La líder de afectados por la venta de VPO en Madrid se querella contra el fondo buitre que quiere desahuciarla
Aranxta Mejías, la cara visible de los afectados por la venta de vivienda sociales por parte del Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitres, ya ha iniciado acciones judiciales contra Fidere. La familia se ha querellado contra la empresa por “coacción” y “discriminación” después de recibir un burofax que les daba un plazo de un mes para dejar la casa en la que han vivido en los últimos diez años. El tiempo ya ha pasado y Fidere, desde el pasado 6 de octubre, devuelve los recibos. El contrato está rescindido y ya no pueden continuar pagando, aunque quieran.
En la querella, presentada el 7 de octubre y pendiente de admisión a trámite, se acusa a Fidere –sociedad con ventajosa fiscalidad participada por Magic Real Estate Blackstone– de dos delitos: el de coacciones, contemplado en el artículo 172 del Código Penal; y el de discriminación, apoyado sobre la “conducta activa” de Aranxta en la lucha por la anulación de la venta de viviendas sociales. “Hay una treintena de personas en la misma situación que la familia Mejías, cuyo contrato finalizaba el 6 de octubre, y todas han renovado sin problemas. Fidere no ha dado ninguna razón para explicar su decisión”, argumenta su abogado Mariano Benítez de Lugo, que califica de “represión selectiva” su actuación.
El letrado explica que, en este caso, se está produciendo un “abuso de derecho” por parte de Fidere, que se agarra “a una norma de cobertura con un fin ilícito”. En este caso, esta norma es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que protege la “voluntad de no renovar los contratos” con las notificaciones pertinentes y respetando los debidos plazos. Fidere ha cumplido con el aviso con un mes de antelación y aduce solo su “voluntad” de tomar esa decisión para llevarla a cabo, sin más motivos, según el burofax que recibió la familia Mejías. Después no se ha producido ninguna comunicación con la empresa, según la afectada.
Para el abogado, Fidere tampoco puede esgrimir –y no lo ha hecho– que necesite la vivienda para alquilarla a otros inquilinos porque en el mismo bloque de Aranxta hay varias casas vacías y un gran cartel de oferta de alquiler de viviendas. En los alrededores, donde la empresa también compró promociones, pasa lo mismo. Y así se ha acreditado también en la querella, asegura el letrado.
Una querella nueva y dos reaperturas
Esta acción judicial, un procedimiento nuevo, se suma a la petición de reapertura de sendas querellas presentadas por el grupo municipal socialista y la asociación de afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS que preside Aranxta Mejías, en la que el Ayuntamiento anunció que se personaría. Ambas se sobreseyeron provisionalmente, situación que posibilita, si hay nuevas pruebas aportadas, que se retomen las actuaciones. Estas nuevas pruebas son el informe del Tribunal de Cuentas y las conclusiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid.
En la querella de la familia Mejías se presenta como medida cautelar que “se suspenda cualquier acción” para desalojarlos. “Están dispuestos a seguir pagando, incluso las subidas”, argumenta su abogado. Según sus previsiones, el juzgado se pronunciará en el plazo de una semana sobre la admisión o no de la querella.
Mientras, las acciones que tome Fidere son desconocidas. El letrado Mariano Benítez de Lugo cree que, aunque aún no se ha notificado, la empresa iniciará un “proceso de desahucio por precario”. Como si se tratara de una ocupación ilegal, dado que Fidere ha dado por rescindido el contrato y ya no acepta los pagos. Con la querella, que esperan se admita, esperan poder paralizar ese procedimiento.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó a finales de septiembre una proposición, presentada por Ahora Madrid y PSOE, para que el consistorio preste apoyo a la familia afectada al considerar que “no existe incumplimiento objetivo del contrato suscrito entre sus padres y la sociedad arrendado, ni causa objetiva para la no renovación del contrato de alquiler”. En ese apoyo se incluye el respaldo económico para las acciones judiciales, algo que todavía no se ha llevado a cabo, el institucional y la posibilidad de ofrecer a la familia una vivienda pública.
