José, Julia y Mari Carmen, a la espera del desahucio por los fondos buitre
José mira su casa. La memoria le devuelve al momento en el que firmó el contrato con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid hace ahora justo 10 años. “Pensé: esta sí, esta va a ser la mía para siempre”, relata con las fuerzas en niveles mínimos. Es septiembre y espera desde hace semanas la fecha del desahucio con la que el fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone (a través de la empresa Fidere), nuevo propietario de su vivienda social, va a sacarle con lo puesto de su casa.
Cuando llegaron a ese piso, ubicado en el PAU de Carabanchel (Madrid) aún no había nacido su hijo, que ahora tiene siete años. Trabajaba como escayolista para una subcontrata que, “lo que son las cosas”, construía viviendas de la EMVS. Hasta que la burbuja del ladrillo explotó. En 2012 se puso a la cola del paro y los 400 euros mensuales de alquiler social se volvieron una cifra inalcanzable. “Estuve sin pagar unos meses. Lo puse en conocimiento de la EMVS para poder ir asumiendo esos retrasos según fuera haciéndome con el dinero. Me prometieron un cambio de casa a otra cuyo arrendamiento pudiera asumir con mi nuevo nivel económico”, explica.
Pero ese cambio nunca llegó. Fue enviado a un piso vacío que estaba ocupado. Notificó la situación y después el procedimiento se anuló porque habían comenzado las gestiones para que el fondo buitre que ahora es propietario de su vivienda adquiriera los bloques de pisos sociales. El 6 de agosto finalizó el contrato que le vinculaba con la EMVS. Su deuda es hoy de 11.000 euros.
El Ayuntamiento de Madrid vendió el verano pasado 18 promociones de vivienda social de la ciudad al fondo de capital riesgo Magic Real Estate Blackstone por 125,5 millones de euros. Las negociaciones, según el relato de los vecinos, se realizaron a sus espaldas. Nunca recibieron una notificación oficial para informarles de que su casero no sería nunca más un ente público, aunque el Ayuntamiento asegura en su web que “el proceso de venta se ha caracterizado por su trasparencia y concurrencia competitiva”. El cambio de manos, conocieron después los inquilinos, iba a suponer un aumento de las cuotas de hasta el 35% en tres años.
Solo los vecinos cuyo contrato con la EMVS vencía el 6 de agosto recibieron en junio un burofax de aviso de Fidere para firmar uno nuevo con las nuevas condiciones. “Si hay personas que ya no pueden pagar los alquileres actuales, imagina cuando se produzcan las subidas”, señala Arancha Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de vivienda pública EMVS.
La cuestión, como también ha ocurrido con una venta paralela de vivienda pública del IVIMA a Goldman Sachs-Azora, está en manos de los jueces. El pasado mes de agosto, el juzgado de instrucción número 18 admitió a trámite la denuncia del PSOE sobre una posible prevaricación en la venta de 1.860 viviendas, según los socialistas, a un precio “muy por debajo” del valor de mercado.
Trampas en la letra pequeña
Como explica Mejías, los pisos se han vendido por una media de entre 60.000 y 75.000 euros, un valor bastante inferior al precio de tasación. “Mi casa se ha entregado a los tiburones financieros por 65.000 euros cuando se tasó en 105.000”, indica. Muchas familias, que han pagado sin demora las cuotas durante 10 años, han sumado con todas las mensualidades el precio por el que el Ayuntamiento ha vendido unas viviendas que podrían ser ya de su propiedad. O, al menos, eso fue lo que prometieron a José cuando firmó el contrato. “Me dijeron de palabra que la promoción tenía opción a compra a partir del décimo año. Aunque no me descontarían el alquiler, me garantizaron un precio de venta de una vivienda social de segunda mano”, asegura.
