Una inmigrante sufre un aborto tras ser rechazada varias veces por un hospital público valenciano

Un embarazo, como lo más deseado y temido al mismo tiempo. Así ha vivido Milagros Villalobos sus tres periodos de gestación, que solo en una ocasión terminaron con final feliz. El último, este verano, ilusionó a Milagros y a su marido, pero cuando comenzó a sangrar temieron que hubiese de nuevo alguna complicación. Acudió a urgencias del Hospital de Denia (Alicante) pero, según cuenta, le negaron la atención si no firmaba “un compromiso de pago de 185 euros” por carecer de tarjeta sanitaria. La mujer, venezolana sin permiso de residencia, se fue a casa. Días después Milagros tuvo un aborto, que fue certificado casi tres semanas más tarde, cuando consiguió que la vieran en el hospital.

Los últimos dos meses han sido “un calvario”, resume la mujer, de 37 años. El mismo día que la prueba de embarazo le dio positivo empezó a sangrar. Acudió rápido a urgencias del Hospital Marina Salud de Denia –de la red pública, gestionado por las empresas privadas DKV Seguros y Ribera Salud–, ese miércoles 9 de julio.

Por desgracia, ya conocía el protocolo. En 2009, antes de tener a su niña de tres años, tuvo un embarazo ectópico (en el que el óvulo fecundado sale del útero) por el que estuvo ingresada ocho días en el hospital de Alicante. “Los médicos me tenían preparada para entrar a quirófano en cualquier momento”, cuenta. El nacimiento de su hija en 2011 fue una alegría para la pareja después de otro embarazo de riesgo en el que Milagros permaneció también unos días ingresada por precaución.

La mujer pensó que esta vez sería similar. Llegó en 2006 a España y desde entonces ha trabajado como diseñadora gráfica y vivido de manera legal en el país. Sin embargo, perdió su empleo y no pudo renovar su permiso de residencia. Con los papeles se esfumó también la tarjeta sanitaria. Aun así, Milagros sabía que las urgencias y las mujeres embarazadas mantienen la cobertura sanitaria pública, por lo que se dirigió al hospital.

El real decreto 16/2012 dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas de un día para otro, según calculan varios colectivos sociales. Los inmigrantes sin permiso de residencia quedaron excluidos de la sanidad pública excepto en tres casos: en urgencias, los menores y las mujeres embarazadas.

“Pero cuando llegué al mostrador me pidieron que firmase un compromiso de pago de 185 euros para que me atendiesen. Yo les dije que no podía firmar eso sin consultarlo con mi marido, para ver si podíamos afrontar el pago”, cuenta Milagros. Según la mujer, a pesar de que le decían que no se fuese, “que podía ser muy serio”, sin la firma no le permitían pasar. Así que se fue a casa.

Desde ese miércoles hizo reposo absoluto, en la cama. El sábado, su marido y ella fueron de nuevo a las urgencias. “Ya nos daba igual que hubiese que pagar; teníamos mucho miedo”. Allí, Milagros afirma que tuvieron que firmar un papel en el mostrador: “Nos dijeron que era un mero trámite, pero después supimos que era un compromiso de pago”.

Ese sábado un médico certificó el peligro del embarazo y la citó de manera urgente tres días después. Con la mente fija en próxima prueba, Mila recibió una llamada el día antes de acudir al hospital. “No se identificó como personal del centro, pero me decía muchos datos de cuándo había ido al hospital y qué decía mi expediente”. El motivo de la llamada era anular la cita, cuenta Milagros. “Me decía a gritos que cómo me había atrevido a pedir cita si no tenía papeles, que eso no entraba dentro de la asistencia gratuita y que tenía que tramitar mi caso con una trabajadora social”, prosigue apenas en un hilo de voz. “Me sentí tan mal que le dije que me quitase la cita. Que iría a la trabajadora”.

El hospital niega las irregularidades

Tras la llamada, Milagros siguió todo un tour de desconocimiento, de un mostrador a otro. En la Comunidad Valenciana, las mujeres embarazadas deben tramitar un documento de atención a través de un trabajador social, una vez que se verifica el embarazo. Milagros fue al centro de salud de la localidad donde reside, pero no tenían ningún trabajador social, por lo que acudió al Ayuntamiento. “Allí la trabajadora tenía interés, pero desconocía el proceder para conseguir la atención, así que tardamos varios días en conseguir los papeles”, cuenta.

Casi dos semanas después, la mujer consiguió una cita en el hospital. El día 28 volvía a verla el mismo doctor, que certificó entonces que había sufrido un aborto. El médico le recriminó “por qué no había venido antes”. “He pasado mucho. Le dije al doctor que no me habían dejado venir y se quedó extrañado”, relata. Con la documentación de la trabajadora social, Milagros ha vuelto al hospital para una revisión y tiene pendiente otra consulta.

La versión del Hospital Marina Salud es totalmente distinta. Según una portavoz del centro hospitalario no tienen constancia en el expediente de Milagros de la visita del primer día. Ante la posibilidad de que no figure en su ficha dado que no fue tratada, responde que “no es el modo de proceder del hospital. No se exige compromisos de pago en urgencias”. Hay que recordar que esta exigencia, así como la emisión de facturas por la atención urgente, son ilegales.

Según Marina Salud, Milagros fue por primera vez el sábado, donde no se le hizo firmar ningún compromiso de pago y nunca la llamaron del hospital para anular la cita. “Ella no se presentó”, apunta la portavoz del hospital, que recalca que después ha sido tratada en el centro. La voz de Milagros tiembla al otro lado del teléfono. “Lo que siento es no haber grabado esa conversación. ¿Por qué no iba a ir a una cita cuando estaba sangrando y con los riesgos que corría? Yo quería que me atendieran por si no era una pérdida y podíamos salvar al bebé”, dice con rabia.

La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana asegura que en su región se facilita “la asistencia sanitaria necesaria durante el embarazo, parto y posparto” a las mujeres en situación irregular. Además, señala que en su Comunidad emiten para ellas un documento “que cumple los mismos objetivos que la tarjeta sanitaria”.

Sin embargo, Abril Millán, miembro de la plataforma Jo Sí Sanitat Universal València, asegura que la información no llega a la población. “En la Comunidad Valenciana existe el Plan Valenciano de Protección de la Salud, que da acceso a la sanidad a inmigrantes en situación irregular que llevan más de un año residiendo en la Comunidad y con unos ingresos limitados, pero mucha gente lo desconoce”, explica. Además, critica la actuación de varios hospitales de la región: “Este caso no es aislado. Conocemos más situaciones en las que se han exigido compromisos de pago y con facturas que llegan por sorpresa por alguna atención urgente”.

De hecho, Milagros va a solicitar la opción del Plan de Portección porque cumple los requisitos. Aunque admite que ya desconfía de todo y no quiere ir al médico al “no estar embarazada”. “Nunca pensé que me humillarían tanto. Es como si al dejar de cotizar no valiese nada”, añade. De momento, el peor momento de su vida le ha quitado la idea de volver a ser madre. “Hemos desistido. Además del riesgo, en España no quiereremos tenerlo porque no sé si voy a poder ir al médico”. Antes de despedirse, pide algo: “Espero que dar a conocer mi caso ayude a las miles de personas que están pasando por esto, algunos de ellos sin saber bien español para defenderse”. Y cuelga.