solo ha estado captando inversiones por valor de 28 millones de euros al arrancar 2017 sino que ha llevado a cabo trabajos en la parcela –incluida la tala de cientos de encinas– una vez emitida la orden de Energía.
La planta está considerada una instalación radioactiva de primer nivel por lo que requiere una informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Energía lo solicitó al CSN el 13 de octubre pasado y el Consejo explicó que “considerando la experiencia” el documento podría demorarse dos años. El Ministerio decidió entonces paralizar el proyecto hasta tener ese informe.
En la respuesta parlamentaria que ha podido ver eldiario.es el Gobierno añade que desde el CSN se le ha indicado ese plazo debido a la “complejidad de la documentación aportada” y las posibles “peticiones de información adicional” a la titular. De hecho, Berkeley fue conminada a subsanar “las deficiencias” de su primera petición de autorización definitiva cosa que no hizo por lo que el expediente fue archivado el 27 de junio de 2016. Solo dos meses después, la minera australiana remitió una nueva solicitud.
No le consta la demanda pero la recurren
El diputado de Equo autor de la pregunta, Juantxo López de Uralde, considera que la empresa ha seguido “una política de hechos consumados, metiendo el acelerador y cortando las encinas a sabiendas de que el procedimiento está paralizado”.
El proyecto de mina en Retortillo está siendo investigado por las fiscalías de Salamanca y de Medio Ambiente por acometer obras sin permiso y por los presuntos daños a zonas con protección medioambiental de la Red Natura 2000. Además, el proceso administrativo está siendo instruido por la Audiencia Nacional. Sobre esto último, el Gobierno no se da por enterado al indicar en su escrito al Congreso que “en la Dirección General de Política Energética no consta la presentación de tal demanda”.
Lo cierto es que el Ministerio sí conocía esta demanda. Tanto que la Abogacía del Estado “en representación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo” remitió unas alegaciones a la Audiencia en la que informaba de que le había sido notificada el 27 de octubre de 2016 y en las que pedía la inadmisión del recurso.
