La agonía de esperar el siguiente intento de desahucio

Wilson y Cecilia han visto el pasado viernes la puerta de su casa hecha pedazos por la Policía. Dilan, su bebé de mes y medio ha presenciado, ignorante, cómo sus padres eran expulsados de su hogar, una vivienda protegida que el Ayuntamiento de Madrid vendió a un fondo buitre para sanear las arcas públicas. Cuando la familia no pudo pagar el alquiler, el nuevo propietario no quiso negociar y comenzó una larga batalla de desgaste materializada en cartas e intentos de desahucio que las plataformas en defensa de una vivienda digna han intentado frenar. Esta vez, en el cuarto intento de desalojo, se impuso la decisión judicial.

La colaboración entre varias plataformas de vivienda se ponía en marcha hace unos días en internet. Las redes sociales de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones vecinales volvían a reproducir un aviso de peligro en forma de etiqueta: #Wilsonsequeda. De nuevo, el S.O.S. saltaba después de que el 19 de diciembre consiguieran frenar la orden de desahucio de esta familia con tres hijos. Pero sabían que la victoria era temporal porque el fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone, que adquirió 1.860 pisos protegidos a la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) a través de la empresa Fidere, no iba a negociar.

“Fidere no quiere negociar y la EMVS, que fue la que vendió los pisos protegidos a este fondo, tampoco ha ofrecido ninguna posibilidad a la familia”, afirmaba el abogado de la PAH Manuel San Pastor tras el desahucio. Las plataformas intentan acordar una alternativa con los bancos u otras entidades con las que los afectados mantienen una deuda para no llegar a la violencia de un desalojo. Carlos Macías, activista de la PAH de Barcelona, afirma que la presión social ha provocado un cambio en las respuestas de algunas entidas bancarias, que ven inundadas sus sucursales de pegatinas verdes o reciben la condena de sus clientes por sus políticas hipotecarias.

Pero no siempre sucede así. De momento, los fondos de inversión que adquirieron más de 4.000 viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital se han caracterizado por ofrecer un 'no' inamovible a los inquilinos que no han podido hacer frente a sus cuotas. La crisis también atrajo a otros buitres, particulares y empresas especializadas en hacer negocio de la desesperación de terceros, como el prestamista que se quedó con la casa de Carmen Martínez, la anciana del barrio madrileño de Vallecas que puso rostro a las miles de personas que pierden su hogar a causa de la crisis.

“La PAH intenta negociar siempre con las entidades para llegar a alguna alternativa. Es la mejor opción. Si no lo conseguimos, optamos por la desobediencia civil y a veces logramos parar el desahucio. Eso sabemos que nos da unos días, pero si la entidad no cede, volverá a pedir otra orden”, explica Carlos Macías.

La crisis se lleva hasta la salud

Ana comparte la misma historia que Wilson aunque espera no repetir el mismo desenlace. La mujer gana 900 euros con los que debe mantener a sus tres hijos y a la novia de su hijo mayor, que vive con ellos. Solo el alquiler supone 600 euros al mes, por lo que las cuentas no salen a fin de mes. El 12 de enero sorteó la segunda orden de desahucio, pero teme una nueva carta de Fidere con la siguiente fecha de desahucio. “No sé si podré soportarlo, de verdad”, dice al otro lado del teléfono.

La mujer intenta explicar la angustia de la cuenta atrás hacia el día en el que debes abandonar tu casa cuando no tienes otro lugar al que ir. No pegó ojo en la semana previa al primer intento de lanzamiento. “Estaba metiendo las cosas en cajas, por si acaso, pero tuve un mareo y me caí al suelo”, cuenta. Estuvo dos meses de baja por ansiedad. Desde que empezó todo el proceso sigue tratamiento médico y, a veces, pierde las ganas de luchar: “Me mato a trabajar y no puedo ni dar una casa a mis hijos así que ¿para qué hago todo esto?”, lamenta.

Susana, otra activista de la PAH de Barcelona, ha vivido muchas situaciones límites con personas que estaban a punto de perderlo todo. En su memoria destaca el día en el que Irene fue desahuciada de la casa de su madre, su avalista, junto a sus tres hijos. “Fuimos a pedir cuentas a la sede del distrito porque nos habían prometido que no iba a haber desahucio. Irene se mareaba, vomitaba, tenía un shock tremendo”, cuenta. 

