Grupos ultracatólicos y expertos antiabortistas asesoraron al Ministerio sobre la nueva ley
Una vez aprobado el borrador de la nueva ley que regulará el aborto en España, el Ministerio de Justicia ha desvelado, en parte, uno de los secretos que ha rodeado a la normativa: quiénes son los expertos que han elaborado lo que ahora se conoce como anteproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Se trata de “un grupo de asesores adscritos permanentemente al ministerio”, según señalan fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. No facilitan nombres, tan solo concretan que ese grupo está formado por 10 jueces de distintas jurisdicciones, 10 fiscales y 10 secretarios judiciales, y que “la comunicación ha sido continua” con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Además, explican, el grupo de expertos ha analizado las sentencias del Tribunal Constitucional relacionados con este tema, el derecho comparado o la declaración bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) sobre la ley del aborto de 2010, que aporta un listado de las que pueden considerarse malformaciones graves o incompatibles con la vida.
De igual manera, señalan que “han estudiado” los informes y la documentación aportada por casi una veintena de asociaciones y expertos en bioética o ginecología con los que se ha reunido la Secretaría de Estado de Justicia. Encabezan este listado 11 asociaciones de mujeres, entre las que está la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Comisión de Investigación de Malos Tratos, Mujeres Juristas Themis, CELEM, Mujeres de Opañel o la Federación de la Mujeres Progresistas.
La presidenta de esta última entidad, Yolanda Besteiro, se ha mostrado enormemente “sorprendida” de que esa reunión se incluyera entre las consultas relacionadas con la nueva legislación del aborto. “Fue una reunión que mantuvimos con el director general hace casi dos años y que la pedimos precisamente poco después de que el ministro anunciara que los divorcios de mutuo acuerdo serían resueltos por los notarios”, explica Besteiro.
Lo mismo apunta la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también presente en la reunión: “Se trató de un encuentro para pedir que por favor se nos tuviera en cuenta a las mujeres a la hora de elaborar las leyes que estaban anunciando, y el aborto fue uno de tantos otros temas que se trataron”. Soleto señala, molesta, que “el Gobierno tiene una visión muy particular de colaborar con la sociedad civil ya que en esa reunión no se nos planteó ninguna propuesta sobre lo que pensaban hacer sobre el aborto”.
Besteiro, también indignada porque se les incluya en el listado de asociaciones consultadas cuando nunca se les ha facilitado ninguna información, subraya que Alberto Ruiz-Gallardón “es el único ministro de la democracia que no se ha reunido con las asociaciones de mujeres”.
Quien sí logró reunirse con el ministro de Justicia fue el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que reclamó la “supresión de discriminación por razón de discapacidad en la regulación del aborto” y en vista de que en el anteproyecto se ha eliminado el supuesto por malformación grave, la petición fue atendida.
Entre las entidades que acudieron al Ministerio figuran, por ejemplo, la ONG Save the Children. También el grupo contrario al aborto Asociación Unidos por la Vida o Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, entidad que se congratula que “por primera vez la legislación abortista retrocede en España”, en relación a la aprobación del anteproyecto, y que pide que el supuesto por violación también desaparezca.
También se reunieron con la Secretaría de Estado de Justicia José Miguel Serrano, miembro del Comité de Bioética, y firmante de la Declaración de Madrid, un escrito que en marzo de 2009 hicieron público una serie de profesores, académicos e investigadores para rechazar la ley de plazos que entonces elaboraba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que defiende la vida del feto desde el momento de la concepción.
Entre los especialistas en ginecología consultados aparece el médico Ignacio Palomo, quien en una entrevista en el diario ABC presume de no haber practicado jamás un aborto en toda su carrera profesional. Elard Koch, director del Instituto de Epidemiología molecular MELISA en Chile, y públicamente opuesto a la interrupción voluntaria del embarazo, fue otro de lo consultados.
Justicia recibió también a una representación del grupo de 645 expertos en diagnóstico prenatal, que hace un año suscribió una carta en contra de la desaparición de los supuestos por malformaciones graves. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) consiguió reunirse el secretario de Estado de Justicia, quien, como señala su presidenta Francisca García, les aseguró que “la ley no les iba a gustar”, como única información acerca del contenido de la nueva normativa.
A este respecto también se queja la portavoz de la Plataforma Nosotras Decidimos, Isabel Serrano, quien después de más de un año pidiendo una reunión con el Ministerio de Justicia, esta tuvo lugar apenas hace dos meses. “Durante la reunión no nos dieron información de ningún tipo, tan solo se limitaron a decirnos que aún se estaba elaborando”, afirma Serrano.
Justa Montero, portavoz de Mujeres ante el Congreso, se muestra bastante indignada con que la reunión que mantuvo esta entidad en verano con el ministerio esté incluida en el listado de entidadas consultadas. “Se negaron a darnos ningún tipo de información, consideramos que era una tomadura de pelo y nos levantamos de la mesa, qué clase de colaboración es esa. Está claro que nos recibieron para luego decir que nos habían consultado”, se queja la portavoz.
