“No atenderles viola mi ética y mis principios”

Mar Noguerol es médico de familia de un centro de salud madrileño en una zona en la que la población extranjera ronda el 15%. Es uno más de los profesionales que han manifestado su rechazo a la exclusión de las personas sin papeles del sistema sanitario, declarándose objetores. “Los inmigrantes, como el resto, tienen derecho a enfermar, a prevenir la enfermedad y a recibir los tratamientos correspondientes. No atenderles viola mi ética y mis principios. Yo seguiré asistiendo como pueda a mis pacientes y a otros nuevos que acudan a mi consulta”. En su ambulatorio, a pesar del revuelo mediático, los casos llegan a cuentagotas desde principios de septiembre. “Esta semana ha habido cuatro o cinco en todo el centro. Hay que tener en cuenta que, en general, hablamos de una población sana y joven, que va poco a al médico. No han esperado a septiembre para enfermar y acudir en masa”, ironiza. Seguir atendiéndoles es una obligación para ella y para Carmen San José, también médico de familia. “Es por humanidad, por ética, pero sobre todo es porque sería un crimen no hacerlo. Están poniendo en peligro la vida de miles de personas y una buena parte de los profesionales no queremos participar en eso”.

Han pasado 20 días desde que el decreto entró en vigor, pero los médicos con los que hablamos coinciden en que, administrativamente, sigue habiendo confusión. “Falta mucha información”, dice Carmen López, médico de familia. Hasta ahora, la mayoría de los centros de salud madrileños están permitiendo a los inmigrantes asistir a las consultas “de urgencia”, como recogen las instrucciones de la Consejería de Sanidad de Madrid. No pueden pedir una cita porque, para ello, necesitan proporcionar el número de la tarjeta sanitaria, que ya no tienen. Por tanto, es la persona que les atiende en ventanilla quien tendría que valorar su estado, aunque habitualmente los mandan a la sala de espera, donde aguardan a que el médico termine con los pacientes que sí han sido citados ese día, y compruebe su gravedad.

La siguiente traba llega al final de la consulta. No reciben recetas, a pesar de que no puedan costearse el tratamiento. “Todo depende del tipo de medicamento del que estemos hablando, pero hay que tener en cuenta que son personas que suelen estar en una situación muy complicada, porque no tienen recursos para pagarlos, más aún si hablamos enfermedades crónicas, cuyos precios son inaccesibles”, asegura López.

Los médicos objetores coinciden en que el coste debe seguir asumiéndolo el sistema público de salud. “Es el único que da todas las garantías. Hay organizaciones no gubernamentales que se han ocupado de proporcionar los medicamentos más habituales a personas inmigrantes, pero eso no puede pasar con los tratamientos más completos, como los de pacientes con VIH, con cáncer o una enfermedad renal. No solamente por el coste en sí que supone, sino porque requiere de un seguimiento con pruebas analíticas y complementarias muy estricto”, asegura Ricardo Arjona.

Arjona es psiquiatra y pertenece a la organización Médicos del Mundo. Ha trabajado en el lanzamiento y difusión de la campaña Derecho a curar, que ha puesto en marcha esta ONG junto a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, para apoyar la objeción de conciencia del personal sanitario. Cuenta ya con más de dos mil adhesiones de profesionales. Arjona ha trabajado en países en desarrollo en situaciones de emergencia sanitaria y en lugares donde no estaba garantizado el acceso a ese derecho, por eso no tolera que en su país pueda darse la exclusión. “Me he desplazado a más de 4000 o 5000 kilómetros para atender a gente que lo necesitaba; sería una incoherencia no prestar la misma atención a quienes viven en mi misma ciudad o mi propio barrio. No concibo que haya personas que, por no tener documentación en España, no tengan derecho a una cosa tan básica como es la salud. La salud no es un privilegio”, afirma.

La tarjeta sanitaria se le ha retirado a unos 153.000 inmigrantes irregulares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En muchos casos, son personas que han perdido su trabajo, lo que les impide renovar su documentación. Sufren la llamada “irregularidad sobrevenida”. “Mucha gente cree que esto afecta a los que venden el DVD, pero esto va a afectar a miles de ciudadanos que llevan una vida normal en España desde hace años. Están criminalizándolos y fomentando el racismo y la exclusión social”, recuerda Mar Noguerol. Tanto ella como Carmen San José están seguras de que no se trata de una reforma puntual. “Este decreto es un cambio de modelo en el que han acabado con la sanidad universal. Y, si no lo echamos abajo, en este país habrá dejado de garantizarse definitivamente el derecho a la salud”.