La entrega de los hijos de Juana Rivas no detiene el proceso penal por el que puede acabar condenada

Ocho meses de batalla judicial y uno de huida. Es el balance del caso de Juana Rivas, que este lunes ha cerrado un nuevo capítulo al entregar a sus dos hijos a la Guardia Civil para que regresen a Italia. Lo ha hecho adelantándose por unas horas a la cita que la jueza dispuso el pasado viernes para este lunes a las 17.00 horas. Así ha puesto fin al incumplimiento de la orden que le obligaba a entregar a los menores, pero eso no detiene el proceso penal.

El Juzgado de Instrucción nº2 de Granada prosigue con la investigación de la mujer como presunta autora de un delito de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial. “Lo único que ha cambiado es que el delito ha dejado de mantenerse en el tiempo, pero eso no significa automáticamente que no lo haya cometido”, explica la abogada especializada en violencia machista Eva Pérez Nanclares.

Juana Rivas ha cumplido la orden civil, pero la instrucción continúa en el ámbito penal, que se activó tras la denuncia de Francesco Arcuri, el padre de los niños condenado en 2009 por “golpear repetidamente” a la mujer. El hombre interpuso la denuncia después de que ella huyera con ambos menores, de tres y once años para evitar su entrega. Casi un mes después la mujer se presentó en el juzgado, y en calidad de detenida –sobre ella pesaba una orden de detención– compareció ante el juez, que finalmente decretó libertad provisional.

El juez de guardia se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción nº2 de Granada, que esta semana ha citado a declarar a miembros del entorno de Juana Rivas que podrían haber colaborado en la comisión del delito. Son Francisca Granados, asesora y directora del Centro de la Mujer de Maracena; Teresa Sanz, psicóloga del mismo centro; y los familiares hasta el 2º grado de consanguinidad.

“Si no hubiera entregado este lunes a los niños, se le hubiera abierto otro proceso por desobediencia, pero previsiblemente la jueza y el Ministerio Fiscal seguirán con la investigación incluso aunque la acusación particular, el padre, retire la denuncia”, apunta Carmen Varela, abogada especializada en sustracción internacional de menores y miembro de Asime (Asociación de profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores en España).

La situación puede cambiar, al igual que en cualquier proceso judicial, y que se decrete el archivo de la causa, pero se trata de una decisión que deberá tomar la jueza en base a las circunstancias y lo ocurrido. Para Pérez Nanclares, si la magistrada valora que “no hay una suficiente trascendencia respecto a haberle causado un prejuicio muy grave a nadie, podría archivarla”, que es, en su opinión, lo que solicitará ahora la defensa de Juana.

Pero la magistrada sí considera que los hechos son graves, según el auto que dictó el pasado viernes en el que daba el ultimátum a la mujer. Si no entregaba a los menores este lunes en un Punto de Encuentro Familiar, establecería las medidas cautelares pertinentes “vista la gravedad de los hechos investigados”, reza el mismo.

Además, “el hecho de que Juana haya mantenido una posición de incumplimiento y desobediencia a la justicia sostenida en el tiempo puede hacer que la jueza se vea en la obligación de actuar de manera ejemplarizante”, prosigue Pérez Nanclares. Algo que rechazó el juez de guardia ante el que compareció la mujer el 22 de agosto, que no valoró “las consideraciones ejemplarizantes” o “la alarma social” como motivos para dictar prisión provisional, como pedía la Fiscalía.

Luchar por la custodia en Italia

Para las letradas consultadas por este medio, una parte importante del devenir de los acontecimientos dependerá de cómo construya la defensa su argumento y de lo que ocurra en Italia después de que el padre, que sobre las 15.30 de este lunes se ha machado junto a los niños de la Comandancia de la Guardia Civil, regrese con ellos al país.

Allí los servicios sociales vigilarán a los dos menores y a su padre, Francesco Arcuri, y los tribunales italianos investigarán la denuncia presentada por Juana Rivas en julio de 2016 por violencia machista. Esa denuncia fue archivada por la justicia española por falta de jurisdicción, pero se tardó más de un año en tramitarla de vuelta hacia Italia contraviniendo el Estatuto de la Víctima del Delito, que obliga a hacerlo “inmediatamente”.

Para Varela, a Juana Rivas le queda pendiente la batalla “para determinar la custodia y el régimen de visitas, que deberá hacerse en Italia. Es previsible que ambos progenitores la pidan y el juez decidirá”. Algo que ya confirmó la Audiencia Provincial de Granada al denegar el incidente de nulidad de actuaciones que presentó la defensa para lograr la anulación de la entrega a principios de agosto, que estableció que debía ser un juez italiano el que resolviera esta situación.

La posibilidad de eximentes

El delito del que se acusa a Juana Rivas es el de sustracción de menores, recogido en el artículo 225 bis del Código Penal en dos supuestos: el traslado del menor de su residencia sin consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente o la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. Es en este segundo supuesto en el que podría entrar en prisión la mujer de Maracena, por el que se puede imponer una pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de cuatro a diez años.

Ante una posible condena, “puede haber eximentes que reduzcan la pena”, asegura el abogado especializado en Derecho de Familia Santiago Míguez. “La defensa podría alegar, por ejemplo, miedo insuperable al obrar [uno de los requisitos que reserva el Código Penal como eximente] o basarse en que estaba actuando para defender los intereses de los menores, es decir, que había una causa justificada. Sin embargo, tendrá que argumentar que todo ello tenía una razón objetiva de ser”, explica el letrado.

Lo que sí será determinante es el resultado de la denuncia presentada por Rivas tras huir de Italia con sus dos hijos y que ya tienen las autoridades del país transalpino. “La defensa puede alegar que los niños estaban en riesgo y por ello tomó la decisión, pero eso hay que probarlo y para ello será fundamental esta denuncia”, argumenta Carmen Varela, que hace hincapié en que la instrucción dará lugar a un juicio que todavía no tiene fecha.

El periplo judicial de Juana Rivas

La batalla en los tribunales de Juana Rivas comenzó en diciembre de 2016, cuando el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granada emitió la primera sentencia en la que obligaba a la restitución inmediata de los menores. El fallo fue ratificado por la Audiencia Provincial de Granada y la magistrada emitió una orden para que fuera cumplida, pero Juana huyó con sus hijos.

La defensa presentó un incidente de nulidad de actuaciones para que la sentencia fuera anulada, pero la Audiencia lo rechazó. Posteriormente recurrió ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones, pero en ambas inadmitió el amparo. La primera vez porque todavía no se había agotado la vía judicial previa. La segunda porque estaba fuera de plazo.