“La privatización transforma a la ciudadanía en clientela, y cuando la clientela es pobre es expulsada”

Su voz y sus análisis siempre resuenan en cualquier foro local o internacional que aborde el tema del agua. Enlace habitual entre la sociedad civil y las instituciones, Pedro Arrojo aplica una óptica económica para analizar la situación del vital líquido en sus múltiples dimensiones. Los cálculos de este profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, que en 2003 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría de Europa, ayudaron a demostrar la inviabilidad del trasvase del Ebro. Ahora destapa con argumentos las actuales consecuencias y opacidades de la privatización de los suministros urbanos.

2015 es año electoral y el debate sobre el agua, pública o privada, está ya en la agenda de los partidos políticos. ¿Este hecho va a suponer un antes y un después para la situación del agua y el saneamiento?en la agenda de los partidos políticos

Probablemente, sí. No tanto por el hecho electoral sino porque coincide con un momento de mayor conciencia social, de mayor cabreo, con un nivel de conciencia sobre lo que significan los actuales modelos de privatización.

Se da la paradoja de que el discurso de la no privatización ha sido abrazado por partidos que han privatizado en algunos municipios o, cuanto menos, no han apoyado el empuje ciudadano.

Los actuales modelos de privatización son sofisticados y han hecho que entraran sectores de la izquierda, presionados por la anorexia financiera de la Administración. Lo primero que hace falta es ser consciente, más que culpar a nadie de traidor. El modelo de privatización es sofisticado y el debate ha requerido un nivel de información técnica, social y política que muchas veces los dirigentes políticos no tenían. Pero tampoco pretendo disculparles, pues hay mucha gente que no puede alegar que no sepa. Por ejemplo, se suelen hacer empresas mixtas, pero siempre con una cláusula en la que, en nombre del know how y de mutuo acuerdo, las partes acuerdan que el socio minoritario queda a cargo de la gestión.

En segundo lugar, siempre hay otra cláusula que amarra la cuestión económica: compras, contrataciones y subcontrataciones son decididas también en nombre del know how privado. La paradoja es que, en nombre del libre mercado, se colapsa el mercado. Cuando necesitan hacer compras o adjudicaciones lo hacen dentro de su grupo. Lo que se consigue es que, aun si un alcalde o una institución pública quisieran controlar el negocio, no tendrían información suficiente ni tampoco capacidades de decisión, pues previamente se ha firmado que las toma el privado. Calculo que, de los beneficios de los grupos empresariales, cuando no hay corrupción, más de la mitad está subsumido legalmente en esas adjudicaciones directas, sin concurso público. La tercera clave es otra cláusula que alarga estos contratos por un mínimo de 20 años. No solamente para asegurar el negocio a largo plazo, sino para asegurar la irreversibilidad de una decisión política. Así, hay alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que tienen mandatos por cuatro años pero que toman decisiones por 40.

En todo caso, ¿es posible parar dicha “sofisticación” privatizadora? ¿Cómo?

Primero, tiene que aparecer en el compromiso electoral. Y aparte, tiene que haber un referéndum, pues se está hipotecando la capacidad de decisión de los siguientes alcaldes. Esto no lo harán nunca porque todas las consultas en esta materia han sido ganadas por entre el 70 y el 90% de los planteamientos en contra de la privatización. Ahora ya se ha incorporado a la conciencia de la gente, en su cabreo. Y también en el nivel de información de los dirigentes, en una situación en donde, al haber crecido mucho las opciones políticas emergentes que amenazan con barrer a otros, todo el mundo ha sido mucho más sensible. Bienvenidos. Éste no debe ser un patrimonio de unos pocos. En algunos países europeos el discurso antiprivatización es también patrimonio de la derecha. Las votaciones que se dan en el Parlamento Europeo al respecto incluyen por eso a un sector de la derecha centroeuropea que sistemáticamente vota en contra de la privatización del agua.

Los problemas por el agua aumentan ya no exclusivamente en el Sur, sino también en países como España, donde el agua provoca los desahucios más silenciosos. ¿Qué ha supuesto en términos prácticos que Naciones Unidas reconociera, en 2010, el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos?el agua provoca los desahucios más silenciosos

Durante años el lobby privado se ha opuesto a que se hablara de 'derecho humano'. Prefería hablar de 'derecho fundamental'. Rehuyeron del término 'derecho humano' hasta que ya no han tenido más remedio que aceptarlo. Se trata de un término tipificado en la legislación internacional, de manera que, una vez incorporado por Naciones Unidas, y cuando se tipifique, lo que todavía se está haciendo en el Consejo de Derechos Humanos a iniciativa de Alemania y de España en tiempos de Zapatero, será una obligación internacional y se podrá denunciar a un Gobierno frente a un tribunal internacional por incumplimiento de derechos humanos. Lo temen.

La situación actual es difícil de revertir y lo que está haciendo el lobby privado es irse a las alternativas que le quedan, que son feas. Por ejemplo, decir que los derechos humanos se van a gestionar desde el mercado. Afirma que son buenos gestores de derechos humanos, preguntan quién se lo paga, y miran al Estado o suben las tarifas. Porque ellos tienen que tener beneficios. Tomar el derecho humano como una visión que asegura que no todo se compra y se vende en el mercado ha sido una muy buena estrategia del movimiento anti-privatización.

