“Estuve más de año y medio imputado cuando todos nuestros abortos eran legales”

El ginecólogo Salim Z. Chami apenas quiere recordar el más de año y medio que él y otros dos médicos de la clínica madrileña Isadora estuvieron imputados por supuestos abortos ilegales. “Estábamos tranquilos porque sabíamos que lo habíamos hecho todo bien pero estar criminalizado de esa manera y un juez preguntando y queriendo saber todo lo que haces no es agradable”, explica el facultativo. Tras una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Sí Importa, un juez abrió el que se conoció como Caso Isadora, en el que 25 mujeres, usuarias del centro, fueron llamadas a declarar. El caso se convirtió en el detonante para la elaborar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Tres años y medio después de que el Caso Isadora fuera sobreseído por ausencia “del más mínimo indicio de delito”, según recogió el auto de un juez, y con una ley que permite el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación, los médicos denuncian que eliminar la ley de plazos e implantar un modelo de supuestos, como ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, traerá de nuevo inseguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales que llevan a cabo la prestación. “Volver a una ley de supuestos, en la que un especialista deba certificar si una mujer puede o no interrumpir su gestación es dejarla indefensa ante parejas o ex parejas, como ya ha ocurrido, que utilizan la amenaza de denunciarla por un supuesto aborto criminal”, asegura Olga Sancho, relaciones públicas de la Clínica Dator, el primer centro privado autorizado en España a realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Explica que regresar a una legislación de indicaciones es “abrir de nuevo la vía de la interpretación jurídica”. “Ahora”, indica, “al ser un derecho no hay resquicio legal posible y por tanto ni las mujeres ni los profesionales están sujetos a denuncia pública”.

El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para Interrupción del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, afirma que “al acabar con la ley de plazos se volverán a ver los litigios estratégicos de las asociaciones ultras, que se dedicarán a presentar demandas y denuncias, algunos jueces no las aceptarán otros sí, y mientras tanto veremos a médicos imputados, otros que pasan tres meses en la cárcel, y así provocando que se hable de un tema una y otra vez”. El médico hace referencia al conocido como Caso Morín, en el que tras cinco años de investigación y un juicio, los 11 acusados de abortos ilegales fueron absueltos el pasado febrero por la Audiencia de Barcelona. Como ocurrió con Isadora, la investigación a las clínicas del doctor Carlos Morín partió de la denuncia de un grupo ultra católico, E-Cristians, tras la emisión de un reportaje con cámara oculta en una televisión danesa. En ambos casos el partido político de ultraderecha Alternativa Española estuvo personado como acusación particular.

En las clínicas privadas, donde según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, referidos a 2011, se realizan el 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo, se siguen manifestando de forma habitual los grupos antiabortistas. Y es frecuente que a las puertas de los centros estos grupos repartan información a las mujeres que acuden a ellos afirmando, entre otras cosas, que el aborto es un asesinato.

La ley de plazos, que entró en vigor en 2010, eliminó la pena de cárcel para las mujeres que se sometían a abortos ilegales, pero mantuvo las multas de seis a 24 meses. Desde el Ministerio de Justicia señalaron hace dos semanas que la nueva norma que prepara el departamento que dirige Gallardón no prevé ningún tipo de sanción para las mujeres. Esto no quita que sean interrogadas si un juez así lo solicita. Es lo que ocurrió en el Caso Isadora. El magistrado que llevó a cabo la investigación citó a declarar a 25 mujeres, a algunas de ellas la citación les llegó de la mano de la Guardia Civil en sus propios domicilios. Sus nombres aparecían en una hoja de citas en un bidón de residuos incautado por los agentes.

Los profesionales señalan que en caso de que finalmente se elimine la ley de plazos las mayores perjudicadas serán las mujeres. “Para evitar posibles investigaciones las que puedan permitírselo económicamente viajarán fuera de España a abortar y las más desfavorecidas acudirán a métodos inadecuados poniendo en peligro su salud”, afirma Sancho. Todos coinciden en señalar que cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, por las razones que sean, no hay nada que se lo impida. Un estudio realizado el año pasado por ACAI, sobre una muestra de más de 5.000 usuarias, concluía que el 97,5% de las que habían solicitado interrumpir su gestación no deseaba el embarazo y que por tanto era una decisión meditada y decidida previamente. Un 62,35% de las que abortaban lo hacía por causas que no tenían origen ni económico, ni laboral ni afectivo. “Es un derecho y un asunto íntimo de las mujeres y el momento que han tomado la decisión ninguna se echa atrás”, señala Chami.