Esas promesas se trampearon en la letra pequeña. “Las viviendas tenían, según los papeles, opción a compra facultativa, lo que quiere decir que la EMVS decidía a los 10 años si tenía o no facultad para venderla a los inquilinos”, apunta Arancha Mejías. Pero el fondo de inversión se adelantó. “Es un atropello a la dignidad de los que hemos estado pagando religiosamente durante tantos años. Estamos agotados, nos sentimos vendidos, desprotegidos, pisoteados”, reconoce una de las vecinas, que prefiere no dar su nombre. Tiene tres hijos y su sueldo no le permite asumir más de los 480 euros que pagaba hasta ahora de alquiler.
El Ayuntamiento se escuda de que el motivo de no haber ofrecido las viviendas en venta los inquilinos tiene que ver con una “imposibilidad legal”. “La venta individualizada a los adjudicatarios, reza un comunicado publicado en su web en julio de 2013, ”no está contemplada en el Plan Estatal de Vivienda que acoge la financiación de dichos inmuebles“. ”Lo que sí permite, agrega, es la venta de todo el edificio a sociedades que tengan por objeto su destino a alquiler“.
Para Julia, de 80 años, la vida se mide por los días que van restando hasta el 16 de octubre. Es la fecha de su desahucio. Llega a la reunión de vecinos sobre un bastón y con el gesto agotado. Una vez más, y casi como si de una terapia se tratara, relata su situación con un discurso que, tan pronto se invade de rabia como se desmorona. “Me están matando poco a poco”. A veces se rompe; otras, sus ojos se llenan de ira y descarga su frustración verbalmente. Sus ingresos se reducen a una pensión de viudedad de 632 euros con la que viven ella y su hija. Solo el alquiler se lleva 577.
Esperar y desesperar
Unos bloques más arriba de la casa de Julia, que comparte urbanización con José, vive Mari Carmen. Su vida lleva metida en cajas desde junio, cuando estaba prevista su salida obligada de la vivienda por orden judicial. El juez paralizó cautelarmente el desahucio, pero la sentencia aún no es firme. Desde entonces, ni Mari Carmen, ni su marido, ni sus dos hijas se han atrevido a sacar más que una muda de esas cajas que invaden casi cada rincón del que, aun entre cartones, sigue siendo su hogar.
En 2006 firmaron el contrato –“como una lotería”, recuerda ella–. Durante tres años pagaron los 700 euros de alquiler que les pedía mensualmente la EMVS, hasta que su pareja se quedó sin trabajo en 2009. Como José, trataron de buscar una solución pidiendo un cambio de vivienda que jamás se tramitó. Con una deuda de 17.000 euros, la familia fue llevada a juicio por Fidere en febrero, tras una serie de amenazas. “Te torturan cada día con cartas que te recuerdan tu situación, ¡como si no lo supiéramos!”, expresa Mari Carmen.
Es la existencia convertida en espera. José lleva días pensando marcharse para huir del momento más temido. No quiere que su hijo, a quien ve cada fin de semana como marca el régimen de visitas acordado tras su divorcio, sea testigo de la pesadilla que a él no le deja pegar ojo. “Se da cuenta de que cada vez hay menos cosas en casa, intento ir vaciando poco a poco, pero no tengo un lugar donde llevarlas”, lamenta. Las palabras de los abogados de Fidere durante el juicio, dice, retumban en su cabeza: “Vamos a hacer todo lo posible por que el proceso se desarrolle de la forma más rápida”. En sede judicial, asegura Jose, la empresa no mostró las escrituras de la casa que acreditan que es propietaria de la vivienda. “A pesar de la negativa de mi abogado a continuar, el juicio salió adelante”, afirma.
En los bloques de pisos se percibe ese grumo de silencio que no siempre conviene confundir con la tranquilidad. Un par de niños, a las puertas de la adolescencia, juegan en el patio común. Según calcula José, de los más de 100 vecinos que convivían en la urbanización, hoy no quedan más de 30. Las persianas bajadas acorazan las ventanas y las flores de los pocos balcones por los que aún asoma vida languidecen como rendidas. En uno de los bajos, un blindaje de metal impide el paso a una vivienda cuyos inquilinos, cuenta José, fueron desahuciados por la EMVS. Esta vez, ni siquiera hizo falta que el buitre entrara en su casa.