¿Qué implica hablar del agua y el saneamiento como un derecho humano?

No toda el agua es derecho humano. Estamos hablando de unas cuotas básicas, de unos servicios básicos. Derecho humano implica que a una familia en vulnerabilidad o en pobreza no se le puede cortar el agua. Es como si mañana nos hicieran pagar por el aire y, al que no pudiera pagar, le pusieran una pinza en las narices y le ahogaran. No puede ser.

¿Se trata entonces de una cantidad fija por encima de la cual ya puede operar el mercado?

Alrededor del derecho humano están los servicios de agua y saneamiento en su conjunto, no solamente los 30-40 litros por persona y día básicos. Ese conjunto, tener por ejemplo 24 horas al día agua de calidad en casa, debe ser un derecho de ciudadanía, es decir, de acceso universal, bajo una lógica de gestión pública y no de negocio.

A diferencia de los humanos, los derechos de ciudadanía tienen deberes recíprocos. Por ejemplo, de orden tarifario: vamos a pagar el agua, sí, pero de forma que quien no pueda, no tenga que hacerlo por lo básico. Consiste en organizar los derechos de ciudadanía como norma de acceso universal. Y eso tampoco lo garantiza el mercado, que garantiza derechos de clientes, no de ciudadanos. Los procesos de privatización transforman la ciudadanía en clientela y cuando la clientela es pobre, es expulsada.

¿Eso implica que lo privado debería estar excluido per se del derecho humano al agua? La postura de la primera relatora de Naciones Unidas en esta área, Catarina de Albuquerque, quien dejó hace poco el cargo, sí admite la presencia privada, aunque bajo determinadas condiciones.per se

Teóricamente puedes contratar el trabajo de un privado y tenerlo controlado. Pero en la práctica no está siendo así; controlar a un monstruo que es 100 veces más grande que la institución pública que lo contrata es imposible y menos a través de contratos que ya están modulados para que en la práctica no sean controlables. Aun así podría ser, pero entonces los contratos tendrían que ser por cuatro años, reversibles, transparentes, decididos democráticamente… tantos condicionantes que, al final, sale más caro el control del privado que la gestión pública participativa.

El agua tiene que ser una cuestión municipalista. Siempre ha estado cerca de los ciudadanos: no hay ni un solo pueblo del mundo que no se haya instalado al lado de una fuente de agua. Es de las cosas más locales que hay y eso es lo que debe llevar a una visión de democracia municipalista, en donde hagamos sencillo el control de lo próximo, en donde la democracia sea lo más barato y lo más eficaz.

La primera Iniciativa Ciudadana Europea con éxito reunió cerca de dos millones de firmas a favor de la gestión pública. Ahora la estudia la Comisión Europea, que ha puesto trabas a pesar de que la aceptó en un principio. ¿Ha sido una victoria diluida?

Es una victoria pero no definitiva; es parcial. La primera gran victoria es que los grandes sindicatos europeos se lanzan a este territorio, cosa que no había sucedido antes. Y lo hacen arriesgando, poniendo 80.000 euros por delante para llevar a cabo la Iniciativa. Se arrastró además a la socialdemocracia alemana, al SPD. Segundo, dos millones de firmas no cambian el eje de giro pero sí fuerzan el debate europeo, es decir, el Parlamento Europeo pasa a debatirlo, lo que significa visibilidad pública, prensa… de repente es un problema, entra en la agenda. Y tercero, lo hace al calor de realidades ya nacionales como la italiana, ahora la griega, y puede que la española.

Sin embargo y pese a este empuje ciudadano que se vive en el continente, al agua todavía le cuesta cuajar con la fuerza que arrastran movimientos como el de la sanidad pública y el de la educación pública.

Muchas veces la gente, mientras el agua llegue a casa y sea de calidad, mientras no se envenenen los críos o acaben en el hospital, mientras pueda pagarla, no se levanta en alerta. Aunque a la ciudadanía le parece mal si alguien propone la privatización. Pero la señal de alerta es más difícil. Ahora está pasando lo mismo que con la electricidad, que antes podíamos pagarla con cierta facilidad y, de repente, a mucha gente se la cortan. En el agua empieza a suceder, sobre todo cuando llega el saneamiento, que duplica el recibo. Y entonces la gente, aunque lo pueda pagar, se pregunta. Y a partir de ahí viene la alerta sobre lo privado. Por eso la crisis ha añadido una mayor sensibilidad.

Cambiando de tercio, Europa está preocupada por los planes que el Gobierno reserva a los ríos españoles. ¿Espera que finalmente la Comisión Europea haga un balance crítico y que los planes se revisen?

Los planes hidrológicos, en rigor, están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva, porque los Gobiernos no se responsabilizan de la ejecución de la ley más que en la formalidad. Así acaba habiendo impugnaciones legales que son exitosas pero tardan una década sentar jurisprudencia.