Irene resume su pelea para mantener la casa de su madre como un “sinvivir”. Cuando su familia ya estaba contra las cuerdas porque había perdido su casa, una persona de su entorno aprovechó la situación para engañarlos y hacerse también con la casa de su madre. Sufrieron cuatro intentos de desahucio a los que los activistas de la PAH respondieron con guardias incansables.

“Cuando ya ha habido varios intentos fallidos, los propietarios explican la situación al juzgado que puede ordenar, como pasó en el caso de Irene, un desahucio con fecha abierta”, detalla Carlos Macías. En esos casos, la orden tiene un margen de varios días, por ejemplo una semana, en la que la comisión judicial y la Policía pueden llegar en cualquier momento a echar a los inquilinos del inmueble. La angustia es permanente.

Gracias a la indignación y la persistencia de la PAH de Barcelona, los activistas consiguieron que el Ayuntamiento de la ciudad se comprometiese a pagar el alquiler de esta familia durante tres años. Irene en cambio no olvidará las lágrimas de sus hijos en la escalera de su casa, tomada por a Policía. Una experiencia que ha dejado huella en ellos y que desearía haberles ahorrado con un acuerdo previo. 

Cuanto más se alarga la agonía del desahucio, peor lo pasan las familias y “mayor es el clima de incertidumbre”, destaca la doctora Elena Ruiz Peralta, especializada en Medicina de Familia Comunitaria y en Antropología Médica. En un estudio con integrantes de la plataforma Stop Desahucios en Córdoba, Ruiz comprobó cómo el sufrimiento, en ocasiones, se deja sentir como una enfermedad, como la “afectación de la autoestima o el nerviosismo”. “En todo desahucio existe una privación de la salud”, apunta.

Aunque los problemas físicos y psicológicos encuentran muchas veces más alivo en las calles que en las consultas: “Porque el problema es social y a veces está motivado por el sentimiento de culpa y la vergüenza. Cuando ves que eso le ocurre a otras personas y que no tienes la culpa, ese sufrimiento se reduce”, argumenta la médica.

Los recursos públicos no llegan a los afectados

Ana llama todos los días a la EMVS para saber cómo va su caso. Después de ignorar decenas de llamadas, su historia quedó reflejada en este medio y en otros. Cuando una televisión quiso emitir su historia, los periodistas le dijeron que la empresa municipal había asegurado que le iba a dar una vivienda social. “No lo tengo por escrito pero la noticia me alivió. Ahora estoy llamando para ver si necesitan algún documento o algo, pero me dicen que ya lo están mirando. No sé, quiero arreglarlo antes de que me llegue otra carta de desahucio. No quiero que mis hijos vuelvan a pasar por eso”, cuenta.

Otras familias, como la de Wilson se quedan con sus pertenencias en la calle y con la única oferta del Samur Social de “unos días en una pensión”, según cuenta su abogado, que asegura que el Ayuntamiento no les ha ofrecido una vivienda del 'fondo solidario' de Botella. Para los activistas, estas historias son las que demuestran que las políticas públicas contra los desahucios que lanzó el Gobierno en 2012 han sido insuficientes. El Partido Popular rechazó el pasado diciembre en el Congreso ampliar sus medidas de “protección a los deudores hipotecarios”, como había solicitado la Izquierda Plural.

Hasta final de 2014, según la cartera dirigida por el ministro Luis de Guindos, 26.000 familias pudieron acogerse a alguna de estas ayudas. En concreto, 10.000 lograron reestructurar su deuda, 3.000 consiguieron la dación en pago, 12.000 se acogieron a la moratoria de dos años y 1.465 accedieron a una vivienda del Fondo Social.

Desde enero de 2008 hasta septiembre de 2014 se contabilizaron en España 360.125 lanzamientos, según las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial. Carlos Macías y el abogado Manuel San Pastor coinciden: “La solidaridad del pueblo está llegando allí donde no llegan las autoridades. Es una auténtica vergüenza”.