El Vaticano quiere indultar y mandar lejos al cura español del Opus acusado de espiar al Papa
Fue el gran señalado por el escándalo del Vatileaks II, considerado el gran traidor por muchos. Y, sin embargo, el papel de Lucio Ángel Vallejo Balda es, todavía hoy, cuando el tribunal vaticano está a punto de dictar sentencia, una incógnita. ¿Fue víctima de un engaño, o el principal culpable de la filtración? ¿Quiso ayudar o torpedear la reforma de Francisco? ¿Cuál fue su relación con Francesca Chaouqui? ¿Por qué ayudó a filtrar y a grabar al Papa? Muchas de estas preguntas, tras meses de investigaciones y un juicio en el que la legitimidad del tribunal para juzgar el caso y a sus acusados ha sido puesta en duda, seguramente quedarán sin respuesta.
Esta semana se cierra el proceso del caso de filtración de documentos secretos vaticanos que ha sentado en el banquillo, además de al sacerdote español, a la publicista italiana Francesca Chaouqui, el sacerdote Nicola Maio y los periodistas Gianni Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, en un juicio muy mediatizado por la italiana, que ha dado a luz a un niño en el intenso intervalo entre su detención y el fin de los interrogatorios. Un niño al que ha llamado Pedro, en alusión al Papa, y que no ha llevado a los tribunales en las últimas vistas.
Tres años de prisión
Los promotores de Justicia vaticanos (una especie de fiscales) Gian Pietro Milano y Roberto Zannotti han lanzado sus alegatos finales, solicitudes de pena incluidas. Para Vallejo Balda se solicitan tres años y un mes de prisión por divulgar material clasificado, aunque es el único de los cinco acusados que ha colaborado con la investigación, lo que a buen seguro redundará en una reducción de su pena. Teniendo en cuenta que ya ha cumplido nueve meses de reclusión –ahora vive en régimen de semilibertad, teniendo que dormir en los calabozos vaticanos– y el más que posible indulto del Papa Francisco (estamos en pleno Año de la Misericordia), todo parece indicar que Vallejo Balda podrá salir en libertad en breve.
¿Cuál será el futuro del sacerdote? Lo primero que hay que decir es que el delito que se le imputa es penal, no eclesiástico, por lo que Vallejo Balda sigue siendo, a todos los efectos, sacerdote. No se le ha impuesto pena alguna que le impidiera, por ejemplo, presidir la Eucaristía en público, bautizar o casar. La ausencia de pena canónica permite vislumbrar un futuro para el sacerdote, si bien fuera de los focos y del Vaticano.
La Santa Sede no quiere que Balda viva en Roma y, aunque durante meses se especuló con la posibilidad de que fuera enviado a un monasterio en España (los obispos de La Rioja y Astorga se ofrecieron a acogerle, e incluso se llegó a hablar de los monasterios riojanos de Yuso y Valvanera como posibles lugares de acogida para el sacerdote), lo cierto es que la opción de futuro que gana enteros es que Balda sea enviado a algún país latinoamericano, bien como colaborador o consejero de alguna nunciatura, bien como “cura raso” y con funciones meramente sacramentales, alejado de cualquier puesto de responsabilidad.
Balda quiere seguir siendo sacerdote
El sacerdote, por su parte, después de unos meses de reclusión, y tras reconocer su implicación en la trama –más o menos directa, pues en privado sigue manteniendo que la mayor parte del material secreto publicado por Nuzzi y Fittipaldi no fue filtrado por él– y colaborar en el esclarecimiento de la misma, considera que ya ha saldado su deuda, y desea continuar adelante con su vida y su vocación. Pese a la supuesta relación con la Chaouqui, Vallejo Balda ha hecho saber a sus íntimos, y a sus superiores eclesiásticos, que desea continuar con su vocación sacerdotal.
En cuanto a Francesca Chaouqui, el fiscal pide tres años y nueve meses de prisión y la considera la “inspiradora y verdadero motor” de la trama, denunciando además su “censurable comportamiento durante el proceso”. La italiana es considerada por los investigadores la principal responsable del robo y las filtraciones junto a su marido, Corrado Lanino, quien fuera uno de los tres responsables de la seguridad informática de la Santa Sede. No obstante, las dudas sobre la legitimidad del tribunal –tres de los cinco imputados son italianos, no ciudadanos vaticanos, y la mayor parte de los actos supuestamente delictivos se llevaron a cabo en territorio italiano– impide que la investigación entrara en mayores detalles.
En cuanto a los dos periodistas, Gianni Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, el procedimiento es mucho más complejo, toda vez que ambos son ciudadanos italianos y el Estado italiano consagra la libertad de prensa como un derecho fundamental. Aunque el Vaticano es un Estado soberano en su territorio, lo cierto es que ningún jurista de prestigio ve razonable la imputación de ambos. De hecho, la fiscalía vaticana ha solicitado la absolución de Fittipaldi por falta de pruebas, mientras que para Nuzzi –quien reconoció a Vallejo y Chaouqui como sus fuentes– se pide un año por “complicidad moral” y “apoyo logístico”, aunque recomienda no hacer efectiva la pena.
Al final, la última palabra la tendrá el Papa Francisco, que habrá de rubricar las penas, cancelarlas o, como parece probable, ofrecer el indulto a los acusados. En el caso de Balda y Maio, éste sería aceptado de inmediato al ser eclesiásticos, mientras que tanto Nuzzi como la Chaouqui han declarado que renunciarían al mismo.
Si finalmente Francesca es condenada, las dificultades para que dicho arresto sea efectivo son evidentes: el Vaticano no tiene cárcel, ni siquiera celdas, para mujeres y se hace difícil pensar que Italia aceptará que la publicista cumpla su pena en un centro penitenciario del país transalpino. Con lo que, después de casi un año de escándalos y un juicio semicerrado y con pocas garantías procesales, el resultado final puede ser tan oscuro como el conocimiento de la trama que llevó a la filtración de documentos y a la grabación de conversaciones con el mismísimo Papa. Con las mismas dudas e interrogantes sin resolver.
