Una rebelión popular contra la privatización del agua

Algunos hablan ya de que Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se ha convertido desde el martes en el Gamonal de La Mancha. Y, salvando las distancias, ciertas similitudes hay. El detonante en el barrio de Burgos fue un proyecto para construir un bulevar y aquí, la intención del Ayuntamiento de privatizar la gestión del servicio municipal de agua. El resultado, vecinos hartos de que sus gobernantes no les escuchen, que piden participar en las decisiones que les afectan directamente y cuya arma es la movilización social unida y pacífica. En lo mediático, el foco puesto en los vecinos de un barrio burgalés y ahora en un pueblo de poco más de 32.000 habitantes. Y, lo más importante, en lo político, en Alcázar esperan que las reivindicaciones ciudadanas tengan un efecto tan positivo como la paralización de las obras de Gamonal.

Las Aguas, como se conocen en Alcázar de toda la vida, son una de esas joyas de las que siempre han estado muy orgullosos los vecinos del municipio ciudadrealeño. El problema viene porque la empresa municipal acumula una deuda de 8 millones de euros, motivo por el cual el Consistorio –gobernado durante más de tres décadas por el PSOE, hasta las últimas elecciones en las que formó gobierno la coalición PP y Ciudadanos de Alcázar, partido llave que nació de la escisión del que fuera secretario general socialista, Ángel Montealegre– convocó en verano un concurso para adjudicar la gestión a una empresa privada durante 25 años. Aqualia, del grupo FCC, resultó la ganadora del concurso y, si el proceso privatizador –gestión mixta recalcan desde el equipo de Gobierno- sigue adelante, se hará con el 52% de Aguas de Alcázar pasando a tener tres de los cinco miembros del Consejo de Administración.

Está claro que la mala gestión de la empresa viene de lejos. Eso no lo niegan los vecinos pero la privatización no es la solución, mantienen. “Quieren vender todo el patrimonio de Aguas de Alcázar por 1,2 millones de euros y con el resto de la deuda asumen un préstamo que hay que devolver a un interés de entre el 4 y el 6%. Por lo que la deuda no va a desparecer ni disminuir, sino que crece. Lo que ocurre es que el Ayuntamiento necesita dinero líquido para gastar porque que no tiene”, explica Juan Garrido, portavoz de la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar, creada hace ocho meses ante las primeras noticias de privatización de la empresa.

“La empresa está en quiebra técnica y si no hacemos nada, está abocada a desparecer. La única vía posible es esta”, afirma a eldiario.es el alcalde, Diego Ortega. El regidor, además, confirma las explicaciones de los vecinos y afirma que durante los 25 años de adjudicación el Ayuntamiento amortizará ese préstamo a la empresa con unos intereses en torno al 4%. “Si queremos salvar la empresa, salvar los puestos de trabajo y que no aumente la tarifa del agua a los vecinos, la única forma es capitalizarla por este sistema de gestión publico-privado”, garantiza.

“Asedio numantino”

La plataforma en este tiempo ha recogido más de 11.000 firmas y presentado una Iniciativa Legislativa Popular pidiendo una consulta popular. Una petición ante la que los dirigentes políticos han hecho oídos sordos y que ha precipitado esta semana los acontecimientos. El martes los vecinos entraron en el Ayuntamiento para exigir que el pleno incluyera su ILP y, desde entonces, una veintena (comenzaron 26 y ahora son 22 porque –explican- varios han tenido que ir a trabajar y no han podido volver a entrar) siguen encerrados allí. “Hay estudiantes, parados, trabajadores y pensionistas como yo”, cuenta a eldiario.es Isidoro Salcedo por teléfono desde dentro del consistorio.

Duermen en sacos apretados en un pasillo, la noche del miércoles se encontraron una puerta bloqueada con una brida para que no pudieran moverse y, agrega, el alcalde ha prohibido que les den agua y comida aunque han conseguido hacerse con algunos alimentos para seguir resistiendo. “Pensábamos que iban a dejar que nos reemplazáramos pero no. Esto es un asedio numantino. Pero tampoco dejan que nos den comida. Según dice el alcalde podemos salir a comer pero no volver entrar”, explica Isidoro.

“Eso no es cierto. No solo no se les deja salir sino que es lo que queremos porque están ocupando un espacio de forma ilegal”, apunta el alcalde. Y agrega: “Efectivamente los que salgan no pueden volver a entrar ni nadie fuera del horario del Ayuntamiento por motivos de seguridad. No podemos convertirlo en una barricada”.

“La joya de Alcázar la van a hipotecar durante 25 años. Es legal pero ¿hasta que punto es moral que una corporación que deja su mandato en mayo de 2015 deje a Alcázar hipotecada?”, continua preguntándose Isidoro. Con él, Raúl nos decía ayer por la tarde que encaraban su tercera noche de encierro esperando que no les desalojaran y a la expectactiva de ver qué pasa hoy en los dos plenos extraordinarios convocados. El concejal de Seguridad Ciudadana, Julián Mateos, ha descartado el desalojo pero sí ha hablado de imponer sanciones administrativas.

Esto dentro del edificio, pero fuera los vecinos no dejan de apoyarles y sumarse a las peticiones de referéndum. Anoche alrededor de un millar de personas volvieron a concentrarse en la plaza de España, frente al Ayuntamiento. Además, el mediodía del miércoles varias unidades de antidisturbios llegadas de Madrid actuaron en una protesta, que se saldó con varios heridos y un detenido, cuando el alcalde abandonaba en coche el Consistorio. Y por la noche, más de 2.000 personas participaron en una cacerolada que se sucedió sin ningún altercado. Hoy se volverán a manifestar por la mañana y la tarde, y el sábado los vecinos de El Gamonal han anunciado una concentración para apoyar las reivindicaciones de los manchegos.

Hoy, las votaciones

“Ahora nos dan lo que antes nos negaban [el debate en Pleno de la ILP]. Solo queremos una consulta. En cuanto se haga, nosotros desaparecemos”, manifiesta Isidoro. “Es una burla”, remacha Juan sobre los dos plenos extraordinarios urgentes convocados para esta mañana por el Ayuntamiento.

A las 9.00 se debatirá y votará la ILP vecinal que pide la suspensión del expediente privatizador de Aguas de Alcázar y hacer una consulta popular. La paradoja llega una hora y media después. Será a las 10.30 cuando el Pleno se reúna por segunda vez para hacer lo propio con la licitación de la externalización y la adjudicación de la empresa. “¿De qué forman nos van a escuchar si después van a votar la adjudicación?”, se queja Salcedo.

El alcalde preguntado ayer por eldiario.es por si está a favor de realizar una consulta ciudadana aseguró que “no es una buena idea. Si cada decisión municipal tuviera que ir a referéndum, estaríamos todos los días. La mejor consulta popular se realiza cada cuatro años en las urnas y serán los vecinos los que en las próximas elecciones decidan si están de acuerdo o no con la gestión municipal”. Para acto seguido señalar al PSOE como instigador de las protestas vecinales: “El PSOE no puede pretender ganar en la calle lo que no consiguó en las urnas. No se puede consentir”.

¿Pero, aunque solo sea por estética, poner un pleno detrás del otro no puede hacer pensar que la consulta no va a salir? “Estéticamente lo único que no se puede consentir son los lamentables hechos que están ocurriendo dentro y fuera del Ayuntamiento. Y, como responsable de la ciudad y con la ley en la mano, hay que evitar estas conductas violentas y minimizar los daños para que esta situación no se alargue más días. Hemos decido adoptar cuanto antes las decisiones para recuperar cuanto antes la normalidad”, concluye.