“La presión social y el miedo electoral” han acabado con la reforma de Gallardón

El anuncio de la retirada del proyecto más ambicioso de Alberto Ruiz-Gallardón se ha recibido con alegría en las asociaciones de mujeres que, durante meses, han peleado en la trinchera de la calle contra una reforma “que atentaba contra nuestros derechos”. Así la describe Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas. En sus palabras al otro lado del teléfono se percibe esa sensación de victoria, de “todo esto sirvió para algo”. “Recibimos la noticia como un anuncio positivo y esperamos que, con esta decisión, el tema quede zanjado y no se remueva más, soplen como soplen los vientos electorales”, afirma.

Pues, pese a la buena acogida de la noticia, Besteiro se muestra crítica con “la falta de seriedad con la que se ha tratado una cuestión tan sensible como la interrupción voluntaria del embarazo”. “Es lamentable la alarma que se ha creado y la sombra de la inseguridad jurídica que amenazaba tanto a las mujeres como a los profesionales. Es una factura que al final les ha salido cara”, argumenta.

Esa factura también ha pasado por la sociedad civil. “El debate promovido por el anteproyecto estaba haciendo mucho daño a nivel social. Tanto, que había mujeres que pensaban que en España estaba prohibido abortar”, denuncia Marisa Soleto, portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres. “Ahora, dice, es importante abordar con seriedad el trabajo de volver a informar a las mujeres de la situación actual”.

La reforma de la ley del aborto sacó a la calle a miles de personas, en España y en el extranjero, que denunciaron un retroceso en las libertades de las mujeres “de más de 30 años”. La propuesta de Gallardón despenalizaba el aborto en sólo dos casos, debido a una violación y por grave riesgo de salud física o psíquica de la madre. Ni siquiera las enfermedades graves en la salud del feto permitían la interrupción del embarazo, un punto que hacía la ley más restrictiva que la de supuestos de 1985.

Los profesionales sanitarios criticaron también que la opción del riesgo para la salud psíquica de la mujer cargaba de responsabilidad a los médicos, ya que dos psiquiatras debían acreditar este peligro en informes independientes. La comunidad médica en bloque se pronunción en contra de la reforma del ejecutivo, a través de la Organización Médica Colegial.

En la calle, los motivos para guardar la contrarreforma en un cajón aparecían a borbotones: en cada pancarta, en cada consigna, en cada grito. “Queremos pensar que lo que ha impulsado al Gobierno a tomar esta decisión ha sido esa presión social y el convencimiento de las propias filas del PP de que su propuesta era un auténtico despropósito”, dice Besteiro. “Pero la realidad –puntualiza– nos lleva a creer que igual la amenaza de la pérdida de votos ha sido más fuerte y les ha obligado a desistir”.

Las voces críticas con el proyecto de Gallardón, que contó con el apoyo del Consejo de Ministros, surgieron incluso dentro del propio Partido Popular. La diputada Celia Villalobos votó en el Congreso, junto a la oposición, la retirada de la ley del aborto, sobre la que mostró públicamente su oposición. La delegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes o el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, fueron otros de los responsables que mostraron sus críticas al proyecto del Gobierno.

“Gallardón se ha visto desautorizado”

Aunque en las últimas semanas se ha impuesto el mutismo como la principal consigna de un Gobierno que busca proteger a Ruiz-Gallardón, desde Mujeres Progresistas interpretan el anuncio de Rajoy como un auténtico batacazo que allana el camino para la salida del ministro que impulsó la fallida contrarreforma, “casi como un asunto personal”. “El ministro de Justicia, convertido en el abanderado del proyecto, se ha visto desautorizado por sus propios compañeros, de modo que lo más sensato sería que repensara cuál es su papel dentro del Gobierno”, señalaba Besteiro horas antes de la dimisón del ministro.

Para Amalia Fernández, presidenta de la asociación de juristas Themis, aunque la noticia “es indudablemente positiva”, “es necesario que el Gobierno dé un paso más y retire el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley actual de plazos y que hoy está en curso”. La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) comparte esta misma petición y exige también que se cumpla la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva marcada por la vigente ley, acerca de la información sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar, “que está prácticamente paralizada en nuestro país desde que el PP asumiera el gobierno”, indica en un comunicado.

Además, Amalia Fernández pide al Ejecutivo que deje claro lo antes posible de qué manera va a proceder en el ámbito de las menores de edad y que reflexione sobre “por qué una chica de 16 años no necesita el consentimiento de sus padres para una operación estética y para interrumpir un embarazo, sí”.

En este sentido, Besteiro recuerda que “con la norma actual, las menores necesitan ese consentimiento para poder abortar siempre, solo a excepción de que en el núcleo familiar exista un conflicto grave”. “Por encima de toda normativa –matiza– solo hace falta ir a una clínica que practica interrupciones del embarazo para darse cuenta de que un porcentaje muy elevado de chicas van acompañadas”.

Marisa Soleto interpreta la decisión del Ejecutivo como “una vuelta a la casilla de salida” que, sin embargo, no va a provocar que las asociaciones bajen la guardia. “Estamos muy contentas, era la única salida digna que le quedaba a este anteproyecto. Pero también pendientes de cómo se desarrollen esas reformas anunciadas a partir de ahora”, indica la portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres.

Las clínicas critican los cambios para las menores de 16 años

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditativas para la Interrupción del Embarazo (ACCAI), Francisca García, coincide con las asociaciones de mujeres en que “la espada de Damocles” sigue ahí. “Queremos que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 2010, para que no recuperen su ataque a la norma en un fututro”, señala.

Por otro lado, la presidenta de las asociación de clínicas llama la atención sobre el único cambio anunciado por el presidente del Gobierno del marco legal del aborto: el necesario consentimiento de los padres para que una menor de 16 años pueda abortar. “Es una exigencia que no se sostiene desde muchos puntos de vista. En primer lugar, las menores que interrumpen sus embarazos vienen con sus padres en una inmensa mayoría. Solo el 13% acuden sin su consentimiento y suelen pertenecer a familias desestructuradas o que tienen grandes diferencias ideológicas con sus padres”, explica. “Si se las obliga, puede que recurran a métodos clandestinos”, alerta García.

Además, en su opinión, privar a las jóvenes de decidir en estos casos choca con su autonomía para hacerlo en otras atenciones médicas que en las que se ven involucradas. “Una chica de 16 años puede operarse a corazón abierto o dejar un tratamiento de quimioterapia sin el consentimiento de sus padres, pero no decidir que no quiere ser madre. Es una contradicción”, continúa.

La portavoz de la Clínica Isadora, Empar Pineda, cree que los cambios anunciados por Rajoy responden a “una pataleta, una especie de absurdo de imponer la opinión del Gobierno a la realidad, demostrada con datos, en los que se aprecia que la gran mayoría de las jóvenes acuden con sus padres”.

Ahora, las asociaciones de mujeres esperan cargadas de energía el siguiente paso del Gobierno. Después de todo este proceso, no se conformarán con una marcha atrás sin responsabilidades.